La LGE se complementa con otras iniciativas como la que crea la Superintendencia de Educación y una Agencia de Calidad, y además la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública.

Sin embargo, este proyecto no ataca la profundidad del problema educativo chileno, pues la libertad de enseñanza, como uno de los principios de las leyes de la educación, no ha sido abolida. La nueva ley de educación asegura el lucro, el Estado continúa relegado a un rol subsidiario, transforma el derecho a la educación en un servicio educacional, cuya prestación se transforma en una oportunidad de negocios, entonces la LGE constituye el perfeccionamiento del sistema privado en la educación.

Las modificaciones residen en algunos puntos:

1. se pone fin a la selección de estudiantes hasta 8º básico mediante pruebas, pero se sigue manteniendo en los hechos la discriminación socioeconómica.

2. no se puede expulsar por bajo rendimiento ni por no pago.

3. se debe admitir embarazadas

4. se establece un sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje sobre estudiantes, docentes y establecimientos.

5. el sostenedor debe poseer un titulo profesional de al menos 8 semestres, organizarse como persona jurídica sin fines de lucro, debe tener una solvencia financiera necesaria, es decir busca promover un proceso de concentración de propiedad. (corporaciones)

6. el reconocimiento estatal se da con el cumplimiento de estos requisitos

7. se compromete la gratuidad desde el primer nivel hasta la media

8. se establecerá un registro de los establecimientos con sus antecedentes

9. establecimiento de un consejo nacional de educación, este es constituido por 13 miembros, de los cuales, a excepción del representante estudiantil, deben ser académicos, docentes o profesionales destacados (art53). Designados por la presidenta y por el ministerio de educación. Sin tomar en cuenta la participación de la comunidad.

La LGE en conjunto con la creación de la superintendencia y la ley de fortalecimiento de la educación pública demuestran la lógica que opera en este gobierno, donde el Estado se desentiende progresivamente de la educación respondiendo a una lógica empresarial (el uso del concepto calidad, el empleo de estándares, son un ejemplo). El ministerio de educación pretende seguir dirigiendo la educación sin intervenir en los procesos educativos y sólo entregando recursos y evaluando resultados, como quien pregunta como va el negocio de la educación.

El estado al no ser responsable de la educación crea instancias burocráticas como la Superintendencia, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad y más y más comisiones.

Por último, estos proyectos no consideran la participación, de los actores educativos y menos el de las organizaciones sociales de cada comunidad, las cuales tienen mucho que decir con respecto a la educación que quieren para si.