Por Robinson Silva Hidalgo
La discusión acerca de los reglamentos y principios que guiarán los contenidos que contemplará la nueva Constitución entró en tierra derecha. En medio de una campaña presidencial y legislativa que emprende el vuelo farandulero que capta los focos de los medios de comunicación, las cuestiones de la Convención van quedando en segundo plano. Esto debiera alertar al mundo social y político movilizado que antepone el proceso constituyente al poco lucido debate electoral.
Las primeras decisiones de la Convención marcan la afirmación de la democracia representativa por sobre el necesario reconocimiento de una democracia directa por parte de las instituciones, que ponga a los pueblos como sujetos protagonistas del debate político. Estas decisiones evidencian que las definiciones liberales de democracia encuentran apoyo desde la derecha hasta el Frente Amplio, pasando por al ex Concertación y los Independientes No Neutrales, es decir, el partido del orden que ocupa gran parte del Congreso y los cargos políticos en la estructura estatal.
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La democracia representativa, aquella que nos venden como “el mejor de los sistemas posibles”, cierra posibilidades a buscar otras formas de relación entre los y las sujetas de la sociedad, el sistema es en realidad el que conocemos desde el Siglo XIX teniendo a los partidos políticos como sus agentes fundamentales. Este sistema funciona en base a políticos que, concitando apoyos en función de convicciones, pero también por el otorgamiento de favores, -cuestión que ha agotado la práctica de representación política-, choca con una sociedad en que los mayores niveles de profesionalización y escolarización hacen que las personas busquen otras maneras de relacionarse con el Estado y las agencias sociales y políticas que nos hacen comunidad.
La Convención acaba de votar en contra el principio de participación popular vinculante, es decir, que la deliberación de las comunidades no mandate a la convención y que los convencionales, por el sólo hecho de ganar una elección, impongan sus ideas mediante el uso de su voto, dándole otra oportunidad al mismo sistema que el pueblo octubrista ha querido transformar. También votaron en contra de quitar el voto a convencionales con conflictos de interés y, en la misma línea, que se conozca el secreto bancario de los representantes. No sé ustedes, pero que un constituyente pueda tener millones en paraísos fiscales (o sea, no tributa en Chile) y al mismo tiempo esté definiendo el derrotero de las pensiones o los impuestos del país, me parece preocupante.
Pongo énfasis en la no aprobación de la participación vinculante pensando en qué pasará con las iniciativas populares de norma constitucional, en los plebiscitos dirimentes y otras iniciativas que camina por la idea de la democracia popular, dejo abierta esa preocupación.
Hay peligro, como dice un experimentado analista internacional, peligro de terminar en una Convención espejo del Congreso y, por tanto, igual de deslegitimada, peligro de seguir personalizando la política a través de la lógica representacional, desechando la democracia de los proyectos colectivos, la de los pueblos, marcada por la rebelión de octubre. Los constituyentes van definiendo en qué vereda están, si en la del partido del orden que apuesta por reforzar la democracia liberal representativa o, por el contrario, se asientan en la fuerza transformadora de la Revuelta y avanzan a una democracia directa, popular y con acento local ¿somos o no somos?
