[resumen.cl] Un articulado que pareciera haber sido sacado de las más oscuras mentes del vilipendiado neolibearlismo -padre del Código del trabajo, del sistema de AFPs, de las ISAPRE, del Código minero y de aguas, del DL701, entre otros- es el proyecto de carrera docente presentado por el gobierno de Michelle Bachelet. Lejos de tomar la principal demanda de los profesores -esto es, el agobio laboral- las medidas parecen justamente tomar el sentido contrario: presionar y agobiar más a los docentes del país. La política docente pone en el tapete también el sistema de municipalización, pues nuevamente los salarios de los profesores dependen de empleador -varios de ellos que ni siquiera pagan las cotizaciones previsionales y de salud- y no directamente del Estado.
En el año 2016 se podrá estudiar pedagogía con 500 puntos PSU y ubicación en 50% superior de ranking de notas. En 2018 se eleva la exigencia a 525 puntos PSU y 40% superior del ranking. Y en 2020 se llega a 550 puntos PSU y 30% superior del ranking y un posterior acompañamiento de carácter voluntario para los iniciados, de profesores tutores son parte de lo que implementará la nueva política docente.
Tramo inicial, temprano y avanzado como nuevas nomenclaturas obligatorias para los docentes, y las categorías superior y experto como voluntarias, son las nuevas y “revolucionarias” medidas implementadas por el MINEDUC en la nueva carrera docente. Para acceder al tramo inicial, los profesores deben tener al menos 4 años de experiencia, para poder aspirar a mejores salarios, tras rendir una evaluación de conocimientos disciplinarios y ser sometidos a evaluación sus portafolios, pueden acceder a las otras categorías de temprano, avanzado y tras 10 y 14 años de experiencia, respectivamente- acceder a los tramos superior y experto. Es decir, sobre ya los agobiados profesores que hace años reclaman por el poco tiempo que existe para planificar todas las actividades tanto de aula como de otro tipo, mejorar sus métodos de enseñanza, actualizar sus conocimientos, participar en consejos y reuniones, etc; ahora se sumará la enorme carga laboral que significará elaborar un portafolio y rendir una prueba específica. Cosas que por cierto en medida alguna podrán cuantificar la calidad de los profesores en las aulas. En la movilización realizada por los profesores durante el año recién pasado, una consigna sentida fue el 50/50, es decir, 50% del tiempo de las horas lectivas y 50 no lectivas con las actuales condiciones de trabajo. Sin embargo, la nueva política docente recarga más el trabajo profesional y promete al 2016 solo un 70/30, para llegar al 2018 con un 65/35.
Los bienios se recortarán al 50% y las nuevas exigencias a los docentes serán controladas por el CPIEP, quien funcionará como entidad fiscalizadora sobre el profesorado. Si un profesor pierde su certificación, solo podrán volver a ejercer si logran certificarse en el tramo temprano tras un breve plazo entregado por la institución. La forma de acceder a la anhelada titularidad docente -recordemos que en el sector municipal la mayor parte de los profesores son despedidos año a año y recontratados sin serles reconocidos sus años de trabajo- sería a través de la mentada certificación a lo que se agregaría el concurso público: podrán estar a contrata 2 años y postular a esta modalidad, si los profesores son principiantes a los que están induciendo será tras 3 años de trabajo y los que no son inducidos por profesores tutores podrán acogerse a esta modalidad tras 4 años de trabajo.
Las evaluaciones de los docentes en todos los niveles contrastan con la desregulación del sistema de educación superior. Si bien el proyecto reconoce tímidamente esta realidad, la solución planteada escoge el camino de la acreditación de Ues y programas de pedagogías para impartir la carrera – siendo que la modalidad de acreditaciones ha sido ampliamente cuestionada por los negociados y la corrupción en torno a los procesos. Es decir, se corta el hilo por lo más delgado.
En su declaración pública, el Movimiento por la Unidad Docente (MUD) señala “Este proyecto de ley representa un atentado directo a la dignidad del ejercicio de la Profesión Docente, vulnerando derechos históricamente adquiridos, instalando una mirada sumamente negativa en la sociedad sobre las capacidades profesionales de nuestro magisterio, y lo que es más preocupante, nos obliga a competir entre nosotros mismos para obtener aumentos salariales, desconociendo la naturaleza colectiva de nuestra labor docente.” Sobre la supervigilancia encima de los docentes alegan “Instala una preocupante política de “sospecha permanente” sobre nuestras competencias profesionales, implementando nuevas certificaciones periódicas con fines claramente punitivos”. En la misma línea la disidencia del Colegio de Profesores planteó “La carrera docente es demasiado importante para nuestro futuro como para permanecer inactivos o aceptar mansamente que nos pasen por encima. Hay razones muy prácticas para rechazarlo (…) Pero hay también razones de dignidad ciudadana y personal, ya que no es posible seguir aceptando el abuso, la imposición, la falta de respeto con que las autoridades se permiten tratarnos”.
Al cierre de esta nota, los profesores del sector municipal de San Pedro y Hualpén estarían paralizando este miércoles 29 en rechazo al Proyecto de Carrera Docente.
