No debiera ser una sorpresa para nosotros el actuar de la clase política en conjunto con los medios de comunicación, sobre el fallo de la Corte Suprema en contra de la construcción de la Central Castilla.

El correlato a nivel local de este suceso, se ve reflejado en el actuar del gobierno Regional con el Intendente Lobos a la cabeza, sobre el fallo que la corte de Apelaciones de Concepción sentenció sobre el proyecto termoeléctrico Pirquenes, en Laraquete.  Tanto en el caso de Castilla, como en el caso de Pirquenes, el gobierno ha actuado de manera coordinada con la clase política y los medios de comunicación, para mostrar a la opinión pública una verdadera campaña en contra del sentido común; quieren imponer a la población, la visión de que la producción de energía esta por sobre la integridad de las comunidades. Y lo hacen justamente, haciendo desaparecer en sus discursos, a las comunidades que se verán afectadas por los proyectos energéticos. Su silogismo es el siguiente: si producimos energía, los proyectos mineros crecen. Si los proyectos mineros crecen, crece el país.

En el silogismo de la clase dominante llama la atención esta concepción de país. En este silogismo, las comunidades son la externalidad negativa, lo no mencionado. En el caso de la Central Pirquenes, la demostración de lo poco que le importan a estos señores las comunidades, fue, en primer lugar, la votación de la comisión regional de evaluación ambiental que permitía al proyecto termoeléctrico, ser construido sin un estudio de impacto ambiental. Esta decisión fue tomada como arbitraria e ilegal por la corte de apelaciones penquista.

Sin embargo, el intendente se sintió ofendido con la decisión. Tal como si fuera un accionista del proyecto, anunció que apelarían a la corte Suprema para dejar sin efecto lo que la corte de apelaciones penquista había decidido.

Las órdenes del Estado centralista parecen ser claras. Como cuando la Comisión ambiental de Los Ríos decide postergar una y otra vez la participación de las comunidades, para no dejar lugar a reclamo contra el Ducto que quiere instalar Celco en Mehuin, señalando que están primero los intereses generales del país, los subordinados regionales señalan una y otra vez su apoyo a los proyectos de los grandes grupos económicos indicando cuan importantes son para el crecimiento del país.

Lo central aquí, es aclarar que el crecimiento del país no podrá ser frenado ni siquiera por los tribunales de justicia. Lo sustancial del actuar de la clase dominante, expresada a través de los discursos de la clase política, los titulares de los medios del duopolio Copesa y Emol, y los correlatos regionales de uno y de otro, es su conformación- para conseguir su objetivo de producción de energía para la extracción minera- como bloque de poder bajo un interés: su constitución como poder fáctico. La clase dominante defensora a ultranza del Estado de Derecho, respeta el Estado de Derecho que ella misma ha construido, solo en la medida que el derecho vaya tras sus intereses. Las leyes son la cristalización de su poder y son trizadas bajo sus mismas botas mientras la ley no se cuadre con sus objetivos. Hoy quieren si o si, megacentrales para las megamineras.

La ley no funda el orden, sino que el poder, la clase dominante, el orden funda la ley. La ley legaliza el actuar del poder fáctico y es vulnerada por ese mismo poder fáctico porque su sentido no es regir a quien controla, sino que a los controlados. Y así como el poder fáctico juega con la legalidad y la ilegalidad a su antojo, las comunidades afectadas no se defienden solo con recursos de protección, sino que también con lo que la ley Hinzpeter quiere criminalizar: la lucha social.

Pirquenes, así como Castilla, no puede ser detenida de otra forma que con lucha social. Si las comunidades no se hubiesen organizado para resistir, los titulares del duopolio estarían inventando más proyectos mineros, para que se produjera más energía.