La pandemia del coronavirus que afecta gravemente la salubridad pública del país obliga a repensar el calendario de elecciones que el SERVEL tiene organizadas para el curso del presente año. En lo inmediato, el acto eleccionario del próximo 10 y 11 de abril está cuestionado en los hechos por los altos índices de contagios que se han registrado en las últimas semanas y su realización representa un grave riesgo tanto para la salud pública como para la transparencia de la política nacional. La compleja situación sanitaria torna en necesidad imperiosa la postergación del proceso electoral de abril para una fecha ulterior que sea razonablemente más propicia.
Los factores que aconsejan posponer el evento de abril son bastante simples pero graves y evidentes. Por una parte, el desastroso manejo que ha tenido el Gobierno y el Minsal para tratar de impedir la propagación de contagios se ha reflejado durante el curso de este mes de marzo en un aumento descontrolado de las personas contagiadas, además de un penoso incremento de las personas fallecidas a causa del Covid-19. A ello se agrega la tardía e ineficiente adopción de medidas tendientes a frenar la caótica situación por parte de las autoridades, lo que conlleva a que sea una necesidad prioritaria y de urgente resolución poner atajo a la propagación de contagios y controlar los daños de la pandemia. En esas condiciones resulta del todo incoherente insistir en realizar un proceso eleccionario que solo aumenta las posibilidades de profundizar el desastre que enfrentamos.
No resulta entendible la terquedad del Gobierno en pretender que, de cualquier manera, se realice el evento electoral en circunstancias que el año recién pasado no tuvo mayores reparos en postergar la realización del plebiscito previsto inicialmente para abril 2020 y posponerlo para el mes de octubre. Ello en un contexto en que la pandemia no adquiría aún los índices de peligrosidad que hoy reviste, ni provocaba la magnitud de daños humanos que hoy causa. Más aún, tanto en abril como en octubre del año anterior el escenario de pandemia era mucho menos riesgoso de lo que es en la actualidad.
Evidentemente las motivaciones del Gobierno en aferrarse a su interés de realizar el evento electoral previsto para el segundo fin de semana de abril tienen fundamentos más sinuosos y parecen no tener en consideración la salud y la vida de los ciudadanos. Igual incoherencia se observa en el afán de forzar la realización de clases presenciales en un contexto en que los niños están siendo un factor demasiado vulnerable a los efectos del virus o sus variantes y ramificaciones.
Por otra parte, la propia situación de riesgo y peligrosidad que tiene en la actualidad la pandemia, inevitablemente genera una reticencia en la ciudadanía a participar de actos o actividades que puedan poner en riesgo su salud, o que puedan exponerla a riesgos de contagio. Ese temor, probablemente se traduzca en una merma en la participación ciudadana en actos que parten de la premisa que la participación ciudadana es de vital importancia, o ese debiera ser el supuesto básico de este tipo de eventos. Esta significación del sentido democrático y participativo de los procesos electorales debiera protegerse, salvaguardarse y asegurarse, por lo menos en lo que respecta a la definición de los delegados Constituyentes que integrarán la llamada Convención Constitucional. En otras palabras, realizar el evento electoral de abril es una manera directa de aumentar el abstencionismo que ha caracterizado la participación electoral de la población chilena en los procesos eleccionarios de las últimas décadas. Pero la disminución de la masa asistente (por ejemplo en relación al acto plebiscitario de octubre) no disminuye los riesgos a que esa población estará exponiéndose.
Puede entenderse que a la fracción gobernante, y a la clase política institucionalizada en general, les resulte del todo conveniente efectuar actos eleccionarios con una escuálida concurrencia ciudadana. La política dominante apuesta por la no participación social y la abstención electoral como método preferente para conservar sus respectivas cuotas de poder, por más que ello atente gravemente contra la sanidad política de nuestra sociedad. Las actuales representaciones parlamentarias y de cargos públicos de elección popular son una muestra elocuente de carencia de representatividad y obedecen más bien al afán de conservar posiciones de poder forzadas por el uso de métodos reñidos con el sentido de la democracia.
Allí estriba la terquedad del gobierno y en ello se fundamenta la reticencia y silencio de la clase política para imponer el proceso electoral de abril a toda costa. El año anterior, sacudidos todavía por la inercia y las réplicas del Estallido Social de octubre de 2019, no tardaron en posponer el plebiscito de abril porque su realización en ese momento no resultaba de conveniencia para la continuidad y apernamiento de la clase política. No olvidemos que el estallido se proponía barrer con la permanencia de la descompuesta franja de apernados en el Congreso, en el Gobierno y en los estamentos de poder.
Con poco más de un mes de antelación, en marzo de 2020 la clase política y el Gobierno de Piñera, con el razonable argumento de la pandemia, concordaron rápidamente en la necesidad de postergar el plebiscito de abril para octubre. En el presente, en marzo de 2021, con una situación de pandemia extremadamente crítica y con serias amenazas de agravarse aún más, tanto el Gobierno como la clase política, no ven la necesidad de postergación del acto eleccionario de abril próximo. Un mínimo sentido de empatía con la realidad y de respeto humano hacia la comunidad aconseja actuar preventivamente posponiendo estos eventos electorales para un momento posterior, al menos hasta que la vacunación general este completada.
El proceso de vacunación en curso es una medida sanitaria preventiva que no representa por sí misma la solución final ni la superación de la pandemia propiamente tal. La efectividad de la vacuna para que sea real y masiva debiese ir acompañada de la continuidad de las medidas preventivas básicas (uso permanente de mascarilla, aseo de manos, distanciamiento social, y confinamiento riguroso). De modo que, lo razonable y aconsejable es evitar someter a la población a exposiciones de riesgo masivo, del todo innecesario dada la situación de pandemia. Los propios planes de gobierno y Minsal pronostican que el universo mínimo de vacunación planteada (15 millones de personas) estará cubierto a fines del mes de junio del presente año. No parece un plazo tan remoto, ni parece tan difícil o nada del otro mundo posponer estas actividades eleccionarias para una fecha posterior a junio; no es un ejercicio tan complicado que el SERVEL reprograme su agenda de elecciones.
Por una vez, al menos, tanto el Gobierno como la clase política, debieran priorizar por los intereses de la población mayoritaria del país en lugar de solo preocuparse de intereses propios y de aquellos poderes económicos para quienes sirven. Por una vez, podrían posponer sus afanes políticos e ideológicos particulares para someterlos al sentido democrático que se supone deben tener los procesos electorales. La población chilena no está disponible para farsas ni para tragedias.
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