La dictación hace unos días del estado de excepción constitucional por parte del Gobierno sobre cuatro provincias viene a reafirmar los pilares de prepotencia y de vocación represiva que caracteriza la relación de los poderosos con el pueblo chileno. El presidente en funciones, preso de sus propias obsesiones y flaquezas, se sumó presuroso a los alaridos de la derecha delirante y de empresarios exploradores, para adoptar decisiones que sólo ahondan el camino de la violencia estatal sobre los pueblos oprimidos.
La prolongación de los conflictos territoriales y sociales con el pueblo nación mapuche en Cautín, Malleco, Arauco y Biobío (las cuatro provincias que fueron afectadas por la dictación de esta absurda medida represiva), y en otras provincias del sur del país que también se ven enfrentadas a conflictos de igual naturaleza, no puede ser abordada por el Estado con una política de confrontación, de incremento de la violencia, de aumento de las contradicciones entre los pueblos atropellados y los invasores externos. Esta política no puede seguirse sosteniendo ni menos aún defendiendo por parte del Estado y sus administradores.
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La senda de violencia y confrontación que generan los atropellos empresariales y estatales sólo producen más vulneraciones de los derechos humanos esenciales y más asesinatos de personas que se oponen al avasallamiento que imponen los consorcios privados sobre los territorios, que se rebelan contra los atropellos institucionalizados, que intentan recuperar derechos y territorios que les fueron arrebatados por los sectores dominantes mediante el uso de la fuerza, de todo tipo y naturaleza (represiva, punitiva, militar, policial, judicial, burocrática), pero siempre bajo la responsabilidad estatal.
Sin embargo, el Gobierno sumido en su decadencia y desesperación, insiste en la lógica belicosa que le ha imprimido a su deplorable gestión gubernamental. La guerra que le declaró Piñera al pueblo chileno a raíz del Estallido Social de hace dos años y que provocó decenas de personas muertas y cientos de flageladas y mutiladas, terminó siendo una política fracasada y derrotada por el propio pueblo sublevado. Sin embargo, al gobernante en funciones no le bastó y para resarcir sus ansias, puso sus ojos sobre el pueblo nación mapuche.
Desde comienzos de este año que se observó el inusual incremento de los efectivos policiales desplegados en actitud bélica por las provincias en conflicto. Hicieron su aparición más y modernos recursos y materiales destinados a profundizar la represión de las comunidades mapuches que se alzaran en protesta contra los abusos patronales y atropellos de las empresas de todo tipo que invaden los territorios de los habitantes originarios. Las empresas forestales son las que lideran esta lacra invasora, por todas las provincias de la costa central y sur del país, incluidas aquellas del pueblo mapuche en donde el conflicto ha adquirido caracteres de permanente por la incapacidad del Estado de buscar soluciones.
Por el contrario, el Estado no sólo no brinda ni busca soluciones sino que agrava los conflictos, como principal y a veces única respuesta, intensifica las represiones sobre los pueblos afectados, aumenta las dotaciones policiales, mejora los equipamientos de los uniformados y, para completar su obra, dicta un estado de excepción que le permite utilizar a las fuerzas armadas en labores policiales, de orden interno y de seguridad, propias de un estado dictatorial.
Además, la necesidad de limitar la propagación de los contagios de la pandemia del coronavirus le posibilitó al gobierno de Piñera el mantener por largo tiempo un estado de excepción sobre el conjunto del territorio nacional, condición que recién fue levantada hace unas semanas. Sin embargo, si bien los gobernantes pretendieron utilizar tal excepcionalidad para neutralizar los levantamientos y movilizaciones sociales iniciadas con el Estallido de octubre de 2019, no tuvo éxito en tal intencionalidad pues el pueblo manifestó su resolución tanto en el plebiscito de octubre de 2020 como en las elecciones de los constituyentes en mayo de 2021. Tampoco logró en ese período aplacar los conflictos en las provincias del territorio mapuche, sino que se intensificaron los enfrentamientos y situaciones extremas, producto de la ceguera e ineptitud gubernamental de no pretender la búsqueda de soluciones de fondo sino solo de imponer los dictados del poder económico y político.
No obstante, ante sus reiterados fracasos, Piñera y su gobierno insisten en sus fracasados métodos. La militarización de las provincias en conflicto mediante el uso de masivas fuerzas policiales equipadas como cuerpos militares, es ahora reforzada con la militarización efectiva mediante la utilización de cuerpos militares destinados como ejército de ocupación con la finalidad de controlar a los habitantes de un territorio que ha sido usurpado a los pueblos originarios, que ha sido ocupado por la fuerza, que ha sido explotado contra los intereses de los pueblos originarios y contra las necesidades del país. La política gubernamental, una vez más, solo se ocupa de representar y defender los intereses de un puñado en empresarios forestales y latifundistas agrarios y en función de ello emplean a las fuerzas uniformadas, concebidas y equipadas con tal propósito.
Esta absurda y despótica medida gubernamental sólo puede acarrear más desgracias de las que ya han causado en los pueblos atropellados. Los alaridos empresariales, y vociferantes alharacas de sus representantes de la derecha política, pretenden impedir que se produzcan los cambios profundos que el país reclama y que el proceso constituyente en curso está llamado a iniciar formalmente. La desesperación y premura de derecha y empresarios desalmados por provocar estos ataques se debe a la inminencia de que les queda poco tiempo para seguir abusando de tanta mano ancha y de tanta impunidad.
Hace unos meses, cuando a comienzos de julio se instaló la Convención Constituyente, fue elegida presidenta de este organismo Elisa Loncón, una mujer mapuche lo que ya, de por sí, se convirtió en una doble afrenta y doble derrota para los representantes del poder empresarial y político. En su discurso inaugural, la flamante presidenta mapuche convocó a refundar Chile, a “establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. Es la primera muestra de que esta Convención va a ser participativa”. Además, dijo: “esta Convención transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda demolición”. Triple derrota y triple afrenta para los poderosos y sus sirvientes.
A esta certeza es que le temen los que recurren a sus sirvientes uniformados para tratar de impedir lo inevitable. En esta Convención en curso, el Estado tiene ahora la obligación y la oportunidad de reparar los daños causados. El despojo del que han sido objeto los pueblos originarios debe ser resarcido por un acto de justicia social. La ocupación y usurpación de los territorios exige la inmediata definición de una efectiva política de restitución de tierras. Ello implicará, necesariamente, el cambio de modelo de desarrollo económico, pues el actual es el causante directo de los desastres que hoy estamos presenciando; desastres no sólo respecto de la ocupación de las tierras de los pueblos originarios sino que también del desastre respecto del uso de las tierras. Las grandes plantaciones forestales son una verdadera y destructora plaga de pinos y eucaliptus que han devorado las tierras y las aguas, y destruido la flora y la fauna, de los montes y campos de la franja costera del centro sur del país y se expanden por todo el territorio central de las actuales provincias de Biobío, Arauco, Malleco, Cautín y Valdivia.
De todo ello surge la urgencia de poner fin a este modelo de destrucción de las tierras y de definir una política de recuperación de la agricultura, de la flora nativa y de la vida silvestre. En época de calentamiento global y de escases de agua, es absurdo que sigamos sosteniendo un modelo que agrava esas calamidades nefastas para la vida del planeta, de la tierra y de los seres humanos. Esta es una necesidad urgente que es perentorio asumir y hacerse cargo como ciudadanos y como país, aunque les pese a los empresarios inescrupulosos y sus delirantes voceros de la derecha política.
Estamos ante la posibilidad real de poner término a este método opresor de enfrentar las cosas mediante la imposición de atropellos y del uso de la fuerza para legitimarlos, que ha sido la forma recurrente del Estado para servir a los caprichos y arbitrios de los poderosos. El proceso constituyente actualmente en curso, tiene en sus manos la posibilidad única y la responsabilidad social de resarcir los daños que el Estado ha causado sobre su propio territorio y contra su propia población. Así también, como de corregir las deformaciones estructurales que se crearon y fomentaron desde la implantación de la dictadura militar en adelante, tanto respecto del modelo económico como de las funciones de instituciones cuyas labores han sido totalmente desnaturalizadas por gobiernos al servicio de los intereses empresariales.
Mientras tanto y en lo inmediato, Piñera debe poner término a este absurdo opresor y despótico que afecta a los pueblos de las cuatro provincias directamente señaladas por la medida gubernamental, aunque el daño este gobierno se lo provoca a todo el país que ve conculcados sus derechos por el uso de métodos propios de una dictadura. Es hora que Piñera ponga fin a sus delirios.
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