Por Felipe Concha Pavez*
Cuando Amnistía Internacional entregó uno de los primeros informes sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto de la “Revuelta Social” chilena el 2019, tanto Carabineros como el Gobierno negaron de forma tajante las acusaciones. El informe titulado, "Chile: Política deliberada para dañar a manifestantes", era claro y conciso: se desarrolló una política discrecional y deliberada para infundir el temor en quienes participaban de las manifestaciones a partir del uso sistemático de la violencia y el terror. Este informe se sumaba a otros provenientes de diversas organizaciones de derechos humanos que, en menos de 3 meses, otorgaban trágicas cifras sobre detenidos, torturados, mutilados y fallecidos por acción de agentes del Estado.
Aún con esta cantidad de información, Carabineros continuó utilizando lacrimógenas, escopetas, el carro lanza-agua (guanaco) y el carro lanza-gases (zorrillo) de forma indiscriminada con tal de asfixiar las movilizaciones.
Las trágicas acciones de Carabineros se llevaron la vida de personas inocentes, gente común y corriente que se manifestaba por algo que parece que en Chile ya hemos olvidado: Justicia.
Ya el 18 de octubre de 2020, con un año desde que se inició el "Estallido", nos indignamos frente al nulo avance en la causas judiciales relacionadas con violaciones a los DD.HH. Más aún, ni siquiera se ha llegado a plantear la reparación y la memoria en programas políticos o de Gobierno.
El poco avance en las investigaciones vinculadas a funcionarios policiales contrasta de forma abismante con la alta cantidad de jóvenes en prisión por fallos judiciales adversos, con pruebas ilegítimas, o que han sido víctimas de tortura y amenaza durante sus detenciones. El falso testimonio de Carabineros produce un sentimiento de rabia e indignación ante la injusticia: es el Leviatán contra la sociedad, la defensa irrestricta del orden público, el costo del desarrollo: la injusticia y la impunidad.
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Y es que pareciera ser que en Chile, nos hemos ido acostumbrando a normalizar el dolor y el abuso. Mientras Gustavo Gatica debe aprender a vivir sin sus ojos, Claudio Crespo, el Carabinero imputado por los disparos que le causaron su mutilación ocular, se mantiene con prisión preventiva, pero una prisión de la misma institución: ¿Por qué alguien que dispara y mutila puede gozar de cárceles especiales a su antojo? Mientras, Mario Acuña, descansa en su cama de Buin tras quedar postrado a raíz de una golpiza propinada por Carabineros, los funcionarios imputados se mantienen en sus funciones, trabajando a diario y ejerciendo su poder sobre la sociedad civil sin ningún control ¿Quien se hará cargo si luego vuelven a asesinar, golpear y dañar a una persona, una familia, un hogar?: Nadie.
Fabiola Campillay, Mario Acuña, Gustavo Gatica. Podríamos continuar llenando un extenso libro con todos los nombres de aquellas/os que han sufrido por quienes aún no comprenden que el ejercicio legítimo de la fuerza tiene como pilar irrestricto el respeto a los derechos humanos. Hoy la justicia y la memoria no deben tardar más. Por ello, debemos demandar el fin de todos los privilegios judiciales que permiten la impunidad y el secretismo, la "pared de Hierro" y la impunidad de aquellos que dicen ser “del débil el protector”.
Mientras la injusticia sea común, y continuemos normalizando el dolor y la violencia de Carabineros y el Estado en contra de quienes se manifiestan, podemos estar seguros que aquellos “inútiles subversivos'' seguirán copando las calles y llenando de esperanza nuestros corazones.
* Historiador. Investigador del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales. Contacto: [email protected]Esta columna forma parte del Informe Anual 2019/2020 sobre el Mapa de Violencia Policial, Movimientos Sociales e Hitos Institucionales elaborado por el área de investigaciones del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP), al cual puedes acceder haciendo clic acá.
