LA LAMENTABLE Y DESASTROZA IMPLEMENTACION DE LAS CARCELES JUVENILES

En junio de este año entró en vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), este es un nuevo marco jurídico que permite encarcelar a menores desde los 14 años de edad,  tan sólo en forma preventiva, por la sospecha de cometer un delito, estableciendo prisión de hasta 6 meses, ampliables dos meses si lo solicita el fiscal. Esta sanción máxima para un menor que se presume inocente fue aplicada en forma inmediata contra el primer niño mapuche detenido tras la implementación de esta nueva ley, a la luz del conflicto que dicho pueblo protagoniza en la provincia de Arauco. Las condenas por otra parte llegan hasta los 10 años y en ningún caso pueden ser inferiores a 2 años de prisión para los delitos definidos como graves.

Todo esto resulta paradójico en un país donde la educación no es un derecho garantizado constitucionalmente; donde cientos de miles de niños y jóvenes denunciaron durante la revolución pingüina las precarias, injustas y discriminatorias condiciones del sistema educativo, donde la infancia y juventud concentran los índices de pobreza y cesantía más altos.

Las organizaciones de funcionarios de gendarmería y trabajadores del Sename encargadas de la implementación de la Ley denunciaron la inexistencia de las condiciones mínimas para su implementación en ninguno de los aspectos (infraestructura, seguridad, implementos, personal y capacitación) y que la propia ley tenia grandes vacíos. Sin embargo el gobierno se obstinó en lanzar la LRPA y trabajadores del Sename hablaron de un nuevo Transantiago. Los sucesivos motines en la V, VI, VII, IX y X Región, en esta última con el trágico saldo de 10 menores muertos, lamentablemente dieron la razón a los trabajadores.

Hoy conversamos con Don Roberto Belmar Presidente Regional de los trabajadores del SENAME, vecino de la Población Cardenal Silva Henríquez de nuestra comuna, sobre la actual situación en las cárceles juveniles y las lecciones de la tragedia de Puerto Montt.

 
P. El ministro de justicia afirmó en el parlamento que las condiciones para la implementación de la Ley estaban dadas ¿Cuál fue la postura de los gremios al respecto?

 R. Las asociaciones de funcionarios manifestaron reiteradamente, en forma precisa, que la información entregada por la Dirección del Servicio Nacional de Menores en cuanto a que existían las condiciones mínimas para la implementación de la Ley era un dato absolutamente errado y contrario con la realidad que cada uno de los funcionarios enfrentaba día a día.  Los gremios hicieron especial hincapié en cuanto a que el Servicio señalaba datos, referente a: capacidad de los centros, adecuada preparación de sus funcionarios, planes de intervención pertinentes y una apropiada capacidad de gestión y organizacional; absolutamente irreales en cuanto a la verdadera situación en que se encontraba el servicio.

Durante los 38 días que mantuvimos la toma del ex CERECO Coronel señalamos siempre lo mismo, las condiciones no estaban dadas.

 
P. ¿Qué piensa usted cuando escucha o lee en los medios de comunicación a las autoridades hablando sobre un sistema de rehabilitación o el afán resocializador de la Ley?

 R. Que es una mentira más de las autoridades, que grafica su propio fracaso. Encarcelan a los jóvenes a los que ellos mismos niegan derechos y cierran puertas desde su más tierna infancia. La solución al problema de la delincuencia no lo encontramos en la construcción de nuevas cárceles ni tampoco llenando hasta el hacinamiento extremo las que actualmente existen, todo lo contrario ellas se convierten en escuelas del delito. Encarcelar por dos años a un niño de 14 años que pudo cometer un error es sentenciar toda su vida como delincuente.

La solución efectiva  a los problemas de la delincuencia es invertir efectivamente en educación y políticas sociales, en generar trabajos dignos y salarios justos, en la medida que la sociedad siga apostando por la desigualdad seguirá aumentando la delincuencia.

 
P. ¿A su entender, a qué se deben los sucesivos motines en las Cárceles Juveniles?

R. Los sucesivos motines en las cárceles se deben esencialmente a la falta de actividades dentro de los centros, al hacinamiento imperante. Los jóvenes de Temuco que carecen de calefacción y que por hacinamiento duermen hasta en el gimnasio, durante su motín se quejaban de no tener talleres ni actividades durante todo el día. 

Una normativa poco clara y contradictoria: te encierro, te quito el más preciado de los derechos: la libertad, pero después me apiado de ti y te victimizo. Esto genera un desorden al interior de estas nuevas cárceles juveniles, a la vez no existe una normativa clara para los centros en cuanto al régimen disciplinario como también las excesivas libertades que se dan al interior de ellos a los jóvenes.

Existe una falta clara de personal debidamente capacitado que atienda a los internos y que tenga por finalidad segregar definitivamente a la población de acuerdo al compromiso  delictual.  La mezcla de jóvenes condenados con imputados, mayores y menores de edad detona conflictos emergentes como los sucedidos en Puerto Montt. Allí en la casa incendiada por los jóvenes compartían jóvenes imputados con condenados, con diversas edades y compromisos delictuales, incluso hubo jóvenes que se salvaron de morir porque no alcanzaron a llegar, pues esa misma instalación se ocupaba para cumplir sanciones de régimen semicerrado que son dadas a jóvenes primerizos y por delitos de menor gravedad, ya que el centro semicerrado de esa región no existe.

Si buscáramos responsables obviamente se encuentran en la Dirección del SENAME y en el Ministerio de Justicia, ya que en innumerables ocasiones se señalaron los problemas de implantación de esta ley al ministro.

 
P. ¿Cuál es la realidad actual de la cárcel juvenil de Coronel comparativamente con las otras donde han ocurrido trágicos sucesos?

 R. La realidad del Centro es muy complicad. Actualmente tenemos más de 90 jóvenes privados de libertad en 8 casas mal implementadas, ya que no existe personal para habilitar las 4 casas restantes; es más en dos casas hay un sólo educador titular ya que el resto de los turnos de trabajo se llenan con puros turnos de refuerzos, pero esto es insostenible. Se espera que de aquí a finales de año hayamos superado la condición máxima para la que fue construida esta cárcel juvenil, 120 jóvenes; y esto pensando que todos tienen el mismo sexo, la misma edad, la misma condición jurídica o cometieron los delitos con la misma motivación.  Me explico: hay 8 casas, pero los imputados legalmente debieran estar separados de los condenados, los menores de edad debieran estar separados de los mayores de edad (esta nueva ley permite que los jóvenes que cometieron delito siendo menores sigan allí cumpliendo sus condenas cuando ya pasaron los 18), las mujeres deberían tener sus secciones específicas tanto para imputadas como para condenadas y ahora último un menor de origen mapuche cuyo delito tiene una motivación de otro carácter debería estar separado de los que llegaron por delitos comunes.

Hoy tenemos la paradoja de tener la enfermería llena con casos de diversa índole como una casa más, jóvenes durmiendo en el piso, una casa donde conviven un condenado mayor de edad, con un imputado mayor de edad, un condenado menor de edad y un joven que esta por protección (residuo de la antigua ley).

Bajo estas características en Coronel están dadas las mismas condiciones que en Puerto Montt o Temuco desde donde nos llegó el instigador del motín. Lo que nos ha librado de tal situación es la experticia de parte importante de los educadores, lograda tras más de 7 años de experiencia. Otro hecho significativo fue la gran movilización que realizó el centro, fuimos los primero en iniciar las movilizaciones y los últimos en dejarla, ello nos permitió alcanzar algunos logros, generar conciencia en la opinión publica de que las condiciones para implantar la ley no estaban dadas. Como ejemplo podemos poner la cárcel juvenil de Temuco, allí antes de cumplir una semana la ley ya había 90 jóvenes presos, su capacidad máxima proyectada, en Coronel en cambio fue un poco menos traumática.  Por lo demás con la Toma de 38 días logramos algunas inversiones en infraestructura y seguridad que nos han permitido palear en parte la situación, sin embargo hoy las carencias de infraestructura y personal hacen insostenible la situación.

 
P. Solo días antes de la tragedia de Puerto Montt, las autoridades regionales: Intendenta, Seremi de Justicia y Director Regional del Sename, manifestaron que las críticas que ustedes realizan tenían una motivación política y que no eran tales los problemas que denunciaban en la última toma que realizaron de su Centro de Trabajo.  ¿Qué piensa de estas opiniones?

 R. Lamentamos como asociación los dichos vertidos por las autoridades, ello no reflejan más que la poca seriedad y responsabilidad de quienes vierten estas declaraciones,  sin embargo esta más que claro a quien cree la opinión publica, las encuestas de opinión son rotundas cuando se pregunta a la población si cree que las condiciones en que se implementa la nueva ley son las adecuadas o no, especialmente en nuestra región, y sin duda esto se debe en parte al trabajo que hemos hecho como trabajadores, abriendo los recintos a la prensa, informando a la comunidad de la problemática existente.  Días antes de los sucesos de Puerto Montt advertimos las fallas de implementación y que podían suceder situaciones como éstas, en ocasiones ya los jóvenes en nuestro propio centro en Coronel habían tratado de provocar incendios. Las autoridades pierden repetidamente el norte de lo que debe ser una adecuada gestión pública al hablar sin fundamento sin conocimiento de causa, se  tiende a minimizar las cosas y engañar a la opinión pública. Creemos que deberían las autoridades estar abocadas a solucionar problemas en lugar de crearlos.

En el caso específico de la intendenta Tohá, siendo la cárcel juvenil de Coronel la única en la región, la segunda a nivel nacional, ella jamás ha visitado las instalaciones para saber en qué condiciones se trabaja efectivamente, ni siquiera tras los sucesos de Puerto Montt, es más, su despreocupación viola incluso la normativa legal, que exige a toda autoridad a responder a las peticiones formales aunque sea en forma negativa, ya que en dos ocasiones hemos solicitado entrevistas formales con ella y en la última se  le pidió su presencia en Coronel, sin embargo ni siquiera se ha dignado en contestar las cartas entregadas el 2 de enero y 12 de octubre de este año, esto ya no es sólo negligencia. Sólo así se pueden entender declaraciones tan enajenadas de la realidad como las realizadas sobre la situación del Sename.

 
P. ¿Algún mensaje como dirigente sindical?

 R. Nosotros en el Sename hemos tenido una experiencia concreta de que la conquista de nuestros derechos y reivindicaciones están por sobre el marco legal existente. Los 38 días de ocupación fueron un ejemplo de ello, en la práctica como funcionarios públicos instalamos un proceso de negociación colectiva el cual tenemos negado por la ley, en esos mismos días y a pocos kilómetros los trabajadores subcontratados de celulosa Arauco hacían lo mismo e instalaban una negociación interempresas, también por fuera de la ley, para nosotros esto son signos importantes, los trabajadores están comenzando a cuestionar las bases sobre las cuales se construye este modelo social injusto; la legalidad laboral hecha por Pinochet para asegurar los privilegios de los poderosos y que la concertación en su esencia ha mantenido.