Introducción

Desde el mes de febrero la región del Biobio ha estado marcada por una serie de protestas bastantes radicales en dos de las tres principales comunas con  mayores tasas de desembarque pesquero en el territorio regional: Coronel y Talcahuano. Estas movilizaciones que han desarrollado distintos sindicatos, han tenido un fuerte impacto mediático, especialmente cuando el 24 de marzo en las comunas de Coronel y Lota, los pescadores artesanales con sus familias protestaron, atacando a la industria pesquera Camanchaca, quemando tres vagones de tren cargados con celulosa, y realizando barricadas en diversos caminos de las comunas. Tal evento se suma a la serie de protestas que han realizado los pescadores en diversas ciudades desde el año 2014, en las zonas de: Castro, Valdivia, San Antonio, Talachuano, Coquimbo, Constitución y Puerto Natales. Los orígenes estructurales de estos conflictos serán explicados en próximos artículos caracterizados por una larga extensión, en los cuales se analizará el origen de este problema desde una perspectiva socio-histórica, tomando en cuenta los factores económicos, institucionales y sociales que han encauzado  la larga crisis que afectado al sector pesquero en su conjunto y a miles de familias.

El Boom económico de la pesca y la explotación del recurso marino

La actividad pesquera en Chile, a lo largo del siglo XX se desarrolló a lo largo del país por diversos agentes económicos, con rangos de acción territoriales y nacionales.

Durante las décadas de los años 1950-1960, los primeros en desarrollar esta actividad con un capital técnico menos rudimentario y con medios de producción de mayor envergadura que podían extraer recursos en dimensiones semi-industriales fueron los gallegos, innovando con la técnica de la pesca de cerco. A partir de esto, en diversas ciudades del país entre la década del 1950 hasta la del 1970, se empezarían a instalar las primeras pesqueras industriales que procesarían el recurso marino extraído, con el objetivo de poder diversificar embrionariamente la explotación de los recursos naturales no tradicionales, ya que el sector primario de la economía  solo era sostenido por la minería.

Posteriormente con la aplicación de las reformas económicas neoliberales, la desinstalación del modelo de “Industrialización por Sustitución de Importación” (ISI) y la integración de la economía nacional a la internacional por medio de la rebaja arancelaria con la apertura comercial durante las décadas de 1970-1980, se potenciaría al sector pesquero como política nacional, motivando el interés de diversos grupos económicos hacia este sector. A partir de todas estas transformaciones  en la estructura económica, el tipo de empresariado que se vincularía a este sector hasta la actualidad, sería especialmente la nueva burguesía financiera, la cual buscaría generar un tipo de inversión especulativa, obteniendo mayores utilidades por medio de  mecanismos menos burocráticos y obteniendo ganancias económicas al corto plazo, rompiendo con el patrón de acumulación del capitalismo industrial-productivo que había imperado en el país.

Este cambio en la estructura económica-productiva generaría que en distintas ciudades costeras del país, gran parte de la fuerza de trabajo desempleada producto de la desindustrialización, la privatización del sector público y la crisis económica por el viraje en la lógica de la acumulación capitalista en los años ochenta, haya sido absorbida por este sector  procesador de materias primas. Este hecho permitiría que en distintas ciudades costeras existiera un auge vinculado al sector pesquero desde mediados de la década de 1970 hasta finales de 1990, habiendo una ampliación de las instalaciones de mega-industrias y de las PYMES relacionadas a la pesca, las cuales empezarían a absorber la mano de obra local, acompañado esto por el pequeño auge de la pesca artesanal que tuvo un crecimiento menor  y por la actividad portuaria que exportaba harina de pescado y mariscos congelados.

Todo esto si se contextualiza desde la estructura económica nacional y la relación que existía entre el mercado mundial con la industria extractiva, las exportaciones de materias primas no tradicionales en Chile aumentarían de un 9,5% en 1971 a un 35% en 1981, donde dichos porcentajes posteriormente irían en ascenso. Esto datos si se ven contrastados con los del sector pesquero, el aumento cuantitativo de los desembarques de productos marinos, para el año 1975 se desembarcaría alrededor de 1.500.000 toneladas y en solo un margen de 10 años se triplicaría dicha extracción  a las 5.500.000 toneladas aproximadamente.

Finalmente, el momento culmine de estos desembarques sería el año 1995 superando levemente las 8.000.000 toneladas, donde una vez alcanzado dicha capacidad extractiva empezará a haber un descenso de las tasas de desembarque, debido a la disminución del recurso en la geografía marina.

Políticas de administración pesquera e institucionalidad

El desarrollo de las políticas pesqueras a nivel nacional empezó a ser fuertemente impulsado durante la década de 1970-1980, pero sin una legislación que regulara la designación de cuotas de pesca para el sector artesanal e industrial y sin reglamentar el régimen de explotación. La primera legislación que intento regular muy básicamente el desarrollo pesquero data del año 1934, que solamente  fijaba que la entidad que se preocuparía de la actividad pesquera sería el servicio agrícola y ganadero (SAG), gestando la “división de protección pesquera”, la cual era dependiente del ministerio de agricultura. En este contexto, los viejos pescadores artesanales recordaron que durante la década de 1960, quienes habrían ayudado bastante en emprender sus labores por medio de capacitaciones para un mejor desarrollo técnico de las actividades comerciales y extractivas, sería el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), en donde los funcionarios de este organismo realizarían un trabaja en terreno, visitando las caletas de los pescadores.

            Posteriormente en la década de 1980, la institución Estatal que administraría los temas relacionados a la pesca, serían el ministerio de Economía creando la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), el Concejo Nacional de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA).

            El conjunto de estos organismos, empezarán a administrar todo lo relacionado con la política pesquera y posteriormente en la década de 1990 van a modernizarse con la primera “ley general de pesca y acuicultura” que entraría en vigencia en 1992, diversificando sus funciones con nuevos departamentos y multiplicando sus dependencias a nivel nacional. En el caso de SERNAPESCA, éste tendría la función de fiscalizar el debido proceso de extracción de recursos marinos en cuanto a las respectivas cuotas de cada embarcación y del sector pesquero, administrando en primera instancia todos los problemas cotidianos que acarrearía la política de desarrollo pesquero, mientras que la SUBPESCA tendría la labor medular en materia de planificación y proyección de políticas macros, que estructurarían las reglamentaciones y dictámenes que fijarían las normativas legales.

            A partir de lo anterior, entre el año 1992-1995, en la pesca artesanal se estipularía una reglamentación que designara quien ejerce el oficio de pescador, que dividiría el tipo de embarcaciones y las características propietarias de los recursos marinos, transformando el tipo de vida tradicional y seudo-comunitario que existía. La legislación pesquera considerará como pescadores artesanales a todo aquel que realice dicha actividad de forma directa y habitual, siendo un tripulante o un patrón (armador) de una embarcación, otorgándoles la posibilidad de estar certificados con tal condición en las instituciones Estatales de la pesca. Todos estos trabajadores desarrollarán sus oficios en distintos tipos de embarcaciones que se categorizarán a partir de los metros de largo y su capacidad de carga, obviando, eso sí, la cantidad de tripulantes que podrían haber al interior de la embarcación.

            Este tipo de categorías que se impondría a partir de la primera ley de pesca con el gobierno de Aylwin con el sistema de “registro de pesca artesanal”, buscara por sobre todo certificar los tipos de desembarques pesqueros, diferenciándose a partir de las magnitudes de las embarcaciones y su capacidad productiva, sin considerar la capacidad máxima de personal a bordo, lo cual demostrará que se obviará la fuerza de trabajo operante dentro de las categorías que miden las capacidades extractivas. El soporte de personal en las embarcaciones, que uno puede fijar a partir de los testimonios de los pescadores que llevan muchos años en el oficio, sostiene que las capacidades serán las siguientes: Los de primera categoría podrían tener un máximo de 3 personas, los de segunda categoría 6 personas, los de tercera categoría 10 personas y los de cuarta categoría 12 personas.

            Estos elementos que a simple vista pueden parecer solamente nociones técnicas, permitirán  comprender la composición de clases del sector artesanal, las características de sus agrupaciones corporativas y los intereses de clase que muchas veces están implícitamente encubiertos bajo el manto del sindicalismo que impulsan.

            Lo anterior se puede explicar, considerando el lugar que ocupan los patrones como dueños de los medios de producción, los cuales en muchas ocasiones no necesariamente serán parte de un sector propietario empobrecido como ocurre con los lancheros de primera o segunda categoría, ya que estos en muchas ocasiones podrán ser propietarios de una y dos embarcaciones de tercera o cuarta categoría. Estos elementos permiten develar las diferencias socio-económicas que existen al interior del sector artesanal, habiendo pescadores que trabajan en empresas bastante modestas y otros con grandes capacidades de acumulación económica, develando la desigualdad interna y los criterios errados para catalogar a los artesanales. A la vez, este tipo de clasificación generará que distintos barcos contarán con una capacidad extractiva que supera con creces la capacidad que tendría una supuesta embarcación “artesanal”, pudiendo extraer las cuotas del sector artesanal a pesar de que sus métodos de pesca y su capacidad extractiva no se acomodaría a las lanchas tradicionales, lo que generará una serie de conflictos que serán explicados con mayor profundidad en el siguiente articulo.

            En materia relacionada al carácter propietario que asumirán los productos extraídos desde la legislación del año 2002, se encuentra la institucionalización de la apropiación propietaria por parte de los armadores, situación que antes no existía, ya que previamente a la ley de tal año, todos los recursos marinos del sector artesanal eran totalmente de los trabajadores catalogados como pescadores artesanales. Esta política, rompería en cierta medida la tradición seudo-comunitaria entre armadores y tripulantes, ya que se empezaría a sobreponer una relación laboral a partir de contratos y tensionando los acuerdos a la parte entre los pescadores que antes no traía mayores conflictos, debido al poder propietario que han obtenido los armadores. Todo esta política de modernización paulatina que ha tenido este sector, empezará a regularizar  institucionalmente el oficio, pero sosteniendo  rupturas en el tipo de relación tradicional que existía entre los pescadores artesanales, y a su vez con grandes vacios hasta la actualidad, como lo es la no contemplación jurídica del rubro pesquero en el código del trabajo, la no cobertura del sistema de pensiones, de salud o la exclusión del sistema de mutuales de seguridad.

Legislación pesquera y reglamentación de la explotación pesquera

En el plano de las leyes generales de este sector, han existido tres leyes de pesca y acuicultura; una básica que establecería los criterios básicos para la distribución de las cuotas de pesca, tipos de embarcaciones por sector y millas de pesca, y otras dos que modificarían la primera ley base. Dentro de los fundamentos que planteaban los primeros precursores de la legislación pesquera entre los años 1989-1992, es que se consideraba como una necesidad  llenar  este vacío institucional en el sector, por medio de una intervención Estatal en un área económica que no contaba con mayores reglamentaciones. Esta pretensión modernizadora por parte del Estado, buscaría intervenir y mediar los intereses de los actores en el sector pesquero.

Esta primera ley tuvo tal importancia administrativa para este sector, porque sería la primera en fijar las cuotas la extracción de los recursos pesqueros tanto para los buques industriales como para los botes artesanales. Está asignación de cuotas se realizaría por medio de una fijación global y anual para ambos agentes pesqueros, lo que significaría que cada porcentaje sectorial se determinaría a partir de cada especie de extracción y no a partir de cuotas individuales y propietarias, reasignándose estás cada año en post del estado de la biomasa marina (el recurso).

La aprobación de tal legislación no generaría  grandes conflictos sociales en aquel entonces, porque está nueva reglamentación al no repartir los recursos de forma tan desequilibrada, pero también porque no individualizaba propietariamente el recurso para los pescadores artesanales. Ahora, si bien es cierto que este sector no se vio inmediatamente afectado por tal normativa, si genero en el sector industrial bastante ruido porque estos al consumir sin criterios sus cuotas anuales en tiempos sumamente reducidos, quedándose sin pescar por meses. Este hecho denominado como la “carrera olímpica” de los buques pesqueros por extraer la mayor cantidad  de recursos antes de que la cuota global se agotara, conduciría a que este sector como bloque económico empezara a presionar a la clase política y al Estado para que se estipularan nuevas reglamentaciones que les permitieran obtener un mayor trozo de la torta.

A partir de está legislación, diversos dirigentes de la pesca artesanal plantearán que con la aprobación de la ley de 1992 habra una marcha blanca para aplicarla en el sector pesquero, la cual modificara los criterios de designación de cuotas sectoriales para los pescadores artesanales, bifurcandose por primera vez la dirección de los criterios de las cuotas globales, regionalizando estas para los pescadores artesanales y no por las macrozonas, fragmentandose localmente la extracción y limitando a los artesanales a pescar en territorios mucho menores. Tal modificación, no se generará en el caso del sector industrial, evadiendose la política de balcanización pesquera, permitiendoles explotar los recursos en las macrozonas establecidas nacionalmente, lo cual permitirá a estos actores dominantes un mayor dinamismo extractivo y poder de movilidad para el desenvolvimiento de su actividad económica. Ahora, la fijación de las macrozonas dependeran exclusivamente de las “áreas de distribución” donde habitan las especias marinas (como el alfonsin, la sardina, el bacalao, la jibia, etc.), como por ejemplo es el caso de la anchoveta y sardina común con la española, donde las áreas en que se permite explotarlas son desde la XV región (de Arica y Parinacota) hasta la II (de Antofagasta), de la III región (de Atacama) a la IV (de Coquimbo) y finalmente de la V región (de Valparaiso) a la X (de los Lagos).

Posteriormente con el gobierno “socialista” de Ricardo Lagos y la aprobación de la segunda “ley de pesca y acuicultura” del año 2002, se instalaría la piedra angular que permitiría usurpar los recursos marinos por parte de una elite económica del sector industrial extractivo, a partir de la asignación de cuotas de pesca más jugosas y por medio de la individualización de la propiedad para el sector industrial. Este nuevo régimen de administración pesquero se aplicaría a través de la medida extractiva del “Límite Máximo de Captura por Armador” (L.M.C.) para los armadores industriales, el cual consistirá en que a cada uno de estos propietarios, el Estado les designará individualmente un porcentaje del recurso marino en el océano, lo que conllevará a que una muy reducida oligarquía pesquera propietaria de grandes flotas de buques catalogados como industriales acaparan los recursos naturales.

En el caso del sector pesquero artesanal, también se generará un régimen de administración propietaria, pero más flexible que el que tendrán los armadores industriales, el cual dependerá de determinadas especies de extracción, aplicándose por medio del “Régimen Artesanal de Extracción” (RAE) durante los años 2004-2005, el cual establecerá límites máximos de captura por armador artesanal y, a la vez, del otorgamiento propietario de los recursos.

Finalmente, con la ley del año 2012 se que generara un nuevo ciclo de movilizaciones sociales, producto de un pequeño paquete de reajustes para la  legislación vigente, que no modificaran la estructura central de la política pesquera. Estas modificaciones domésticas, sería un proceso principalmente de externalización o privatización de los operarios que fiscalizarían los desembarques pesqueros, delegando tal responsabilidad a ciertas empresas privadas como es el caso de INTERTEK en la región del Bio bio, acompañado esto de una pequeña apertura de los industriales que podrían operar.

Los inconvenientes que ha generado esta política para los diversos sindicatos de la pesca artesanal, es que tal privatización de la entidad fiscalizadora de los desembarques ha posibilitado aumentar las prácticas de corrupción, aumentando las coimas en estos funcionarios privados, debido a que no existe el mismo nivel de control como ocurría con los fiscalizadores estatales. Actualmente, un problema que existe entre esta ley y la anterior, es que esta última no tendrá la obligación de volverse a votar dentro de un plazo establecido, como si ocurrió con la segunda ley del 2002, ya que los pescadores artesanales habían logrado establecer  una renovación de está en un plazo de 10 años.

Clase política, administradores y empresariado nacional

A partir del proceso del debate político relacionado a la administración pesquera durante el periodo post-dictatorial, se ha demostrado al conjunto de la sociedad la verdadera relación de subordinación que existe por parte de la administración Estatal y la clase política hacia el empresariado pesquero. Estos últimos agentes dominantes, han impulsado un despojo económico de las riquezas nacionales por medio de dos vías en las cuales se ha cooptado monetariamente a la clase política para legislar y administrar a su favor: la legal y la ilegal. En el caso de la primera vía, ha existido una cooptación monetaria sobre la clase política, otorgándoles la posibilidad de ser accionistas o aumentando sus paquetes accionarios de tales  industrias pesqueras y a través de asesorías empresariales, mientras que la segunda vía ha optado por el soborno monetario sobre determinados personeros políticos. Ambos casos quedarían comprobados públicamente con la aprobación de las leyes de pesca de los años 2002 y 2012.

En el caso de la ley aprobada el 2002, se habría acuso a la familia Zaldívar de tener una vinculación directa  con la empresa EPERVA del grupo Angelini, donde los hermanos parlamentarios poseían un paquete gordo de 656.646 acciones al momento en que se desarrollaba el debate en la cámara de diputados y senadores, acusando a ambos legisladores de que en su votación habían conflicto de intereses[2]. Posteriormente con la ley del 2012, existen dos denuncias directas de cohecho, uno en que se  habría denunciado a la diputada Marta Isasi, por haber recibido 25.000.000$ de pesos por parte de la empresa CORPESCA (también del grupo Angelini) para votar a favor del proyecto de ley[3], el cual sería acompañado con una demanda judicial recién interpuesta, donde se acusa al grupo de senadores que era parte de la comisión de pesca de haber recibido 500.000.000$ de pesos por parte de la industria pesquera para estructurar la ley a su favor.[4]

            Por tanto, si se consideran los casos de los funcionarios públicos que han dirigido la institucionalidad pesquera y si se observan sus trayectorias laborales previamente y posteriormente al haber ejercido sus cargos, se manifiesta explícitamente la colonización del empresariado sobre la burocracia Estatal. Todo este proceso de cooptación social empresarial que se ha institucionalizado en la burocracia Estatal, demostrará el por qué la administración pesquera ha impulsado tales políticas que han privilegiado a los grandes grupos económicos de la industria operantes en el sector, lo cual lo podemos ejemplificar con los siguientes casos.

            En el caso del último director de SUBPESCA del gobierno de Frei (1998-2000), Daniel Albarran en su gestión ya se le habría cuestionado en su época por el hecho de ejercer la dirección de la institución, ya que previamente se le destacaría por ser  un exitoso empresario salmonero, teniendo la presidencia de la Asociación Gremial Salmón Chile durante los años 1996-1997[5]. En el caso  del ex-subsecretario de pesca del gobierno de Ricardo Lagos (2001-2006), Felipe Sandoval Precht sería un reconocido lobbysta de las salmoneras en Chile, llegando a asumir el año 2013 también la presidencia de la misma asociación gremial de salmoneros.[6]

            Finalmente, si se considera el caso del último y actual Subsecretario del segundo gobierno de Bachelet y ex-diputado por la octava región, a Raúl Súnico (2014-2014), también se le acusaría de ser un destacado lobbysta y operador político de la pesca industrial en el Congreso el año 2012, a quien los pescadores artesanales lo denunciarían por ser un funcionario y un asesor de los industriales pesqueros, gatillando en los pasillos parlamentarios la aprobación de la Ley Longueira el año 2012 cuando ya había perdido la calidad de diputado[7], recibiendo fuertes críticas y rechazo por los sindicalistas de la pesca artesanal por su actuar al momento de asumir su actual cargo.

            A partir de este historial de los cuadros administrativos de la política pública del sector pesquero,  pareciera ser que el único caso anómalo que nado contra la corriente, fue el del ex Subsecretario de Pesca del primer gobierno de Bachelet (2006-2007), quien marcaría la diferencia a sus sucesores y antecesores de la administración pesquera, tanto por su trayectoria laboral como por su gestión política. Carlos Hernández sería un abogado que en la década de los ochenta, trabajaría en la vicaría de la solidaridad, teniendo a su cargo el asesoramiento laboral relacionado al sector pesquero artesanal, impulsando su sindicalismo por medio de giras nacionales y talleres sociales. Posteriormente cuando el gobierno de Michelle Bachelet lo designara como director de tal institución, al corto plazo, se vería impedido de impulsar la nueva agenda pesquera que pretendía dar un giro progresista en el sector, debido a las presiones que recibió por parte de la industria pesquera y el rechazo político en cuanto a sus propuestas por parte del gobierno y particularmente del Ministro de Hacienda de aquel entonces, lo que conduciría a que Carlos Hernández renunciara a su cargo, debido a la ausencia de tener una base política que apoyara el proyecto[8] y a la inexistencia de una fuerza social consolidada en el sindicalismo pesquero que apoyara un programa y proyecto alternativo al vigente.

Fuente: ECOCEANOS