Una de las primeras impresiones que podemos llevarnos de la apacible comuna de Tomé es su singular geografía azarosa y sus diversas playas, sectores rurales, barrios históricos y cerros que la convierten en un puñado de habitantes dispersos por doquier, tanto en el centro urbano de la comuna como en sus puntos más alejados.

Tal condición, la coloca en desventaja ante los nuevos desafíos de logística y conectividad que enfrenta la golpeada comuna con un índice de cesantía cercano al 18,7 %, lo que sumado al cierre de la Textil Bellavista, que en 2008 dejó sin empleo a 650 trabajadores y sus respectivas familias, ha empujado a la fuerza de trabajo a desplazarse a las grandes ciudades (Concepción, Talcahuano) en busca de nuevas oportunidades; con una consecuente y obvia externalidad negativa: transportarse de una comuna a otra y desembolsar parte del salario en pasajes, el cual antes no se destinaba a dicho ítem (o bien, se destinaba mínimamente). Sumado a esto, Tomé cuenta con 2.199 jóvenes que deben trasladarse a Concepción y sus conurbaciones por motivos de estudio, e incluso a veces de trabajo.

Las movilizaciones del año 2011 y la organización popular: ¡no más alzas ni abusos!

El año 2011 en Tomé, estudiantes y pobladores marcaron un hito que rompió el letargo de años anteriores: se movilizaron y salieron a la calle por un Transporte digno, tarifa justa, mejoras en trayectos y frecuencia, y no más atropellos a estudiantes, mujeres embarazadas y tercera edad, verdaderos parias de la “plutocracia” que se da casi naturalmente arriba de un bus (quien más paga, mayores preferencias tiene).

Ante las arbitrarias y constantes alzas de tarifa, que sitúan nuestro pasaje entre los más caros de la región; los constantes problemas que sufren estudiantes y trabajadores con la frecuencia y recorridos en horarios peak; el trato vejatorio hacia quienes gozan de franquicias (estudiantes, embarazadas, tercera edad); el hacinamiento indigno en los buses; y las oscuras prácticas de la Federación de Buses (concertación de precios); la consigna de estudiantes universitarios y secundarios, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y profesores fue una sola: Lucha y Organización.

Durante los meses de marzo, abril y mayo el pueblo tomecino se dotó temporalmente de un espacio popular de participación, democrático e inclusivo, que se reunió constantemente en asambleas en torno a esta reivindicación, y que aglutinó a estudiantes y pobladores, todos usuarios del sistema, para concertar diversas actividades de movilización y agitación (charlas, asambleas públicas en el conocido “Vagón” y meetings en espacios públicos).

Con posterioridad, ante la falta de atención por parte de las autoridades, la paciencia se agotó y la asamblea que se reunía los domingos en el “Vagón” tomó la decisión de pedir y proponer en la calle lo que no se oía en los pasillos del Ministerio de Transporte ni en la Municipalidad.

Las históricas jornadas de protesta popular del 29 de abril y 12 de mayo fueron respondidas por el gobierno con un contingente policial que reprimió duramente a quienes se atrevieron a salir a la calle, con un saldo total de 49 compañeros detenidos. La demanda del pueblo tomecino fue además desoída por el alcalde de turno, el señor Eduardo Aguilera, quien curiosamente realiza año tras año su campaña electoral en las instalaciones de la empresa EME BUS, una de las 7 empresas que operan en los recorridos,  la más importante del rubro en la comuna.

La inoperancia de parte del Concejo Municipal también pudo manifestarse, desde que en las mencionadas asambleas populares pudo contarse con la presencia de dos de sus integrantes; don Humberto Quezada y la señora Ivonne Rivas (militantes del PC y la DC respectivamente), quienes no pudieron hacer frente a los requerimientos de quienes los habían elegido en las urnas para “representarlos”, mostrándose nada receptivos en torno al conflicto.

Ante el conflicto, la siempre esperada “mesa de trabajo” llegó. En los días que mediaron ambas jornadas de protesta, los estudiantes y pobladores movilizados se reunieron con Claudio Silva, actual SEREMI de Transportes, pero como es la tónica y la lógica operativa de los personeros de gobierno, dicho espacio se estancó y no se atendió a las demandas de fondo: tarifa justa, mayor conectividad y no más abusos. Finalmente, se concertaron nuevos encuentros para forjar una mesa de trabajo conjunta, pero dicha instancia jamás se concretó.

Subsidios Compensatorios del Transantiago ¿rebaja de tarifa o fraude de subvenciones?

Recientemente se asignaron recursos a la comuna de Tomé (Subsidios Compensatorios del Transantiago) para rebajas en la tarifa estudiantil. Dichos fondos no están siendo utilizados por el empresariado, lo cual constituye un delito denominado “fraude de subvenciones”, castigado por el Código Penal en su artículo 460 N° 8, que sanciona a “los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco […] prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas”.

La idea central de esta asignación de recursos, como señaló a diversos medio el SEREMI Claudio Silva, era mantener la tarifa estudiantil en un valor equivalente al 33% de la tarifa adulta (como ocurre en el sistema licitado), esto es $230 estudiantes y $700 tarifa normal, para así paliar el 40-50% que por decreto podrían cobrar en un trayecto de tipo rural, como lo es Tomé. Mas, 6 empresas, exceptuando a “Ruta Marina”, han recurrido al resquicio de estampar un tarifado ficticio de $750 nominal, pero cobrando de facto y en realidad, la suma de $700. En síntesis, negocio redondo para el propietario de los buses: se apropia del subsidio, quedándoselo y se sigue cobrando la misma tarifa.

Nuevamente la filosofía del Estado Subsidiario manifiesta sus contradicciones, demostrándose que la lógica de inyecciones al sector privado y la esperanza de que invertirán racionalmente y con eficiencia sus recursos y los asignados por el Estado, redunda en un verdadero fracaso.

Desde una perspectiva estratégica y política, la rebaja vía subsidios, con dineros de todos los chilenos y tomecinos, representa una pequeña victoria táctica del movimiento por el transporte del año 2011, que recoge parcialmente la demanda por una tarifa al alcance de la familia tomecina promedio; pero que reproduce la lógica bastarda de subsidiar, pero no garantizar; de fortalecer el negocio privado y el interés individual en pos de quizás, y sólo quizás fortalecer el interés colectivo.

Lo que se viene: Plan de Mejoramiento y Ordenamiento Tomé-Concepción ¿mejoras para quién?

Durante el 2012, y muy probablemente, haciéndose cargo (parcialmente) de las demandas del año pasado, pero bajo una óptica pro-empresarial, la SEREMI de Transporte ha anunciado importantes cambios en el sistema de transporte para las comunas de Lota, Coronel y Concepción. En palabras de Claudio Silva (información obtenida vía Ley de Transparencia) se resalta que “resulta necesario disponer condiciones específicas de operación y de uso de vías, a los servicios rurales prestados por los buses del tramo Tomé-Concepción, de modo de mejorar las condiciones de operación de este modo de transporte público, permitiendo de igual forma hacer frente de manera adecuada a las externalidades negativas, que hoy en día están presentes en los servicios de transporte público que operan y disponen de cierto grado de ordenamiento”. Entre las medidas adoptadas se encuentran: 1. seguros de vida para conductores, de cargo del operador 2. capacitaciones y uniformes 3. boletas o póliza de garantía que sancionen incumplimientos de buen servicio 4.  pintado de buses 5. paraderos diferidos y exclusivos 6. regulación de tarifas.

Según lo expresado por la autoridad señalada en el Concejo Municipal del 8 de mayo, “la regulación de tarifa se hará según comportamiento de operación de buses y condiciones de economía, nunca más las líneas de buses de Tomé subirán la tarifa en forma arbitraria y la SEREMI de transportes será la encargada de la regulación de valores de pasajes”. La regulación definirá la tarifa a través del polinomio de cálculo (formula que refleja los gastos operacionales del transporte) que será el mecanismo de reajustabilidad en el sistema: actualmente, la autoridad no tiene ninguna fórmula para limitar el cambio arbitrario de tarifa. Según dijo, cuando se establezca el polinomio de cálculo tendrán que avisar las alzas con un mes de anticipación a la SEREMI de Transportes y los usuarios.

Pese a los apoteósicos anuncios de mejoras en el servicio, es menester prestar atención a los detalles y estudios que motivan esta nueva regulación en general: la denominada “letra chica”.

Si bien se regulará la tarifa a través de un polinomio, aún no se conoce el detalle de esta fórmula matemática, que por cierto podría establecer una tarifa por sobre el promedio actualmente cobrado o bien la misma, lo que conlleva a preguntarnos ¿Qué finalidad tiene este método si no redunda en beneficio alguno para el usuario? Y de establecerse una tarifa excesiva ¿se recurrirá nuevamente a la lógica de la inyección monetaria subsidiaria, manteniendo el pasaje estable y las arcas empresariales con beneficios que antes del polinomio siquiera tenían? ¿Qué tanta transparencia puede ofrecer el mercado, el ejercicio del negocio transportista, como para que el polinomio sea realmente una fórmula que fije una tarifa justa acorde a la realidad socioeconómica local y no esté hecho a su medida? Preguntas que quedarán sin responder de momento, dado que ni siquiera se ha dictado aún el Decreto que establezca estas nuevas condiciones de operación.

Y peor aún, desmembrando el informe técnico que avala este “Plan” de la SEREMITT, se indica soslayadamente que, a juicio de la repartición, “los usuarios han manifestado una urgente necesidad de mejorar y controlar algunos aspectos operativos”, poniendo en duda la real atención de la lucha del año 2011 por parte de las autoridades. ¿Es que acaso los tan manoseados “usuarios” exigieron mejoras operativas? ¿Dónde quedó la conectividad de los sectores y poblaciones postergados con nula conectividad,  o que deben abordar de 2 a 3 vehículos (taxi, colectivo, bus, etc) para llegar a sus destinos? Nada se menciona sobre este punto, y al parecer los habitantes de El Santo, Cerro Estanque, Bellavista, Centenario, Dichato y Rafael no pueden esperar más. Ni tampoco seguir viajando cuan ganado en las horas punta, una crítica situación que difícilmente ha sido cubierta por los privados ni mucho menos por los anteriores gobiernos y el actual.

Más suspicacias genera aún otra conclusión vertida por la SEREMITT, al reconocer que “los actuales operadores han expresado a esta Secretaría Regional una urgente necesidad de implementar medidas de ordenamiento, y a su vez han implementado algunas medidas en base a acuerdos”. De esta forma se pone en entredicho la posición que adopta la SEREMITT en relación a la problemática, expresándose tácitamente la facilidad para alcanzar acuerdos gobierno-empresarios, pero la nula o baja capacidad y voluntad para generar una política pública con un enfoque social y desde la perspectiva de trabajadores, pobladores y estudiantes que sufren los malestares del modelo. De manera que el Estado termina actuando como protector y patio trasero de gestión y administración de los problemas de los privados, sin una visión de largo plazo.

Ante el silencio sepulcral del Municipio y al estado de alerta de las organizaciones sociales de estudiantes y pobladores, no hay nada zanjado de momento. Dada las actuales circunstancias, en Chile no existen mesas de trabajo directo y de influencia en las decisiones adoptadas por autoridades y empresarios; lo que una vez más empujará al Pueblo pobre de Tomé a la lucha y la organización y a la creación de atisbos de poder, de contrapoder propio, construidos desde abajo, y por los de abajo.

Tomecinos presentan requerimiento a Contraloría Regional por uso indebido de recursos fiscales asignados a rebaja de tarifa escolar