Durante las últimas semanas se han hecho públicas las presiones y actos de intimidación por parte de las autoridades del gobierno en funciones sobre diversos periodistas y algunos medios de comunicación que han emitido opiniones críticas hacia la gestión gubernamental, o que están realizando investigación periodística que devela asuntos ilícitos protagonizados por personas y entidades ligados al poder. Estos ejercicios periodísticos han motivado el intento de personeros de gobierno, y de los poderes fácticos implicados, por acallar esas voces y obstruir esas investigaciones, así como unas Fuerzas Armadas devenidas en opinólogos de televisión, con generales que deberían asistir a un panel de programa de farándula por sketchs humorísticos. El ejercicio de la libertad de prensa y el peligro de develar verdades, hace que se convierta en una incómoda libertad para quienes detentan el poder y ejercen la función de gobierno haciendo que aflore de inmediato la vocación de censura que les caracteriza.
Sin embargo, esto no es algo nuevo en esta menguada democracia. La censura, la represión, el coartar las libertades de prensa de los medios independientes, limitar el ejercicio del periodismo libre y no obsecuente, reprimir a los medios y las personas que ejercen esa labor desde la vereda de la objetividad y la crítica, ha sido una práctica habitual de los estamentos de poder. Es lo normal, lo acostumbrado para castigar a aquellos que se escapan de la égida del poder económico dominante y que están fuera del alcance de la clase política en su práctica de serviciales administradores del modelo.
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De modo que, seamos claros, estas prácticas por parte del Gobierno y sus aparatos de control no es algo nuevo o que esté recién comenzando a manifestarse en nuestro país. Se ha ejercido recurrente y habitualmente sobre los medios de prensa independientes, lo que ha significado limitaciones efectivas para el ejercicio de la libertad de opinión y de prensa; no sólo eso, sino que se ha traducido en reporteros y periodistas independientes agredidos por las fuerzas represivas, apresados ilegalmente, flagelados por policías y hostigados por fiscalías obedientes de los mandatos del poder económico y político.
Lo novedoso, por así llamarlo, es que ahora los canales y "rostros" hacen pública y rechazan las presiones gobernantes y poderes fácticos en los medios tradicionales de comunicación de masas y habituales servidores de los designios del poder, cuando no directamente parte de consorcios pertenecientes a los grandes grupos económicos que controlan el país, y que hasta hace poco acataban y obedecían cualquier llamado de intento de control. Particularmente notorias han sido las acciones de presión del Gobierno sobre los medios que han denunciado las implicancias de Sebastián Piñera, el presidente en funciones, en turbios negocios en beneficio del consorcio de casinos Enjoy en donde el mandatario tiene parte de sus inversiones, bajo la ficción legal de “fideicomiso ciego”. Por este caso de evidente conflicto de intereses, la Contraloría General de la República inició un proceso de fiscalización sobre el llamado fideicomiso en que Piñera –se supone- tiene congeladas sus inversiones, aunque en este caso no alcance ni para “fideicomiso tuerto”.
Tanto por el episodio Enjoy como por la entrevista al Comandante Ramiro, La Red, afectada por la presión y hostigamiento gubernamental, ha decidido recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno chileno para hacer valer los derechos a la libertad de prensa. De igual modo, los ocupantes del palacio de La Moneda han realizado presiones sobre otros medios por referencias de ciertos conductores de programas televisivos que no han sido condescendientes con el mandatario, haciendo sentir sus malestar a los medios donde se han efectuado comentarios no agradables para la empalagosa vanidad de Piñera, como fue la llamada del mismo Piñera al gerente de Chilevisión por el concepto de "la variante Piñera" que usó el conductor Julio César Rodríguez en alusión al desastroso manejo de la pandemia. El Gobierno cree que la labor de la prensa en ser obsecuente con sus deseos y aduladores de su gestión, cual si se tratase de empleados subordinados de una empresa que están gerenciando, o de simples prestadores de un servicio de marketing publicitario.
Asimismo, la entrevista también en La Red a un prisionero político como Mauricio Hernández Norambuena, algo habitual en cualquier democracia del mundo, también ha sido objeto de la ira de la derecha y del ataque del Gobierno. Las presiones y amenazas no se han hecho esperar. Es así que a las quejas del Gobierno y la UDI, se suma el funcional Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que lejos de defender los derechos a la libertad de prensa, realiza declaraciones de rechazo a esos ejercicios periodísticos y amenaza con represalias hacia los implicados. Igualmente deplorable ha sido la parcialidad de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), que actúa cual si fuese un gremio subordinado de la Subsecretaría de Cultura, tratando de imponer los pauteos de comportamiento entregados por esa repartición; el presidente de Anatel, en lugar de abogar por los derechos de los asociados, se dedica a disculparse con aquellos personeros que ejercen presiones indebidas, intentando descaradamente condicionar el ejercicio de la labor informativa. Sin duda en estos individuos aflora su apego a métodos y costumbres dictatoriales.
Pero las acciones de presión y de censura digitadas desde las esferas de Gobierno y la coalición gobernante, no son las únicas expresiones y muestras de atentado hacia la libertad de prensa y de expresión que se cometen en Chile hoy. También han salido a la luz casos de enorme gravedad que implican actividades de hostigamiento y de espionaje realizadas por entidades del Ejército sobre periodistas y medios de comunicación que han estado informando y realizando investigación periodística acerca del Milicogate, el conocido caso de sucios y corruptos manejos protagonizados por altos oficiales y funcionarios de esa institución. La revelación de estos hechos de espionaje y hostigamiento, que afectaba directamente la labor e integridad de al menos seis periodistas, llevó a que la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana abriera una investigación judicial acerca de estas vulneraciones de la legalidad y de los derechos esenciales de las personas.
La ilícita actividad de espionaje ejecutada por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) constituye un descarado amedrentamiento de esta institución hacia periodistas y reporteros de medios de prensa que investigaban la corrupción de los altos mandos del ejército y de individuos implicados en causas de violación de los derechos humanos. No solo acosan, vigilan, amedrentan a quienes realizan investigación periodística, sino que incurren en más y nuevos actos corruptos al utilizar recursos y medios del Estado para proteger a individuos de uniforme que han incurrido en delitos. De ese modo, pretender garantizarse el privilegio de continuar cometiendo fraudes y desfalcos de recursos públicos en beneficio personal de mandos inescrupulosos.
Peor aún, estos implicados en causas judiciales se han permitido el abuso de realizar actividades de espionaje, intercepciones telefónicas, manipulación de información, obstrucción a la justicia y presiones indebidas, sobre la propia ministra de Corte de Apelaciones que sustancia las diversas aristas del Milicogate. En este caso se da en los hechos la paradoja de “el ladrón detrás del juez”. La misma práctica de espionaje y amedrentamiento han ejercido estos aparatos del Ejército sobre los propios miembros de la institución que denunciaron los actos de corrupción y con ello permitieron que se descubriera este enorme fraude al fisco.
En el Gobierno hacen vista gorda a todos estos atropellos cometidos por instituciones que se supone debieran estar subordinadas al poder político; sin embargo, éste parece alentar estas ilegalidades, particularmente bajo el impulso del exministro de Defensa de esta administración, Alberto Espina, especialista en ver enemigos imaginarios para la “guerra” de Piñera. Por otra parte, a cambio de la utilitaria función represiva que ejercen y cumplen sobre la población estas instituciones uniformadas, los gobernantes optan por otorgarles carta blanca para la comisión de delitos contra el Estado. Los corruptos altos mandos convierten a sus instituciones en parapetos para sus actividades ilícitas y luego en instrumentos para amedrentar a quienes les procesen o les investiguen. En tanto, la clase política, se hace parte de este proceso de descomposición pues también se muestra más ocupada de ejercer su propia podredumbre.
Que los medios empresariales de comunicación son instrumentos de poder que actúan siguiendo los dictados o parámetros de los dueños del poder es una realidad que en Chile constatamos a diario, con particular crudeza en los últimos dos años. Es natural que así sea puesto que esos medios son propiedad de consorcios pertenecientes al gran empresariado que ostenta el poder en nuestro país o de algún conglomerado extranjero. Pero cuando alguno de esos medios se aparta en algo de los dictados del poder y tiende a informar con objetividad y generar opinión propia, arde Troya y comienzan las presiones y amenazas para restablecer la obediencia, la obsecuencia, la sumisión y complicidad.
Desde la visión del poder no existe libertad de prensa ni el ejercicio del periodismo libre, solo les resulta útil aquella prensa que controlan, que dominan, que mandatan y expresa solo lo que al poder le es conveniente y aceptable. En estos episodios recientes han sacado a flote y hacen relucir todo el repertorio de prácticas coercitivas y represivas propias de un régimen dictatorial, aprendidas y heredadas de los oscuros tiempos de la oprobiosa dictadura militar.
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