[resumen.cl] El Estado, a través del Decreto 701, desde 1974, ha financiado una cantidad creciente de faenas propias de las plantaciones forestales, facilitando su expansión. El beneficio de estas bonificaciones, directa o indirectamente, ha terminado en las arcas del gran empresariado forestal, pues si las superficies son de su propiedad, han recibido el dinero correspondiente y, si son de pequeños propietarios, éstos terminan contratando empresas dependientes de las grandes forestales para los trabajos pertinentes y, finalmente, vendiéndole la madera a éstas mismas a los precios impuestos por ellas, en un contexto de oligopsonio.

Desde hace décadas, las alteraciones ambientales de la expansión de monocultivos forestales se evidencian en todo nuestro territorio. Una de éstas es la escasez hídrica en que quedan los terrenos sometidos a estas plantaciones industriales de árboles, los cuales -por ser de rápido crecimiento- extraen grandes cantidades de agua para su desarrollo, provocando una progresiva disminución en los cursos de agua, en las napas subterráneas y en la humedad del ambiente. Otra alteración la representa la combustibilidad adquirida por las zonas forestadas, si se tiene en cuenta que, además de su sequedad, los pinos son especies altamente resinosas que presentan compuestos inflamables como la trementina, mientras que los eucaliptos presentan aceites inflamables como los terpenos.

En el actual contexto de cambio climático global por emisiones antropogénicas de gases invernadero, donde se espera una progresiva reducción de las precipitaciones en todas las estaciones a lo largo de la sección sur de la Cordillera de los Andes, y donde además se proyecta una intensiva degradación ambiental y pérdida de biodiversidad debido a los impactos y el avance general del extractivismo a gran escala en la zona centro-sur de Chile, uno de los peores modelos productivos que se puede sostener en este territorio, son precisamente monocultivos altamente demandantes de agua y recursos. Además de esto, es altamente probable que la industria forestal en Chile no solamente no contribuya a la mitigación del cambio climático como se autopromociona, sino justamente lo contrario: que potencie directamente la catástrofe en curso mediante la degradación y contaminación del suelo (principal reservorio de carbono); mediante las actividades industriales de producción, transporte y distribución de pulpa de celulosa y papel en el mercado global; con la contaminación de cursos de agua y la consecuente privación de esta para comunidades humanas; y con la venta de bonos de carbono que potencia la desregulación de la contaminación emitida por grandes complejos industriales en el hemisferio norte y países del denominado "primer mundo", entre otras actividades e impactos de esta industria, aún no suficientemente estudiados.

En la actualidad, tanto bomberos y como brigadistas de CONAF han reconocido lo dificultoso de su labor, entre otros factores, porque no existen fuentes de agua suficientes para aprovisionar los equipos destinados a extinguir los incendios.

Con el Decreto 701 y la permisión para forestar indiscriminadamente bajo la falacia de control de la erosión y recuperación de suelos, el Estado ha propiciado este desastre y es hora que se implemente una política destinada a revertirlo, para lo cual el territorio debe ser entendido y tratado como un espacio con un ecosistema degradado y frágil. Debido a esto mismo, las prácticas desarrolladas en él deben ser coherentes con criterios de reparación y sustentabilidad. Esto implica que la industria forestal se debe retirar, pues sus métodos convierten en inhabitables los espacios donde, hasta ahora, mal viven nuestras comunidades.

VIDEO EXPLICATIVO DEL DECRETO 701 [extracto de Documental Plantar Pobreza]