Luego de que en marzo de 2020 Contraloría General de la República emitiera una resolución que deja sin efecto los planes de manejo que otorgaba Conaf de tala de bosque nativo para sustitución agrícola, se pensó que el arrase de bosques y formaciones xerofíticas terminaría, pero no ha sido así.
Ante esto, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, solicitó por ley de acceso a la Información Pública el listado de todos los planes de manejo (1430 predios) otorgados por CONAF para cotejar cuáles quedaban sin efecto luego de la resolución de Contraloría. Para su sorpresa, entre las 23.219,3 hectáreas ¡autorizadas para su deforestación por quien debiera protegerlas!, se encontraban tres planes que habían sido aprobados con posterioridad a la fecha del pronunciamiento de Contraloría.
Es decir, el organismo público no sólo no ha fiscalizado que los planes aprobados no se ejecuten como mandó el órgano contralor, sino que autorizó la tala de nuevas hectáreas mediante un mecanismo probadamente ilegal. Según Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, 10.000 hectáreas de bosque nativo son las que se encuentran en la mira de la agroindustria y estarían sometidas a un litigio judicial contra la interpretación de la Contraloría.
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Es por ello que OLCA ingresó una nueva presentación a Contraloría, poniendo de manifiesto esta situación y exigiendo que el accionar y la lucha por la defensa territorial de decenas de organizaciones que han logrado poner en la palestra pública a costa de qué se expande y cómo opera la mega agricultura, dejen de ser vulnerados, pero sobre todo, que el bosque que está siendo masacrado pueda ser protegido efectivamente de algún modo.
En la acción se establece: “resulta incomprensible que se hayan resuelto favorablemente tres solicitudes de aprobación de este tipo de planes de manejo, con posterioridad al dictamen; y asimismo, que la única ejecución que ha realizado CONAF del mismo, parece ser la de no admitir a trámite más solicitudes, sin preocuparse de aquellas ya aprobadas y que podrían no haberse implementado, omitiendo que poseen la facultad de revisión de sus propios actos, contemplada en el artículo 53 de la ley N° 19.880, esto es, la invalidación de los actos contrarios a derecho.”
En el contexto de emergencia climática, pérdida excesiva de biodiversidad a nivel mundial, y merma masiva a nivel local, por diversos motivos, entre ellos la aprobación de planes de manejo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, OLCA solicitó mediante su presentación que se ordene a CONAF informar respecto a las medidas de implementación del dictamen Contraloría, particularmente, respecto de los planes sobre los que no existe certeza sobre su implementación; se revise la legalidad de los planes de manejo aprobados y no ejecutados, pues aún pueden existir árboles nativos en situación de ser salvados, y en subsidio, la legalidad de las resoluciones aprobatorias posteriores al dictamen de Contraloría.
Se espera que esta acción sea resuelta en las próximas semanas
