El fracking avanza a ciegas en América Latina. Sin que los gobiernos nacionales hayan hecho estudios de cuantificación de reservas o de los impactos a la salud y el ambiente que esta técnica puede generar, la promesa de los hidrocarburos no convencionales se abre paso por distintos países de la región, como México, Colombia, Chile y Argentina. Ante esto, distintas organizaciones y comunidades locales comenzaron una férrea oposición al desarrollo de esta técnica. De la articulación de algunos de esos espacios surge la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, que recientemente publicó el informe “Última Frontera”, para generar una línea de base sobre el avance en la región.

El fracking o fractura hidráulica es una técnica experimental de extracción de hidrocarburos que se emplea en formaciones que históricamente no habían sido explotadas, como es el caso de las arenas compactas y las lutitas o shale, a la que pertenece Vaca Muerta. A través de esta técnica se inyectan altas cantidades de químicos mezclados con agua y arena, que permiten aumentar la porosidad de la formación y hacer fluir los hidrocarburos.

Los altos impactos provocados por su utilización es uno de los principales objetivos que tiene el informe “Última Frontera”. Para eso se analizan, por una parte, las políticas públicas que se han realizado en cada país para abrirle paso a esta técnica; y por la otra, describe cómo se han configurado las resistencias al fracking y cuáles han sido los impactos de su aplicación.

Abriéndole la puerta al fracking

A nivel de políticas públicas es donde puede encontrarse mayor uniformidad entre los distintos países de la región. En todos los casos que se analizan en el Informe –México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia– han existido decretos, normas y leyes que buscan rentabilizar la explotación de formaciones no convencionales. En el caso argentino, el Estado no sólo ha sido el garante de su desarrollo a través de una serie de políticas profracking, sino que también lo ha motorizado por medio de YPF. Otro caso ejemplar es el de la Reforma Energética de 2013 en México, que rompió con siete décadas de monopolio estatal para abrir el mercado petrolero a las trasnacionales, con los no convencionales como uno de sus ejes.

Sin embargo, también desde instancias estatales han surgido posibles frenos al fracking. Por ejemplo en Bolivia, si bien el gobierno inicialmente buscó asociarse con YPF para el desarrollo de no convencionales, luego criticó duramente a esta técnica. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mano derecha del Presidente Evo Morales, señaló en 2015 que el fracking constituía “un verdadero atentado al medio ambiente”. En Brasil, en tanto, en 2013 se creó un Grupo de Trabajo formado por técnicos de instituciones públicas que emitió un informe contrario a la inclusión de la exploración de gas no convencional en las rondas de licitaciones, recomendando no autorizar su aplicación en el país.

Cabe destacar que fracking ha tenido un desarrollo dispar en el continente. Argentina es el país donde más se ha aplicado y el único donde se ha implementado de manera masiva en la formación de lutitas Vaca Muerta. Con cerca de 700 pozos fracturados en shale y más de 600 en arenas compactas, la experiencia argentina busca ser replicada en otros países del continente. Las otras formaciones que se han desarrollado son las de arenas compactas. En el Golfo de México la estatal Pemex ha fracturado cerca de 2600 pozos, mientras que en Chile, también la compañía del Estado, Enap, ha fracturado 179 en la Isla de Tierra del Fuego.

Impactos en las comunidades

Otra similitud encontrada en el informe es la fuerte oposición que ha generado el fracking en las comunidades locales, situación que se replica en otras partes del mundo. A lo largo del continente son cientos de asambleas, comunidades indígenas y campesinas, sindicatos, ONG´s, partidos políticos, entre otros, que se movilizan en contra de esta técnica, en busca de alternativas energéticas. Existen importantes articulaciones, como la Alianza Mexicana contra el Fracking, colectivo que nuclea a 44 organizaciones de distintos puntos del país que exigen su prohibición; o como la que ha permitido la realización de las Jornadas Nacionales Contra el Fracking de Colombia, que tras congregar a más de 5 mil personas en su segunda versión, en octubre, se impulsó también la creación de una Alianza Contra el Fracking.

Estas organizaciones han seguido una estrategia similar de buscar ponerle freno al fracking en instancias locales. A través de ordenanzas municipales o departamentales, se han conseguido prohibiciones en más de un centenar de municipios de Brasil, Argentina, Uruguay y México. También las acciones judiciales han tenido efecto, como es el caso de Brasil donde el Ministerio Público Federal logró suspender la ejecución de contratos petroleros de no convencionales en los estados de Piauí, Bahía y Paraná Mientras que en Argentina se han frenado proyectos de YPF en Chubut a partir de recursos de amparo fundados en los derechos de los pueblos originarios, También existen iniciativas legislativas para su prohibición en varios países, estados y provincias.

A pesar de estas acciones, el fracking avanza sobre comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento y contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos y mal manejo de los residuos. Estas consecuencias se ven principalmente en la Argentina, debido al mayor nivel de avance de la industria no convencional. Los impactos pueden multiplicarse debido al desarrollo de nuevos pozos, así como por la degradación que van generando los pozos en operación, como indica la evidencia científica que ha podido recabarse principalmente en Estados Unidos, el país con mayor desarrollo del fracking.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los gobiernos de la región, instándolos a promover formas alternativas de generación de la energía y a aplicar el principio precautorio para prohibir esta técnica. Esta exigencia, señala el texto, no es un fin en si mismo sino que tiene como horizonte la modificación del modelo energético; “consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en nuestra región. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduce”. Es lo que finalmente se busca a través de esta articulación regional, lograr a través de la prohibición del fracking una modificación en el sistema social que la energía reproduce.