En Chile, actos de corrupción política que en otros países significa salida de autoridades, enjuiciamiento o incluso de prisión de las mismas (sin ir mas lejos, tenemos el ejemplo peruano), ni siquiera pueden ser definidos o tratados como tales. La clase política goza de grados importantes de impunidad dada por los mismos tribunales de justicia.Por Joaquín Pérez
El Estado neoliberal ha destruido la capacidad fiscalizadora del Estado y sus instituciones y no solo ello, el Estado jibarizado durante 50 años de neoliberalismo, terceriza y externaliza todo.
Bajo la lógica del principio subsidiario, ha convertido las diversas instituciones públicas en cajas pagadoras de fundaciones, corporaciones u ONGs vinculadas a partidos políticos o autoridades políticas, sin control, donde las irregularidades van a la par con el flujo de miles de millones de pesos públicos a manos privadas.
Un Estado sin capacidad fiscalizadora, en una sociedad sin cultura democrática como la chilena, donde aún persiste el autoritarismo de la dictadura militar, redunda en un escuálido control por parte de la ciudadanía sobre sus autoridades, lo que desemboca en una corrupción generalizada, tanto en la administración central del Estado, hasta los gobiernos regionales como comunales, incluidas las empresas estatales.
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Aun peor, quienes realizan hoy la escasa acción fiscalizadora en este país son los medios de comunicación, sin embargo, ellos deben luchar contra una realidad en la cual solo los medios serviles de poder político y económico, los mismos del entramado de la corrupción, reciben la casi totalidad de fondos públicos y privados.
Aquellos pocos medios con algún grado de independencia del poder económico y político que realizan estas denuncias, deben además lidiar con la persecución por parte de los mismos políticos corruptos y jueces cómplices, que siguen sin reconocer los sucesivos llamados de organismos internaciones y de la propia CIDH, que se pronunciado claramente respecto a los juicios contra diversos medios, en que figuras políticas y publicas han demandado a medios por casos de “ataque a la honra”, como es el caso de nuestro medio.
En la actualidad, el eufemismo para llamar a la corrupción se llama “conflicto de interés” y se recalca que si bien existe toda esta maraña de redes familiares y políticas, estas no son constitutivas de delitos, que se está dentro de lo permitido, mientras tanto el Estado sigue siendo saqueado y los dineros destinados a políticas sociales siguen sin llegar a sus verdaderos destinatarios.
Y pensar que los altos sueldos de nuestros políticos y los fondos fiscales para financiar a los partidos, eran para evitar la corrupción.
Hoy podemos constatar que esos sucesivos aumentos de sueldos y prebendas, las leyes de partidos políticos no son más que otra aristas de este verdadero despojo de las platas publicas que realizan estas organizaciones.
Es, en fin, un modelo estructuralmente corrupto. Una mina a tajo abierto para saquear a mansalva.
Foto: Bachelet recibiendo el informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción. Año 2015
