“cuando éramos jóvenes, inocentes y alegres. Mejores”   Ramón Freire Serrano (1787-1851)

En distintas conversaciones, lugares, circunstancias he oído de muchos de nosotros en la necesidad de fundar, crear y organizar un movimiento político, idea que he compartido siempre, continuando en ese orden de reflexiones la constitución de una nueva fuerza política, unida y moderna para el siglo XXI, requiere no sólo voluntad y compromiso político, sino también la adopción de principios universales que permitan la inclusión de todos aquellos que quieran sumarse a ésta, más allá de sus adhesiones partidarias, de sus procedencias o sus sistemas de creencias, donde el pluralismo debe ser una virtud en cuanto al desarrollo de una identidad basada en el diálogo, la fraternidad, la tolerancia, el respeto, espíritu democrático y valor cívico. En el que axiomas cívicos básicos y universales, contribuirán a construir una identidad que permita articular una fuerza política amplia, donde se incluirían una pluralidad de espacios públicos, culturales y sociales, constituidos por una diversidad de sujetos. El objetivo es crear un nuevo partido de izquierda, democrático y regionalista.

La democracia no es sólo una construcción institucional ni una simple superestructura. Es antes que nada el espacio donde tiene lugar la lucha política que para que sea tal tiene que asumir formas antagónicas –y en ese punto están de acuerdo casi todos los filósofos de la política moderna- la política se convierte en un simulacro de sí misma, en pura gobernalidad, administración y burocracia, esos eran los signos que caracterizaron a la Concertación, en especial durante el periodo de Bachelet. La concertación o por lo menos sus partidos, han llegado a su fase terminal. Con un poco de ingenio podría haber sobrevivido como casta burocrática, más no como fuerza política. Con la derrota de la Concertación se ha producido el lugar adecuado para iniciar un proceso de re-politización, proceso que era imposible llevar a cabo con esos gobiernos como consecuencia de que de una u otra forma la mayoría de los chilenos habían participado en la formación de ellos. El gobierno es, efectivamente, el lugar menos político de la política pues un gobierno, al gobernar para todos, busca la unidad. La condición elemental de la política es, en cambio, la desunión.

Ahora, la interrogante es con quienes y como podemos llevar a cabo esta tarea, mi experiencia (que no es mucha) me ha llevado a percibir que una serie de instituciones rurales y urbanas han articulado una sociedad civil plural (Provincia de Concepción), generando diversas tradiciones políticas y culturales de carácter popular. Tenemos una masa crítica y difusa que esta constituida por organizaciones y personas que participan en movimientos laicos de distinta índole (logias masónicas, centros culturales, grupos juveniles, clanes); organizaciones estudiantiles; grupos de la sociedad civil que se articulan por intereses comunes de carácter ecológico, programáticos, sociales, y culturales; organizaciones feministas; juntas de vecinos y centros comunitarios; prensa independiente con poco financiamiento y escasa repercusión en la opinión pública regional. Estos distintos grupos están marcado por las siguientes características; a) “bolsa de gatos” de grupos, fracciones, disputas, etc.; b) No hay niveles orgánicos básicos; c) predomina el más puro “ideologismo” y voluntarismo; d) no hay una estrategia, y menos una táctica; y e) aislado de la base social. Lo anterior, ha derivado en que en la actualidad no exista una política de unidad entre las diversas organizaciones, y sí una lógica de competencia ideológica, práctica y electoral, incluso clientelar, que en definitiva contribuye a sedimentar la atomización del espacio político, social, cultural y económico al que debemos apuntar y esto tiene como consecuencias sus derrotas, en diversas dimensiones.
Este texto tiene por objeto expresar a mí entender cuales deben ser esos axiomas cívicos básicos y universales, que nos permitirían tener un movimiento cohesionado sobre pilares políticos programáticos; jurídicos constitucionales; e ideas y valores que conformarían una cultura política. Estos serían; 1) avanzar hacia una Asamblea Constituyente; 2) La reforma del régimen político y descentralización política; y 3) Cultura política.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Durante el periodo colonial y hasta aproximadamente, 1860 ó 1870, la sociedad chilena vivió distribuida a todo lo largo del territorio en comunidades locales (“pueblos”), distantes unos de otros y con escasa comunicación entre sí. Además, durante ese tiempo, actuaron en común para protegerse de ataques, terremotos, inundaciones y otras catástrofes que amenazara su existencia como “pueblo”. Y para hacer todo eso tuvieron que reunirse, eventual o periódicamente, en asambleas abiertas, para tomar en conjunto las soluciones del caso. De ahí que todas esas comunidades, grandes o pequeñas, de modo formalizado o no, se autogobernaron localmente a través de cabildos, una institución que, de tiempos inmemoriales, representaba de modo directo la soberanía popular. Especialmente como “cabildo abierto”. Así, a modo de ejemplo podemos señalar que, la Asamblea de los Pueblos Libres de Concepción dirigió a la Junta de Santiago, el 8 de diciembre de 1823, la siguiente nota: “Cuando la provincia de Concepción ha proclamado su libertad, se resolvió unánime a no admitir otro Gobierno que el que fuese constituido por voluntad general libremente manifestada, cuya senda siguió la de Coquimbo i partidos de ultra Maule con el mayor entusiasmo. Por este principio, i conociendo que en la dominación del ex director faltaba aquel esencial requisito, le negamos abiertamente la obediencia…El mando de US es solamente adquirido por abdicación de ése… Así es que no se da una razón para que legítimamente pueda titularse Junta Gubernativa del Estado, como lo vemos en la práctica, pues ni aún se halla adornada de los votos de los pueblos de esta provincia…El sentir de la Asamblea… ha sido y es que inmediatamente se instale en esa ciudad un gobierno representativo compuesto de tres diputados elejidos con toda libertad, uno por cada provincia, cuya junta convoque al Congreso jeneral… De este modo quedarán todos los pueblos en un pleno goce de sus inalienables derechos…” (182)
Para los vecinos, el Estado Imperial –el Rey de España- era una imagen lejana, simbólica, casi divina, reverencial e inalcanzable, cuyos larguísimo brazos estatales llegaban con dificultad a solo uno de esos pueblos: Santiago. Y precisamente para dictar leyes, normas y reglamentos que no siempre calzaban positivamente con las costumbres del “pueblo” local. De esto derivo la desaprensiva conducta pueblerina que quedo sellada en esa frase típica de “se obedece” lo que manda el Rey (a sus súbditos lejanos), “pero no se cumple” (si así lo cree necesario el “ciudadano” local).
La ciudadanía –escribió Alexis de Tocqueville- se aprende donde se práctica de modo natural: en la comunidad local. Y así ocurrió en los pueblos de Chile colonial y post-colonial. Fueron casi tres siglos en que esos pueblos (que sumaban cerca de 50 a comienzos del siglo XIX) practicaron –en un cierto enclaustramiento- soberanía productiva, gobernanza comunal, convivencia laboral y festiva, religiosidad ritual y un sentido democrático-participativo de “lo político” local. Fue esa memoria colectiva la que fue remecida –después que se proclamó la Independencia de Chile- por el desafío urgente que se presentó en las postrimerías de la dictadura o’higginista: construir el Estado “nacional” desde los pueblos. Ante ese inédito desafío, todos ellos reaccionaron del mismo modo: el Estado “nacional” debía construirse a imagen y semejanza de la gobernanza que predominaba en cada pueblo: centrado en la producción, la convivencia, la participación democrática y en la autonomía local y regional. Era el Cabildo –órgano natural de la soberanía popular- proyectado como Estado. Y todos los pueblos reaccionaron del mismo modo, menos uno: Santiago.
Es que Santiago fue el único vecindario donde las manos del Rey llegaron palpablemente: allí se instaló la Gobernación, la Capitanía General, la Real Audiencia, el Obispado, la Casa de Moneda, la Aduana, el Tribunal del Consulado, el Tribunal de Cuentas, los Escribanos, las Cortes Judiciales, el control del comercio exterior, etc. Hasta el mismo Cabildo de Santiago fue asumido por el patriciado como “otra” magistratura adscrita en la jerarquía de honores del Imperio. Tanto más, si muchos de esos cargos, al ofrecerlos la Corona en compraventa, quedaron en manos de los vecinos ricos de la capital. De este modo, el patriciado santiaguino se concentro más en las especulaciones del comercio exterior (sobre todo con el Virreinato Peruano y con el de La Plata) que en la soberanía productiva, y más en el autoritarismo centralista inherente al Estado Imperial que en la democracia participativa localista típica de los “pueblos” de provincia. Es claro que los pueblos de provincia constituyeron mayoría en todas las asambleas nacionales representativas que se convocaron –como fueron las asambleas constituyentes del periodo 1823-1828- pero la ambición inherente al “imperialismo” de Santiago era demasiado fuerte como para que ese pueblo se sometiera, a nivel nacional y en su propia casa, a la soberanía popular productivista, autonomista y democrática.
Y el conflicto se resolvió democráticamente a favor de “los pueblos” en 1828, lo cual dejo en evidencia que Santiago no podría imponer su proyecto centralista-mercantil a menos que contara con ejercito propio, pues el que había (el que había peleado por la Independencia), y que comandaba Ramón Freire, no le era adicto. De este modo, tuvo que financiar el reclutamiento de uno (que fue obra de Diego Portales y de otros mercaderes), el cual vino a ser, dado su origen y su finalidad, un ejercito privado y golpista. Luego de una comedia de traiciones y felonías, ese ejercito logró vencer en la sangrienta batalla de Lircay. Fue esa batalla la que permitió al patriciado mercantil de Santiago imponer a los restantes 49 pueblos el Estado mercantil, centralizado y autoritario de 1833, el cual, como se sabe, duro casi 100 años. Esa duración se explica, en gran parte, por las numerosas y violentas acciones militares que debió emprender para lograr imponerse en dos frentes políticos: de un lado, el constituido por las reiteradas sublevaciones militares y populares (una docena en 30 años) y, otro, el formado por la arraigada cultura productivista, democrática y localista de “los pueblos”. Sobre esta última, su política fue abolir los cabildos, chilenizar los “pueblos de indios”, delegar la política de desarrollo productivo en los municipios (que estaban desfinanciados, al igual que hoy) y la de desarrollo social en la Iglesia Católica (que actuaba por caridad), acosar por diversos flancos a los gremios productores (campesinos, artesanos, pirquineros, industriales), autorizar la instalación de un todopoderoso conglomerado de compañías comerciales extranjeras, y globalizar el país a través de una decena de tratados de libre-comercio con las grandes potencias.

La historia de Chile muestra efectivamente que el orden político ha sido estable y duradero, pero que, con respecto a la soberanía popular, ha sido por más de un siglo un orden ajeno y cosificado. Pues, en las coyunturas constituyentes o reconstituyentes del Estado, nunca, ni en 1830 (cuando Diego Portales lideró el sangriento golpe militar perpetrados por sus generales títeres: Prieto y Bulnes, para inspirar luego la constitución antidemocrática de 1833), ni en 1925 (cuando un grupo de políticos liberales, designados por Arturo Alessandri tras un golpe militar llevado a cabo por la alta oficialidad del ejercito, redactaron la constitución política de ese año), ni en 1980 (cuando un grupo de políticos designados por el general Pinochet redactaron la constitución neoliberal) hubo efectiva participación ciudadana, ni deliberación informada del real potencial desarrollista del “orden” que así se imponía a todos los chilenos. La ausencia deliberativa y soberana de la sociedad civil y/o la soberanía ciudadana fue, en los tres casos, más que notoria. Y los resultados netos del orden respectivos, a veinte o treinta años de instalado, han sido siempre los mismos: subempleo y marginalidad para la mayoría de los chilenos, “malestar cívico” general, rabia sorda en la juventud, consolidación ostentosa de las clases políticas (civil y militar) y, sobre todo, raquitismo y pobreza cívicas. Y cabe agregar en añadidura que, en los tres casos, el orden que establecieron fue impuesto destruyendo violenta y desconsideradamente el “proyecto de orden” que esgrimían sus adversarios políticos (que fue democrático liberal en el caso de Portales; democrático social en el caso de Alessandri, y democrático popular en el de Pinochet) en el cual la presencia protagónica y los valores sociales propios de la sociedad civil, la ciudadanía y la humanización, eran ostensibles y preponderantes.

El régimen político formalizado por la Constitución Política de 1980 impuso el orden neoliberal,  autocrático, plutocrático, militarista y antidemocrático que hoy rige a los chilenos, violando los derecho humanos y civiles de los que promovieron la reforma profunda del orden establecido en 1925, como siempre, caracterizado por la ilegitimidad del sistema, ignorando la deliberación y ejercicio informado de la voluntad soberana de la sociedad civil.

Hoy, existe un movimiento por una Asamblea Constituyente como la única forma en que el pueblo soberano y sujeto de derecho constitucional, manifieste su voluntad en la construcción de una nueva Constitución para Chile. Para realizar una asamblea constituyente no es imprescindible que ésta se encuentre señalada en la Constitución vigente. Al ser la expresión más acabada del ejercicio del poder constituyente originario y del poder soberano de los ciudadanos, es a éstos a quienes corresponde decidir el momento apropiado para elegir una, mediante sufragio universal, democrático, secreto, directo, representativo y participativo. Por eso mismo es esencial para que los chilenos vivamos en el país civilizado propuesto por nuestra historia patria, convocar ahora mismo a la Asamblea Constituyente redactora de una verdadera Constitución Política del Estado, que garantice los derechos humanos personales y colectivos, tanto los civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, restableciendo la soberanía nacional del pueblo chileno y del país Chile en lo internacional, para ser, no un enclave extranjero sino un país y una nación para siempre.
En nuestro caso, parece evidente que el escenario está puesto para una nueva Constitución y un nuevo consenso en el juego democrático.

REGIMEN SEMIPRESIDENCIAL

Los regímenes de gobierno se construyen a partir de una distinta interpretación de la idea de separación de los poderes del Estado, desarrollada por la doctrina liberal desde Montesquieu, conformando una categoría jurídica y política particular, diferenciada en sus elementos esenciales. El régimen semipresidencial constituye una forma de gobierno original, ni presidencial, ni parlamentario, que reúne elementos de ambos, implica el nacimiento o formulación de una categoría jurídica y política particular.
Este régimen político es apropiado a nuestro país, en efecto, Chile tiene una larga tradición político-jurídica en cuanto al establecimiento de un poder ejecutivo fuerte, como asimismo éste no ha implicado una disminución sensible de las atribuciones legislativas y de control, prerrogativas que dentro de nuestro constitucionalismo democrático ha correspondido al Parlamento. El régimen semipresidencial otorga la alternativa de un ejecutivo dotado de facultades suficientes, ejercidas necesariamente en armonía con una mayoría parlamentaria programática y estable, gracias entre otras instituciones a la censura constructiva y a la disolución de la cámara política, con un órgano legislativo con amplias e intangibles atribuciones normativas como el control del gobierno y la administración. De esta suerte, se garantiza una efectiva distribución de funciones dentro del equilibrio de poderes.

Todos sabemos que la aplicación deformada del régimen presidencial clásico por medio del debilitamiento de los poderes del parlamento y la hipertrofia de los poderes del presidente, han constituido el Presidencialismo en nuestro país, estableciendo una hegemonía o supremacía presidencial. Si bien, la doctrina no ha precisado donde termina el régimen presidencial y comienza el presidencialismo, el límite depende casi exclusivamente de la práctica política de las instituciones.
Este régimen constitucional ofrece una solución a esta enfermedad crónica de los regímenes presidencialista en cuanto a la falta de coincidencia entre el quehacer presidencial y la mayoría parlamentaria, sin que importe un debilitamiento del rol y consiguientes potestades del poder ejecutivo.
La flexibilización del régimen semipresidencial establece en su lógica más básica que el gobierno refleje la composición de las mayorías parlamentarias, repercutiendo en el gobierno el cambio de correlaciones políticas en el parlamento, ya sea por nuevas elecciones parlamentarias o por cambio de mayorías parlamentarias debido a nuevos hechos político sucedidos entre el nombramiento del gobierno y la situación que cambio la correlación de fuerzas, la cual actúa respecto del gobierno a través del voto de censura constructivo. Este sólo hecho, presenta una ventaja considerable sobre el presidencialismo, ya que nunca es posible un gobierno sin un apoyo político mayoritario en el parlamento o la mantención de dichos gobiernos si los partidos que conforman su base se apoyo es derrotada en las elecciones parlamentarias.

De este modo, tendríamos un jefe de Estado descargado de la masa agobiante de los asuntos administrativos, que le permitiría ejercer la función directiva, la función gubernamental. La reflexión nos lleva a plantearnos la necesidad de realizar las modificaciones al régimen político con el objeto de establecer gobiernos fuertes con el debido respaldo político en el Congreso. Cuando hablamos de gobiernos fuertes, estamos hablando de gobiernos democráticos, basados en el respaldo mayoritario del cuerpo electoral y con capacidad real de cumplir su programa de gobierno, lo que implica mantener una relación fluida con el Congreso, teniendo una mayoría parlamentaria que lo sustente responsablemente. Ello contribuiría a mejorar la estabilidad y la eficacia de la tarea gubernamental.
Es necesario hacer una reflexión de la interrelación entre el sistema de partidos políticos, por un lado, y el sistema institucional o constitucional, por otro. En Chile hemos observado un desfase entre el sistema de partidos políticos y el sistema institucional o, para decirlo de otro modo, una falta de congruencia entre las divisiones societales y sus reflexiones políticas y el sistema político de corte presidencial. ¿Por que? Por la sencilla razón de que un sistema presidencial, para funcionar coherentemente, requiere de una mayoría para el presidente en el parlamento. En Chile, el Presidente, rara vez ha podido contar con una mayoría estable en el Congreso, agravando las divisiones políticas partidarias y contribuyendo a un alto grado de ingobernalidad.

Los partidos políticos tienen un rol de elementos del régimen democrático, en cuanto les corresponde naturalmente colaborar en la generación de la voluntad general y en su genuina expresión de docentes cívicos que deben articular, desde una perspectiva doctrinaria, las demandas colectivas, obtener consensos, formular y acometer o asumir programas de gobierno y realizar la imprescindible oposición.
La historia chilena del siglo XX muestra claramente que tenemos un sistema multipartidista enraizado histórica y culturalmente. Chile ha tenido por mucho tiempo una cultura política heterogénea, así encontramos, una cultura humanista laica, humanista cristiana, socialista, comunista, liberal y conservadora. Este régimen de gobierno es una solución para “sociedades difíciles”, caracterizadas por ser segmentadas en cuanto a sus divisiones y por ser heterogéneas en cuanto a su cultura política. Este régimen parece más adecuado a nuestra realidad nacional, donde subsistirá un sistema multipartidista, independientemente del sistema electoral que se quiera establecer en el país, porque este responde a la realidad sociopolítica y cultural del país en el último siglo.

En Chile, con partidos fuertes, ideológicos, con fuerzas centristas importantes, pero donde ningún partido o tendencia por sí solo puede aspirar a tener mayoría  presidencial y parlamentaria, la modernización política sugiere evolucionar a un sistema político alternativo. Asimismo, se hace necesario que todo conflicto, ya sea en el seno del ejecutivo o entre ambos o uno de los órganos del ejecutivo y el legislativo, sea solucionado, en caso de bloqueo institucional, por el pueblo, árbitro supremo y único soberano dentro de los principios democráticos y de soberanía popular.

Al reflexionar sobre el sistema político chileno, me parece fundamental estructurar instituciones políticas que incentiven la cooperación, que se base en la necesidad de crear acuerdos políticos con sustentación mayoritaria. El gran problema de los sistemas presidenciales es que no incentivan la cooperación. Pronto caen en cuenta no sólo los partidos de oposición, sino que también los partidarios del Presidente en el parlamento, que no les conviene políticamente mantener el apoyo a la gestión presidencial. Es peligroso tener un presidente débil políticamente, sin mayoría parlamentaria, pero con atribuciones constitucionales importantes.

No se trata de repetir en Chile, la experiencia de cualquiera de los países que han adoptado este régimen de gobierno. En el caso nuestro a partir de nuestra propia experiencia y con las particularidades de nuestro genio histórico, cultural, social, político y económico, lograr una adaptación a la realidad de los principios esenciales del régimen semipresidencial, que surga de la libertad y de la razón humana.


DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

Chile ha construido su historia oficial desde la narración mítica del orden republicano centralista, una fórmula que le habría permitido superar la anarquía del resto de los países vecinos. Se ha identificado a la República con la centralidad del poder y el proyecto conservador, dejando fuera el ideario democrático regional liberal, que ha sido calificado de "anárquico". Yo planteo que el proyecto comunal es una de las columnas vertebrales de la construcción republicana.

El constitucionalismo central se ha considerado como el gran proyecto civilizador. Sin embargo, hay también un proyecto paralelo que va interviniendo en puntos neurálgicos del sistema conservador hasta irlo democratizando. El eje de este proyecto es una visión regional descentralizada que propugna la democracia regional. Un proyecto democratizador de la provincia. Es tan decisivo que incluso llega a formar parte de la Constitución de 1925, pero que no llegó a reglamentarse y finalmente se perdió. Se trata, sin embargo, de un proyecto que vive todo el siglo y que forma parte de nuestra formación republicana. Esa fue la lucha del siglo XIX, es un desgarramiento de todo el país. Penó durante todo el siglo y creo que todavía sigue penando. Los discursos políticos centrales siempre contemplan la idea de la descentralización, pero la verdad es que esta requiere de una democratización y otra figura de Estado, que es la que en su momento acogió la Constitución de 1828 y la comuna autónoma.

De aquí que postulamos la Regionalización tanto administrativa como política, para nosotros, no basta la sola pero esencial descentralización administrativa. La descentralización administrativa es únicamente la ejecución por parte del Gobierno regional –ente autárquico con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio-, de una de las tres subfunciones del Ejecutivo, cual es la administrativa, consistente en satisfacer de manera regular y continua las necesidades regionales o locales a través de los servicios públicos y demás organismos creados por la ley para este objeto. En otras palabras, sólo puede apuntar y se agota en la instrumentalización específica de las decisiones adoptadas por el Gobierno Central, el que pudo o no consultar o interpretar fielmente, por variadas circunstancias, el querer y demandas de la Región, en la oportunidad en que prefijo sus planes, metas y medios, generales o particulares.

De aquí que postulamos la Regionalización tanto administrativa como política, por cuanto sólo la conjunción de los dos tipos de descentralización en que se fundan, la “autarquía” y la “autonomía”, deben dar lugar a un proceso de perfeccionamiento del sistema democrático chileno, al conciliar la autoridad y mando con su requisito de existencia insoslayable que es el ejercicio de la libertad.

Podemos aventurar una conceptualización de la descentralización política por algunos de sus elementos. Lo consideramos como un sistema que importa: el establecimiento de diversas REGIONES en el ámbito geográfico del Estado, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio; la distribución del poder público entre el Gobierno Central y estas corporaciones, con el objeto que pueden conducirse y dirigirse con la independencia que les determine la Constitución y la detentación por ellas de las potestades públicas en lo relativo a su gobierno y administración como, asimismo, en lo concerniente a la creación en las esferas de sus competencias. Ello se consigue no sólo cuando el Mandatario que ejerce la voluntad general del órgano sea elegido por los gobernados, sino en cuanto el Pueblo participa, lo más cerca y oportunamente posible, en la generación y adopción de las decisiones sobre los problemas que directamente le atañen, así otorgará una ejemplar legitimidad democrática a las resoluciones así adoptadas, pues habrá superado la democracia formal y obtenido la del soberano responsablemente participativo y vigilante.

Parece aconsejable por ello iniciar el tránsito, al establecimiento de la democracia por la vía de la descentralización política agregándola a la administrativa, con la intención de avanzar hacia una democracia, en que las regiones tengan facultades para elegir sus propias autoridades a ese nivel, y detenten funciones de gobierno, de administración y facultades normativas regionales. Como regionalistas de izquierda nos apoyamos en el concepto mismo de la democracia para exigir una reconstrucción que siga el sentido ascendente de la ciudadanía. Pensamos que los problemas económicos y sociales de las regiones deben ser abordados en primer lugar por las propias regiones y resueltos a esa escala en la medida de lo posible (para lo cual se hace necesaria una autonomía más o menos amplia).

Para ir avanzando en la discusión señalaremos algunos de los principales elementos y características de la descentralización política.

1.- La Tutela. Considerada como el vínculo de supervigilancia de la autoridad central sobre las regiones, con el fin de proteger el interés general y hacer respetar el ordenamiento jurídico nacional, en relación con los actos y procedimiento realizados o pretendidos efectuar por ellas.

2.- Potestades Públicas. En cuanto significa el otorgamiento por el Soberano, a través del Poder, mediante mandato indicativo generalmente consignado en la Constitución, de facultades específicas de gobierno y administración para que cierto órganos o instituciones descentralizadas formulen, establezcan y/o apliquen los sistemas de imperativos legales; conduzcan la región, las personas y los procesos atinentes al colectivo, de conformidad con las competencias que detentan; como, asimismo, para llevar a cabo las acciones encaminadas a solucionar los problemas sociales.

3.- La Autonomía. En estrecha relación con lo precedente, la entenderemos como facultades de las unidades geográficas descentralizadas, para crear y establecer su propio sistema de imperativos legales que detecten y formulen criterios de solución a la problemática de la Unidad, el cual es reconocido por el Estado incorporándolo a su ordenamiento jurídico general y lo declara obligatorio para la Región.

Lo afirmado, tácitamente veda a la regiones, en cuanto a tales, como corporaciones de derecho público toda participación en el Poder Constituyente del Estado y en su función legislativa central de contenido nacional.

4.- Control de Constitucionalidad y Legalidad. Las normas regionales están sometidas al control propio del Estado Unitario, es decir, al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, asimismo, los conflictos de competencias y controversias suscitados entre los órganos nacionales y regionales. Y de igual forma, a la Contraloría General de la República, los de su competencia.

5.- Origen de las Autoridades. Nos parece de la esencia de la descentralización política que las regiones elijan sus propias autoridades por sufragio universal y sistema proporcional, consideradas cada una de ellas como colegio único en la totalidad de su ámbito geográfico, o al menos que les corresponda un rol preponderante en su nombramiento, cuando el evento anterior sea imposible por razones de contenido.
Lo dicho comprende a las autoridades llamadas cumplir funciones de gobierno, de administración o de legislación regional.

Lo que en nuestra región ha faltado principalmente es una conciencia regional vinculada a los problemas económicos, innovadora y acaso revolucionaria. La región ha proporcionado claramente una parte de los electores fieles a la Concertación, pero esa misma “izquierda” es al mismo tiempo centralista incapaz de aceptar un análisis de los hechos económicos. El Estado es el responsable esencial del desequilibrio en la ausencia de perspectivas regionales, la coincidente inconsciencia del espíritu estatal y el espíritu de los hombres de regiones, en este caso de una burguesía que ha querido el desequilibrio. En definitiva, a la anarquía del desarrollo neoliberal que el centralismo protege o consciente, la consecuencia es grave: la lucha contra el subdesarrollo ya no puede se realizada con los medios financieros regionales. Desde hace mucho tiempo se sabe que solamente empresas de origen internacional o nacional estatal o privada compensan, y muy deliberante, la ausencia de iniciativa industrial regional.

CULTURA POLÍTICA

Hannah Arendt señalaba que la política se basa en un hecho: la pluralidad de los hombres (hoy, diríamos de personas). La política se trata del estar juntos y de la reciprocidad entre seres diferentes. La política es resultado de la aceptación de la existencia simultánea de grupos diferentes y, por lo tanto, de intereses y tradiciones divergentes dentro de una unidad territorial sujeta a un gobierno común. Implica, por tanto, cierto nivel de tolerancia y el reconocimiento de que el gobierno se ejerce en mejores condiciones cuando los distintos intereses se debaten en un foro abierto.

Existe un lazo íntimo entre la formación del Estado moderno y el laicismo. Al separarse de la sociedad civil el Estado puede representar el interés general y dejar de identificarse con una de sus “partes”. El interés general no se identifica ni con la verdad sostenida por una parte del pueblo ni con la voluntad de una mayoría circunstancial del mismo. Se encuentra en el espacio abierto por las libertades públicas, y en particular por las libertades laicas, las grandes libertades fundamentales relacionadas con el laicismo sensu lato, de conciencia, de expresión, de culto, de asociación, de enseñanza. Pero no se puede confundir las divergencias sobre el interés general, antes de la discusión, con las diferencias de opinión después de la discusión. Las primeras pertenecen al ámbito de la multiplicidad de prejuicios antagónicos, mientras que las últimas entran en el ámbito de los desacuerdos racionales subsiguientes a un debate democrático, el que no puede concluir con una solución unívoca, especialmente en el campo político, incluso entre seres “razonables”. Esto demuestra que el laicismo y la superación de los intereses políticos particulares no constituyen recetas que se pueden aplicar mecánicamente, sino más bien se postulan como un horizonte, como una tarea constante pero inacabable.

Tal como lo señala con mucha razón Barbier: “… se comete a menudo una confusión lamentable. En efecto, el laicismo consiste en hacer pasar la religión de la esfera pública a la esfera privada. Se deduce, entonces, que la religión es una cuestión meramente personal y que concierne solo a la vida privada. En realidad este razonamiento es inexacto. Las expresiones “esfera pública” y “esfera privada” tiene que ser tomadas en un sentido jurídico-técnico: la primera corresponde a la esfera del Estado, y la segunda a la de la sociedad civil. La religión escapa del dominio público del Estado, pero puede existir y actuar libremente dentro de la sociedad”.

Cabe preguntarse si entorno a las cuestiones bioéticas, los laicos librarán la batalla para convencer a la mayoría de los chilenos que los credos religiosos forman parte de la esfera privada y que no pueden interferir en los asuntos públicos. Aunque por algunas opiniones bastante ambiguas que hemos vistos en esos mismos laicos habría que cerciorarse si existe acuerdo en que un Estado Laico no debe claudicar ante las presiones de la jerarquía eclesiástica.

La crisis de legitimidad de nuestros representantes, instalados en las instituciones políticas, se demuestra en la desafección frente a la política tradicional. Este hecho hace posible el cuestionamiento de lo que hasta ahora, era considerado como el único sistema democrático posible: la democracia representativa. La existente brecha entre los principios proclamados y el ejercicio de la ciudadanía, se torna cada vez más flagrante. Y la ausencia de mujeres –tan débilmente representada respecto a su lugar en la sociedad- revela el mal funcionamiento del sistema político.

De una u otra forma somos herederos y herederas de derechos e instituciones implementadas desde 1789. Sin embargo, la exclusión de las mujeres, constitutiva de la democracia representativa, ha servido para legitimar el acaparamiento de la representación por una minoría de hombres que pertenecen a la “elite económica, política e intelectual”, la que ha confiscado, a propio beneficio, los principios universales republicanos. La exclusión, entre otros, de las mujeres fue la condición, y el síntoma, de una reconstitución homogénea del cuerpo político necesaria al Estado moderno para reducir a lo Uno, la multiplicidad humana de la cual las mujeres son signo visible y, por lo tanto, inevitable.

Se han editado reglas, se han forjado códigos, se han construido modelos en un sistema que se ha vuelto, a tal punto, en contra de las leyes igualitarias votadas por todos los partidos, que independientemente de su adscripción política reproducen un modelo de poder que –a pesar de los principios inscritos en la Constitución-se erige como obstáculo a la entrada de las mujeres al espacio de lo político.

En el momento en que este modelo está en manifiesta crisis, el movimiento a favor de una igualdad real de la representación política, podría constituir un poderoso punto de partida para el cuestionamiento de este modelo, sin lo cual la realización de la democracia nos parece imposible.

Ahora, la pregunta es ¿que democracia?, Chantal Mouffe, profesora de la Universidad de Westminter (Londres) escribe “El tipo de democracia que se ha establecido en Occidente en el transcurso de los dos últimos siglos es el resultado de la articulación de dos tradiciones distintas. Por un lado, la tradición liberal, caracterizada por el énfasis en los derechos y libertades individuales, y, por otro, la tradición democrática, basada en la idea de igualdad, identidad entre gobernantes y gobernados y soberanía popular. Estas dos tradiciones encierran dos lógicas diferentes que, en último términos, son irreconciliables. No hay forma de conciliar libertad y soberanía popular sin establecer límites a una y a otra. En toda democracia liberal se establece siempre un marco de respeto a los derechos humanos que implica una serie de límites al ejercicio de la soberanía popular. La diferencia fundamental entre las democracias clásicas y las democracias modernas reside en la aceptación del pluralismo. El reconocimiento del pluralismo, implica una profunda transformación del ordenamiento simbólico de las relaciones sociales. No se trata, sin más, del reconocimiento de lo que Rawls, por ejemplo, denomina el hecho del pluralismo, sino que la diferencia se refiere al plano simbólico, es decir, a la legitimación del conflicto y la división, que resulta de la emergencia de la libertad individual y de la afirmación de la igualdad para todos. Las principales formas actuales de pluralismo liberal empiezan llamando la atención sobre el hecho del pluralismo para buscar después procedimientos que permitan abordar las diferencias y relegar el pluralismo a la esfera de lo privado. Pero el pluralismo no es solamente un hecho, algo que nos quede más remedio que soportar, sino que constituye un principio axiológico, es algo constitutivos de las sociedades contemporáneas, pertenece al núcleo mismo de la democracia moderna y, por ello, es algo que debemos celebrar.

Pero el establecimiento de estos límites es una cuestión política, es decir, resultado de acuerdos programáticos y contingentes, necesitados de una continua justificación, algo que no goza de una racionalidad sin fisuras que pueda establecerse de una vez por todas, para lograr por fin el sueño de una sociedad bien ordenada. Mouffe, propone así, una recuperación de la política, frente a la pretensión de muchos planteamientos contemporáneos de acabar con ella eliminando el conflicto del espacio público. Desde esta perspectiva, critica algunas de las reflexiones contemporáneas sobre la democracia que, al no tener en cuenta la inevitabilidad del conflicto, no son capaces de captar la especificidad de lo político como algo diferente de la ética, la economía o el derecho, como puede ser el liberalismo o la democracia deliberativa. No se puede considerar las instituciones democráticas como algo justificado de una vez por todas, sino que siempre es necesario robustecerlas y defenderlas. Y esto es así por que no hay forma de conciliar libertad y soberanía sin imperfección. Cualquier acuerdo que establezcamos es necesariamente contingente y, por ello, necesitado de una continua justificación.

La tendencia dominante en nuestros días consiste en identificar la democracia casi exclusivamente con el estado de derecho y la defensa de las libertades individuales, dejando de lado el elemento de soberanía popular, por considerarlo como algo obsoleto, un predominio de lo que se llama “demoprotección” frente al “demopoder”. Pero esto pone en peligro la legitimidad de las instituciones democráticas y la adhesión que son capaces de despertar en los ciudadanos, dando lugar a una situación de “déficit democrático”. Es lo que ha ocurrido en algunos países de Europa, en los que la desaparición de una línea divisoria clara entre las identificaciones políticas tradicionales ha dejado un vacío que rápidamente ha ocupado la extrema derecha. La inexistencia de líneas divisorias perfiladas impide la creación de identidades políticas claras y alimenta el desencanto con los partidos tradicionales. Se prepara de esta manera el terreno para los movimientos populistas y antidemocráticos. Mouffe considera, por ello, que la pretensión de los teóricos de la tercera vía de disolver las fronteras entre la izquierda y la derecha, lejos de constituir un avance para la democracia, más bien compromete su futuro, al dejar la puerta abierta al avance de planteamientos antidemocráticos. La definición de “progresista” es considerada por las izquierdas europeas casi como un insulto, entre otras razones porque esa es una de las huellas que dejaron los movimientos ecológicos en el vocabulario político. Para los ecologistas, ambientalistas y “verdes” europeos, progresismo es una de las ideologías del “destructivismo industrial”, y hoy nadie -ni izquierdas ni derechas- podría ganar una elección levantando banderas “progresistas”. La vigencia positiva del término “progresismo” en Chile es, en cambio, una prueba de que el ecologismo apenas rozó la piel del país. Si la izquierda chilena quiere alguna vez de nuevo gobernar, va a tener que comenzar por aprender el idioma político de nuestro tiempo que, evidentemente, no domina.

La política esta siempre relacionada con la creación de un nosotros mediante la determinación de un ellos. La política democrática no se reduce al momento en que el pueblo plenamente constituido establece y aplica sus reglas, sino que se ejerce ya desde el momento de la lucha por la definición de pueblo. La unidad del pueblo es el resultado de una construcción política y no algo previo. La articulación política del demos sólo puede producirse mediante una pluralidad de fuerzas que compiten en el esfuerzo por definir el bien común, que se propone fijar la identidad de la comunidad. La democracia liberal implica el reconocimiento de esa distancia entre el pueblo y sus posibles identificaciones, de ahí la importancia de dejar ese espacio permanentemente abierto, en lugar de tratar de llenarlo mediante el establecimiento de un consenso racional. De lo contrario, nos encontraríamos en el terreno de la suma de intereses o en un proceso de deliberación que elimina la posibilidad de decisión. Estaríamos, por tanto, en el terreno de la economía o de la ética, pero no de la política. Lo que necesitamos, entonces, es un modelo democrático capaz de aprehender la naturaleza de lo político, como un sistema diferente al de la economía o la ética. “Lo político” hace referencia a la dimensión de antagonismos que es inherente a las relaciones humanas, antagonismo que puede adoptar muchas formas y surgir en distintos tipos de relaciones sociales. “La política” designa el conjunto de prácticas, discursos e instituciones que tratan de establecer un cierto orden y organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre potencialmente conflictivas porque se ven afectas por la dimensión de “lo político”. La política se propone la creación de la unidad en un contexto de conflicto y de diversidad. Esta forma de concebir la democracia exige la aceptación de que la división y el conflicto son inevitables y que no es posible alcanzar una reconciliación plena de la unidad “pueblo”. El objetivo de una política democrática debería proporcionar el marco en el cual los conflictos puedan adoptar la forma de una confrontación entre adversarios en lugar de manifestarse como una lucha antagónica entre enemigos.
Espero que las ideas anteriores presten algunos servicios y nos ayuden a guiarnos en un camino que conduzcan a la buena vida colectiva y, la felicidad de todos.

Esteban Sanhueza Zúñiga
Concepción, invierno 2010


BIBLIOGRAFÍA
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