Por A.Baeza
El pasado jueves 19 de noviembre se anunció el adelanto del inicio del toque de queda en el Gran Concepción como medida ante los preocupantes números que presenta la pandemia en la zona que, según el último Informe Epidemiológico del DEIS, tienen al Biobío como la segunda región con más casos activos del país (2.041), con un número apenas inferior a la Metropolitana (2.389), pero con sólo un tercio de su población total.
Una situación realmente preocupante, pues a casi 10 meses de la llegada del virus a nuestro territorio, éste aún está lejos de poder controlarse en su primera ola. Este lamentable escenario se explica esencialmente en relación a que las disposiciones implementadas para controlar la crisis sanitaria han sido del todo infructuosas, o derechamente, un fracaso, siendo el toque de queda la primera medida asumida por este Gobierno en marzo y que, con diversas modificaciones y ajustes, se mantiene vigente en todo el territorio nacional hasta el día de hoy.
El toque de queda no sirve y eso no es una opinión, sino un hecho irrefutable en base a las cifras. Más allá de la inutilidad de imaginarse a militares “agarrando el virus a balazos” como plantean los memes, a todas luces ha resultado ser poco efectivo. Es un sinsentido como medida sanitaria y sólo responde a la necesidad de un gobierno menguante en mantener de alguna forma el control social de la única manera en que al parecer puede sostenerse: con la militarización de las calles.
Este arresto domiciliario nocturno al que tiene sometido a una población que puede salir a trabajar, pero debe volver a la casa a encerrarse, ha resultado evidentemente un fracaso, que implica un desastre sanitario de 20.089 muertes, toda una tragedia humana. Entonces, ¿adelantarlo un par de horas podría producir algún efecto en la crisis sanitaria? Si nos basamos en la experiencia de los últimos meses, evidentemente no. La respuesta pareciera ser entonces la aplicación de una nueva cuarentena en la ciudad, sin embargo, éstas tampoco han resultado efectivas, aunque por motivos distintos, pues nunca ha habido una cuarentena real en Chile.
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La crisis de la precarización laboral está siendo demostrada de manera violenta durante esta pandemia, las cuarantenas fueron siempre a medias y no por el gusto de incumplir o irresponsabilidad adolescente (que sin duda la hay, pero su impacto es poco significante), sino por imperiosa necesidad de trabajar. Con un porcentaje de trabajo informal que este año ha rondado entre el 22,3% y el 28,8% según los datos de la encuesta nacional de empleos del INE, más los trabajadores independientes (o pequeño-propietarios), la maquinaria extractivista que no se detuvo y con el creciente desempleo, se hace muy difícil poder realizar una cuarentena sin una renta básica universal y suficiente garantizada por el Estado, única herramienta para que la población trabajadora realmente pueda suspender su movilidad. Algo difícil de pedir para un país donde la principal ayuda ha sido el retiro de los ahorros de los propios fondos de pensión, pero que debe comenzar a exigirse.
Esta renta debe ser real, no un nuevo “IFE”, política fracasa al ser en extremo focalizada, dejando fuera a la mayoría de la población. Para evitar micros llenas de gente yendo a trabajar deben tener la seguridad que quedándose en casa podrán sostener la vida mientras dure la cuarentena, que por cierto, será más corta si se hace realmente efectiva, como ocurrió en Nueva Zelanda o Corea del Sur, pues las cuarentenas pierden efectividad al extenderse indefinidamente y producen un desgaste sicológico tremendo.
Que sea universal significa para todo el mundo, sin postular, y suficiente que su monto no debe ser inferior a 450 mil pesos, que es la cifra que el mismo Estado de Chile define como la línea de la pobreza. La ortodoxia neoliberal y los habitantes de la burbuja de las “comunas del Rechazo” se preguntarán “¿y de dónde obtendremos recursos para una renta básica?”, pues bien, eso será lo que la discusión democrática y deliberación popular estime convenientes. Ideas hay varias, desde préstamos internacionales, focalización del gasto fiscal (disminuir dinero represión, por ejemplo), reforma tributaria o hasta la nacionalización de recursos naturales. Es hora de comenzar a discutir.
