Seis meses duró la mesa de trabajo que pretendía cambiar las relaciones laborales en el Puerto de San Antonio. Por un lado estaba Puerto Central S.A., sociedad de los grupos Matte y Angelini. Por el otro, Sergio Vargas, el hombre fuerte del sindicalismo portuario chileno. Era una pelea por el control de “la nombrada” del principal terminal marítimo del país; la lucha de quién tiene el poder sobre los trabajadores. Al mismo tiempo, la empresa negociaba con una nueva federación que socavó el movimiento gremial de San Antonio, a espaldas incluso del mediador que había contratado.

El 25 de enero de 2014 fue el último día de Sergio Vargas en la cima del movimiento sindical portuario chileno. Para entonces llevaba 20 días a la cabeza de un paro que comenzó en el Puerto de San Antonio y que terminó paralizando por completo las faenas en los terminales marítimos de Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Panul, San Vicente, Lirquén, Coronel y Penco. Los trabajadores exigían el pago retroactivo del bono de colación al que no habían tenido derecho desde 2005  y una pensión para aquellos que por su edad ya no podían realizar tareas peligrosas. Mientras los días pasaban, los efectos de la movilizaciónse hacían cada vez más notorios y millonarios. Miles de camiones parados en todo el país a la espera de que se liberaran las cargas de los muelles. En la Zona Franca de Iquique calculaban pérdidas por US$ 300 millones y los exportadores de fruta estimaban una merma que bordeaba los US$ 200 millones. La movilización había puesto en jaque a gran parte del sector productivo nacional y de paso, al gobierno de Sebastián Piñera a tan sólo dos meses de que acabara su mandato. Ese sábado por la mañana, cuando firmó el acuerdo que puso fin al paro, Vargas tenía más poder que nunca. No lo sabía, pero comenzaba la cuenta regresiva de su caída.

Sergio Vargas

Jaime García Aguilera fue el consultor independiente que contrató el gobierno para actuar de mediador en las negociaciones. Autor de tres libros sobre relaciones laborales y profesor de Negociación y Relaciones en la escuela de postgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez, su nombre nunca fue mencionado públicamente. Pero sus gestiones fueron clave para lograr el acuerdo que estableció el pago de $1,5 millones a cada trabajador movilizado, el diseño de un proyecto de ley corta que estableciera los mecanismos para cancelar la deuda por colación, y la preparación de otro proyecto legislativo que modernizara el sector portuario y regulara las relaciones laborales a futuro. Aunque a regañadientes, los trabajadores, el gobierno y las empresas portuarias aprobaron cada una de las cláusulas. Pero la resolución final fue extraña: ninguna de las partes accedió a firmar el documento de la otra. Después de dos días de negociaciones en el sexto piso del Ministerio del Trabajo, la huelga terminó con una carta de compromisos del gobierno que sólo firmaron el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; un texto redactado y firmado sólo por los dirigentes sindicales de la organización nacional de trabajadores portuarios, más conocida como Unión Portuaria, de la cual Vargas era vocero y uno de sus articuladores; y otras nueve cartas, una por cada empresa, donde los empleadores se comprometían a respetar lo acordado (ver cartas de empresas).

Al día siguiente, los trabajadores volvieron a sus faenas en las mismas condiciones previas al paro, tal como se había pactado. En todos los puertos se reanudaron los trabajos, pero no en el frente de atraque Costanera Espigón de San Antonio. Así lo decidieron los directivos de Puerto Central S.A. (PCE), la empresa cuya propiedad comparten los grupos Matte y Angelini y que en 2010 se adjudicó su concesión. Cuando Sergio Vargas y su grupo llegaron a cumplir sus turnos, se encontraron con un puerto cerrado. Así se mantuvo por tres días. El 27 de enero los trabajadores nuevamente se tomaron el terminal.

Jaime García contó a CIPER que apenas se enteró del nuevo conflicto, llamó a Aldo Signorelli, gerente general de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), quien le explicó que se trataba de “un gallito” entre la compañía que pertenece a dos de los mayores grupos económicos de Chile y la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios Eventuales y Contratados (Fetrampec), que preside Vargas. Entonces comenzó una nueva negociación que derivó en la creación de una mesa de trabajo integrada por Rodrigo Olea y Marcela Araneda, gerente general y jefa de recursos humanos de PCE; los dirigentes de la Fetrampec Sergio Vargas, Raúl Gaete y Raúl González; un representante de EPSA como facilitador y García como mediador independiente.

Sin temas vetados, la mesa de trabajo que se constituyó en marzo parecía al comienzo ser la solución a los conflictos laborales en el puerto de San Antonio. Al menos así lo presentó Jaime García en el proyecto “privado y confidencial” que ofreció a PCE. Pero terminó siendo algo muy distinto: el inicio de una ofensiva silenciosa que acabaría con el liderazgo de Vargas y quebraría el movimiento sindical portuario de San Antonio, con acciones que forman parte de una denuncia contra PCE presentada esta semana en el Juzgado del Trabajo de esa ciudad por prácticas antisindicales (ver denuncia).

“Yo lo resumiría así: la empresa PCE jugó siempre a dos bandas. Plan A, a través de la mesa de trabajo. Plan B, infiltrando a través de la creación de una nueva Federación (…) Finalmente todo resultó una trampa”, escribiría García en un correo electrónico que meses después envió a los dirigentes de Fetrampec, cuando se percató de que ya no habría acuerdo entre los trabajadores y la empresa ni mucho menos vuelta atrás. Si bien García fue contratado por PCE para realizar la intermediación, hoy se siente traicionado porque la empresa negoció por a sus espaldas mientras él daba garantías de buena fe en la mesa con los dirigentes.

CIPER se contactó con Rodrigo Olea para conocer la versión de la empresa, pero se negó a conversar sobre el tema argumentando que su foco estaba en los proyectos de PCE y en el futuro del puerto de San Antonio.

LA PELEA POR EL CONTROL DE LA NOMBRADA

Las relaciones laborales en los puertos son distintas a cualquier otro sector. La gran mayoría de los trabajadores portuarios cuenta con contratos de carácter eventual, cuya duración es de apenas unas horas: parte cuando se inicia un turno y termina cuando se acaba. El mismo documento es a la vez contrato y finiquito. Por lo tanto, no genera derechos asociados a un vínculo permanente con la empresa, como indemnizaciones por antigüedad o feriados. Para enfrentar esa precariedad y equilibrar la relación con los empleadores, hace décadas se diseñó un sistema de asignación de turnos dominado por los sindicatos. Se le conoce como la nombrada. Quien la controla, domina la fuerza de trabajo en el terminal. Y es allí es donde radicaba el poder de la Fetrampec y su presidente, Sergio Vargas: en el puerto que concentra casi el 40% de la transferencia de carga del país, ellos decidían quién trabajaba y quién no. Si se les quitaba eso, ni el dirigente ni su federación podrían volver a ser un contrapeso.

Rodrigo Olea, gerente general de PCE

-Con la nombrada los sindicatos dominábamos cómo se distribuía el trabajo en el puerto. La empresa distribuía los turnos y nos hacía pedidos según sus necesidades. Pedían cierto número de supervisores, capataces, señaleros u otros, según requiriera la faena. Revisábamos la lista de nuestra gente donde aparecía quién trabajaba y en qué especialidad y los asignábamos en forma correlativa: si un viejo hacía un turno, el siguiente lo haría quien le seguía en la nómina. Era algo súper democrático. Nos permitía asegurar que habría trabajo para todos, que se repartiría equitativamente y que no trajeran gente de afuera a hacer nuestro trabajo. Éramos los dueños de la mano de obra –explica a CIPER Sergio Vargas.

Con la seguridad de quien tiene la nombrada bajo control, Vargas se paró minutos antes de dar inicio a la mesa de trabajo ante el nuevo presidente del directorio de PCE, Roberto Zilleruelo, y le dijo: “Los dueños del puerto somos nosotros. Ustedes pueden llevar dos, cinco o 20 años aquí, pero los trabajadores llevamos 200”, según recuerda García. Era el 1 de marzo. Zilleruelo, quien además es gerente general de Pulogsa S.A. –la matriz portuaria del Grupo Matte–, llevaba apenas unos meses a la cabeza de PCE, pero conocía muy bien el negocio.

Entre octubre de 2005 y marzo de 2010, Zilleruelo fue gerente general de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A., de la familia Von Appen. De hecho, es sindicado por algunos dirigentes porteños como el responsable del debilitamiento del sindicalismo de Valparaíso, mediante tratos comerciales con dirigentes. Vargas asegura que la primera vez que se reunieron, Zilleruelo le ofreció un jugoso fondo de retiro para que abandonara definitivamente el puerto y el sindicalismo. El dirigente de la Fetrampec lo rechazó y dice que desde entonces desconfía de él. También afirma que todo lo que ocurrió después fue orquestado por Zilleruelo desde el directorio de PCE. Se refiere a cómo la empresa de los grupos Matte y Angelini habría financiado y propiciado el surgimiento de una nueva federación de trabajadores portuarios en San Antonio y modificado arbitrariamente las condiciones laborales en el frente de atraque Costanera Espigón, mientras paralelamente se desarrollaba una mesa de trabajo que ya desde su constitución estaba condenada al fracaso.

LA MESA, LAS ACTAS Y LA “DISIDENCIA”

El 4 de abril los miembros de la mesa se reunieron por tercera vez. Días antes, en la segunda sesión que se llevó a cabo en la oficina de Convergente –la consultora de Jaime García–, hablaron sobre seguridad portuaria y decidieron que Aldo Signorelli ya no participaría en el grupo de trabajo como facilitador de EPSA, por no ser confiable a ojos de los dirigentes de Fetrampec y por ausentarse de las primeras dos reuniones. Para este tercer encuentro habían elegido un lugar neutro: la Viña Matetic. Fue allí que por primera vez Sergio Vargas puso sobre la mesa el conflicto que en los últimos días se había gestado en el terminal: un grupo de supuestos “descolgados” de la Fetrampec impulsaba la creación de su propia federación. Vargas acusaba a la concesionaria de Costanera Espigón de estar detrás de esa “disidencia”, no sólo a través de soporte financiero, sino que organizando el movimiento desde sus bases. Amenazó con parar nuevamente el puerto si PCE seguía apoyándolos.

La jefa de recursos humanos, Marcela Araneda, negó varias veces que la empresa tuviera algo que ver en todo eso. Lo mismo hizo el gerente general, Rodrigo Olea: “Ni yo ni la empresa tenemos ninguna capacidad de maniobra para armar sindicatos ni federaciones de trabajadores, ya que ello es ilegal y una práctica antisindical”, dijo según el acta de esa reunión. También afirmó que todo se trataba de un problema entre trabajadores y que no era interés de PCE involucrarse. Vargas le recalcó que no pueden negociar con ningún sindicato que no forme parte de la Fetrampec. Dice el acta: “PCE no tiene comentarios respecto de esta nueva advertencia”.

Las actas de la mesa de trabajo a las que tuvo acceso CIPER dan cuenta de que el conflicto escaló rápidamente y se convirtió en un claro obstáculo para alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Aunque había otros tópicos en discusión, en la mesa era un tema recurrente, y el nombre de Diego Silva, el líder del nuevo movimiento, comenzó a penar como un fantasma en las sesiones de trabajo. Sobre todo cuando la Dirección del Trabajo los reconoció a mediados de abril como la Federación de Trabajadores Marítimo Portuarios de la Costanera Espigón (Fetraportces).

A la siguiente reunión, el 7 de abril, García le preguntó a Vargas: “¿Qué le preocupa de la nueva organización que se está formando?”

-Que a estos 70 trabajadores los llame PCE y se ganen la nombrada –respondió el dirigente.

DIEGO SILVA, EL VIEJO AMIGO

Diego Silva era presidente del sindicato de aforistas de San Antonio, secretario de la Fetrampec y hasta hacía poco, parte del círculo de confianza de Sergio Vargas. Ambos se conocieron en el Cerro Placilla, donde crecieron con sus familias, pero se hicieron cercanos en el trabajo sindical. Silva contó a CIPER que viajó junto a Vargas por todo Chile, y que fue él quien le presentó a los demás dirigentes nacionales. También dice que tomó la decisión de separarse de la Fetrampec junto a un grupo de “gente de choque” por la forma en que Vargas administraba la nombrada. Lo acusa de distribuir turnos sólo a sus adherentes, de eliminar discrecionalmente a personas de las listas y de haber instalado una dictadura en Costanera Espigón.

Diego Silva

Así fue que se desató una guerra entre la Fetraportces de Silva y la Fetrampec de Vargas por los cupos de trabajo en Costanera Espigón de San Antonio y el control de la nombrada. La situación se puso violenta. García cuenta que en mayo, Silva y otros cuatro miembros de su federación lo encararon y amedrentaron mientras almorzaba en un restaurant junto a Marcela Araneda. Silva estaba acompañado por Marcelo Muñoz, encargado de comunicaciones de PCE, y eso quedó al día siguiente consignado en un acta. Ese mismo mes Fetraportces se tomó por una noche y a la fuerza los accesos del puerto, con barricadas con neumáticos encendidos, no en protesta contra la empresa, sino contra Vargas. Y tres trabajadores de Fetrampec denunciaron un ataque con palos y fierros a fines de julio. Los agresores estaban todos encapuchados menos uno, que aseguran era un ex dirigente de sus filas, hoy hombre de confianza de Silva. Luego, en agosto, Fetraportces de nuevo se tomó el puerto y hubo un enfrentamiento con palos, golpes y patadas con trabajadores del bando de Vargas. Y en octubre fue el mismo Vargas quien denunció públicamente que le balearon la casa.

Al preguntarle por los episodios de violencia, Silva respondió a CIPER que “en el puerto tiene que pasar lo que tiene que pasar. Siempre ha sido así. Yo no lo niego. Actos de violencia han salido y van a seguir saliendo”.

-Nosotros somos portuarios antiguos, y las federaciones de portuarios son de fuerza, de choque y de guerra. Si decimos que vamos a parar El Espigón, se para. Lo que pasa es que Sergio Vargas perdió a su gente de choque. Cuando nos tomamos el puerto, él escapó a los cerros como un ratón. Nunca bajó a enfrentarse con nosotros. En cambio mandó a su gente y se quedó en la calle 21 de mayo, viendo desde lejos como sus trabajadores peleaban –agrega Diego Silva.

Mientras todo eso ocurría, la mesa de trabajo seguía funcionando. Durante todo ese tiempo los representantes de la empresa negaron cualquier rol en la creación de Fetraportces, pero el mismo Silva reconoce a CIPER que mientras negociaban con la Fetrampec, PCE les pagaba cursos de capacitación. También reconoce que tiene nexos comerciales con la concesionaria a través de Port Services, la empresa individual de su esposa que le presta servicios a PCE y donde él figura como jefe de operaciones (ver sitio web). Y además, Silva y el gerente general Olea mantuvieron negociaciones en paralelo para el control de la nombrada y la contratación de parte de su gente.

MEDIACIÓN FALLIDA

El trabajo de mediación que llevó adelante Jaime García se dividió en dos etapas. La primera fue entre marzo y junio y constó de nueve reuniones donde además de los conflictos con la nueva federación, se trataron varios temas. Uno de ellos fue la nombrada, que la empresa quería controlar y que Vargas y su gente no estaban dispuestos a soltar. Otro fue la contratación de los trabajadores, que pasarían a ser empleados de Muellaje Central S.A. (MCE), la empresa filial de PCE encargada de la logística en el puerto. La empresa ofrecía 340 contratos individuales y la organización de Vargas pedía contrato colectivo para sus 506 miembros. “O todos o ninguno”, decían los dirigentes de Fetrampec. Se habló también de seguridad en las faenas, de programas de capacitación y de cómo tanto la empresa como los trabajadores están interesados en hacer de Costanera Espigón el puerto más eficiente, moderno y competitivo del Pacífico Sur. Se entregaron también documentos, estudios e informes. También una lista con el nombre de los dirigentes de Fetrampec. Al terminar esa primera etapa, García envió un informe a PCE donde señala los principales logros de la mesa y los desafíos que  quedan pendientes.

La segunda etapa se centró en la definición de un acuerdo que pusiera fin al trabajo. Se realizaron 10 borradores de protocolos. En su revisión participó el abogado de Pulogsa (grupo Matte), Pedro Sepúlveda. La última versión que el abogado le envió a García fue el 8 de agosto, e incluye varias propuestas sobre el número de puestos de trabajo disponibles a la fecha y a futuro, modalidades de contratación, normas de disciplina, mecanismos de capacitación y criterios para una correcta administración de la nombrada, la que seguía parcialmente en manos de Fetrampec, pero cogestionada con la empresa. Como lo demuestra una serie de emails, García propuso eliminar la participación de MCE en la nombrada, por no estar dadas las condiciones. Sin embargo, Roberto Zilleruelo no estaba de acuerdo en que la distribución de los turnos siguiera sin participación de la empresa y se negó a que el documento fuera modificado.

Por esos días, Diego Silva pactó con PCE la contratación de 25 miembros de su sindicato de aforistas y la creación de otros 25 cupos para trabajadores eventuales de Fetraportces. Después vino la toma del puerto por parte de Silva y su grupo para presionar a que Vargas ceda ante la empresa y firme el acuerdo. Fue entonces que se dieron los enfrentamientos con Fetrampec. Luego, el 11 de septiembre, todo se vino abajo para Vargas y los suyos.

VARGAS AL SUELO

El 10 de septiembre, y con el puerto bloqueado por el grupo de Diego Silva, Jaime García realizó las últimas gestiones para alcanzar un acuerdo. Primero se comunicó con Sergio Vargas, Raúl González y Raúl Gaete, quienes le dijeron que sí, que firmarían el protocolo si tan sólo se eliminaban las cláusulas que otorgan poder a la empresa sobre la nombrada. Luego le escribió al abogado Sepúlveda. Pero éste le dijo que no estaban dispuestos a eliminar esas condiciones, por lo que “constatamos que no hay acuerdo”.

Al día siguiente, García, Vargas y los demás trabajadores de Fetrampec corroboraron por la prensa que la mesa de trabajo definitivamente se había acabado. El 11 de septiembre, PCE hizo un llamado público para iniciar la contratación masiva de trabajadores: “Estamos ofreciendo contratos de trabajo permanentes e indefinidos, con previsión y salud, con capacitación para operar un puerto de alta tecnología en forma moderna y segura. Vamos a privilegiar la contratación de trabajadores portuarios eventuales del espigón y trabajadores que vivan en San Antonio. También privilegiaremos a mujeres trabajadoras vecinas de San Antonio”.

La conclusión era una sola: la empresa le había arrebatado la nombrada a Fetrampec. Sergio Vargas quedaba sin piso en el puerto de San Antonio. Junto a los suyos marchó ese día hasta la Torre Bioceánica, donde están las oficinas de PCE. Al mismo tiempo, la empresa firmaba con la federación de Diego Silva un acuerdo para desbloquear el puerto, en toma desde el 28 de agosto. Les dieron 115 cupos de trabajo, un aguinaldo de $100.000 para los socios de Fetraportces y un préstamo blando por otros $400.000.

Días después, la asamblea de Fetrampec liberó a sus bases para acudir a la contratación. No los contrataron a todos. Vargas cuenta que al principio eran 100 los trabajadores que quedaban fuera por ser parte de Fetrampec. “Le siguió una lista de 70 personas que por ningún motivo iban a contratar. Después eran 40. Fui a hablar con el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, quien me dijo que en reunión con la ministra Javiera Blanco, Bernardo Larraín Matte, director de Pulogsa, había decidido que ni los dirigentes ni los 40 de la lista serían contratados; que era la lista de indeseables. Personas que hemos trabajado toda nuestra vida en el puerto nos convertimos en los indeseables de PCE”, dice Vargas.

Sergio Vargas, Raúl González, Raúl Gaete y otros 32 ex trabajadores de la Costanera Espigón –entre ellos varios de los dirigentes de la lista que le entregaron a PCE en la mesa de trabajo– presentaron el pasado martes 25 de noviembre una querella contra PCE y MCE por prácticas antisindicales, denunciando paso a paso cómo se fue gestando su caída. Todos ellos están hoy sin trabajo. Mientras espera que se active el proceso judicial, Vargas recuerda el paro nacional de enero de este año, cuando estaba en la cima y era el hombre fuerte del sindicalismo portuario.

-Creo que con ese paro las empresas y el gobierno se dieron cuenta de que San Antonio iba a ser el líder del movimiento portuario a nivel nacional. Ahora todo está raro, todo se vino abajo. Siempre pensamos que la Unión Portuaria era un dragón de siete cabezas, y que si le cortaban una, el dragón seguía vivo y peleando. Lo peor que pudimos haber hecho fue concentrar el poder del movimiento en una persona, y lamentablemente parece que eso hicimos. Ahora lo que tenemos es una desarticulación total del movimiento –dice.

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