El déficit habitacional que golpea Chile, tras un 2022 donde se entregaron 39 mil de las 260 mil que están estimadas durante el gobierno de Gabriel Boric -según el ministerio de Vivienda- en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Desde distintos comités de vivienda han expresado que el plan no da abasto y que de forma paralela, se busca implementar medidas que llegarán a criminalizar la ocupación de terrenos por parte de familias sin casa.

Por Francisca Alvear

Promover una relación directa entre la comunidad y los Gobiernos Regionales, diversificar las formas de acceder a la vivienda, impulsar iniciativas sobre arriendo justo y procesos de producción habitacional más eficaces, fueron algunos de los compromisos asumidos por el Gobierno en marzo de 2022, pero desde las organizaciones de pobladores acusan incumplimientos, afirma Constanza Cruz, dirigenta del comité de vivienda La Florida.

A su protesta, las organizaciones por la vivienda del Gran Concepción, en distintas manifestaciones, han traído a colación el bullado Caso Convenios y cómo los recursos se esfuman transitando hacia entidades privadas sin resolver las carencias de una multitud de personas.

¿Medidas represivas como respuesta desde el Congreso?

El avance del proyecto de ley denominado "antitomas", propuesta por senadores de derecha, busca endurecer las sanciones contra quienes usurpen la propiedad, prolonga el periodo de flagrancia, además de introducir modificaciones al Código Penal para que los actos relacionados puedan constituir penas privativas de libertad.

Según Gustavo Sotomayor, integrante de la Federación Nacional de Pobladores Biobío, dicha iniciativa constituye, “una forma de castigar a los más pobres, en un país, que a nivel latinoamericano es difícil lograr una vivienda definitiva”. Enfatiza en que “las tomas de terreno son tanto una herramienta de presión y lucha, como una para lograr una vivienda definitiva. El problema es estructural, pero se busca abordar a través de la cárcel y la represión”.

“Necesitamos una solución habitacional digna y efectiva. La votación de la nefasta y aberrante ley de usurpaciones o antitomas solo viene agravar el problema de la vivienda”, declara la dirigenta del comité La Florida.

Además de protestar para poner freno a la ley Antitomas que se encuentra en su segundo trámite en la Cámara Baja, las y los pobladores exigen la compra de terrenos para viviendas sociales, además que Fuerzas Armadas e Iglesia Católica, entreguen los terrenos que tienen en desuso, y que ello se concrete en un plazo que no exceda los 5 años.

Como ejemplo de la situación de los terrenos de las FF.AA., está el caso de Talcahuano, en el Biobío, donde la Armada de Chile “tienen terrenos que pueden servir para vivienda y terrenos, como en Tumbes, donde ya existen tomas y poblaciones que no han podido regularizar sus caídas de agua, calles o rutas alternativas para mejorar el tránsito de locomoción colectiva, ambulancias, etc”, relata el dirigente de la Fenapo.

La crisis habitacional que viven las y los pobladores es probablemente la más dura de las últimas décadas, profundizándose tras la pandemia. Los comités y las familias exigen una solución al Gobierno de Boric, por ejemplo, en solicitar los terrenos que las FF.AA. mantienen en desuso o sin actividad militar, “para avanzar realmente en la entrega de viviendas”, expresa Sotomayor.