Por Edmundo Arlt
“La violencia es mala venga de donde venga, nunca es la forma, mata el diálogo y lo envenena” debería ser la fórmula infantil que resume la actual discusión pública. ¿Pero qué es la violencia? Es el vandalismo contra la propiedad pública y privada, así como también las violaciones a los derechos fundamentales y humanos a la vida, la manifestación, el debido proceso, entre otros. Sea contra cosas o personas ambas son “violencia”. Sí, como si un ornitorrinco fuese igual a un elefante porque ambos son mamíferos.
Aquí me interesa plantear tres preguntas.
La primera es por qué siempre la condena es de carácter moral. La respuesta es probablemente la necesidad de responder comprensiblemente al vandalismo y la brutalidad policial, “la violencia”, ante los micrófonos de la prensa. Dejar en claro que se está en contra de ésta, para no ser interpelado posteriormente por el columnismo. No hay tiempo para ideas complejas, proyectos a futuro o explicaciones rigurosas y ordenadas. Responda rápido, firme, sin rodeos: está en contra de la violencia o no.
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La segunda es por qué la “violencia” actual es siempre negativa y merece un juicio negativo. Otras violencias funcionan bajo otras coordenadas. Cada 18 de septiembre se celebra una violencia positiva, guerra civil contra España, con resultados positivos: la independencia. Tres mil asesinatos, mil desapariciones, cuarenta mil torturas y doscientos mil exiliados son una violencia negativa que produjo un positivo “modelo” nos anuncia la mayoría absoluta de la tecnocracia económica. Quizás la respuesta a esta segunda pregunta la pareciera brindar un redactor de la actual constitución. Ya existe un acuerdo institucional (positivo) que transforma al vandalismo (negativo) en un medio ilegítimo que debe ser combatido institucionalmente. Misma lógica que justificó (positivamente) La Oficinacontra la (negativa) izquierda terrorista-antidemocrática.
La tercera pregunta es por qué, en vez de la condena moral de la violencia, no se habla de la condena judicial de delitos. En concreto, el 0,005% de las 9 mil denuncias contra agentes estatales durante la Revuelta ha terminado en condena. Siempre en libertad. Por otra parte, hay un número todavía desconocido, probablemente miles, que están entre la prohibición de facto de su derecho a la manifestación mediante órdenes de alejamiento y la prisión preventiva. Quizás la pregunta ni siquiera llega a plantear pues habría que confrontar una incómoda verdad. El sistema jurídico chileno en democracia fue incapaz de detener las violaciones masivas y sistemáticas de derechos fundamentales y humanos. Tampoco ha sido capaz siquiera de procesarlas.
Pero sigamos repitiendo la fórmula de la fábula infantil. Si bien no resuelve los problemas, al menos calma la conciencia.
