No hay una agenda de comunicaciones en el gobierno pese a la evidencia de su carencia tanto como política de difusión como de un sistema democrático y pluralista de medios. Una realidad pese al empuje de los grandes medios generadores de contenidos y el nuevo escenario político, posiblemente el más agresivo desde 1990.
Paul Walder
No hay agenda de comunicaciones, pero sí la conciencia de un creciente poder mediático devenido en político. No sólo está la ministra vocera de gobierno que cada mañana se enfrenta a decenas de periodistas bien pauteados y adoctrinados por sus medios. Este lunes un tweet del presidente Boric acusó una fake new de La Tercera, evento desnudado también por el departamento de comunicaciones de Carabineros. Aquella mentira, tal vez una menor en un campo de juego lleno de trampas se refería a una sobredotación de agentes para proteger al presidente en su visita al estadio Santa Laura. “Entiendo que La Tercera tenga una línea editorial crítica del gobierno, pero les pido que en su ánimo de golpear no inventen noticias falsas”. Por supuesto que el diario aludido no tituló con el comentario presidencial aunque en las redes otros comentaristas patriotas y republicanos rasgaban vestiduras por la libertad de expresión y la censura gubernamental.
Un nuevo clima comunicacional se ha instalado y el gobierno no sabe muy bien qué hacer. La prensa gana espacio y poder y se anota hoy mayores triunfos que el mismo Congreso. El escenario adverso es nuevo, especial y con muchas aristas. En La Moneda hay una apreciación compleja porque los medios de comunicación escorados a la derecha o afines a la agenda liberal y empresarial, han asumido un rol de actores políticos con una clara estrategia electoral. Por lo menos desde 1990 en adelante, no hay antecedentes tan claros de esta nueva y hoy desembozada vocación política. Estos medios, que siempre han sido de derecha con cierta contención, han asumido ahora una presencia política y mediática mucho más clara, militante, beligerante, que le hace la pega a la derecha política.
Para cualquier observador del escenario mediático hay evidencias que datan desde el estallido de 2019 las que transparentan una disposición realizada con fruición desde el inicio del gobierno en marzo 2022 hacia el plebiscito de salida. Qué se observó y registró. Una batería de columnistas, de nuevos entrevistados y una campaña estratégica de cara al 4 de septiembre. No pasó inadvertido para muchos observadores y para analistas de gobierno aquella elaborada campaña de desprestigio y distorsión con y desde los medios. Evidencias como la desaparición de titulares de la mal evaluada derecha tradicional para levantar a los amarillos que desaparecen tras el triunfo del Rechazo.
Al escenario adverso, que es una distorsión del sistema de medios que ningún gobierno ha intentado corregir, se suma la incapacidad interna del gobierno para difundir sus contenidos. Las buenas noticias no son titulares. Es una falla no bien asumida, como sucedió hace pocas semanas con el copago cero de Fonasa que ha favorecido a más de 600 mil personas. La pregunta que se hace el Ejecutivo y sus expertos es si un cuerpo de medios de izquierda o progresistas estarían dispuestos a desplegar o difundir lo que hace el gobierno, a no reproducir la agenda de La Tercera y El Mercurio y a lanzar sus propias temáticas. Un escenario más plural con diversas agendas que dé espacio no solo a la crítica; también a propuestas y cambios que benefician a la población.
En febrero fue publicado el informe “Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia. Aportes para las comunicaciones del Chile que viene” de Dino Pancani y otros académicos y académicas de la Universidad de Chile, La Serena y La Frontera. El documento de 80 páginas fue solicitado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y contiene decenas de propuestas para democratizar el ecosistema de medios en el corto plazo y, en principio, muchas de ellas solo con la voluntad política del Ejecutivo.
El informe recoge las principales falencias del sistema nacional de medios, como “la falta de pluralismo de los medios de comunicación que se expresa en la concentración de medios de comunicación escritos y radiales y la uniformidad temática que se escucha y visualiza a través de las diversas plataformas comunicacionales que operan en el país”. Una distorsión que el estado puede resolver.
Uno de los temas más reclamados por los medios independientes es el financiamiento estatal, que en la actualidad se reparte en su totalidad en las grandes cadenas. Al respecto, el informe es bien claro: “Definir una instancia que transparente el gasto total que el Estado realiza en avisaje, campañas y contratos con agencias de publicidad”. Entre otras recomendaciones, apunta a regular la publicidad estatal de modo de que se asegure el cumplimiento de los objetivos relativos a las políticas públicas y a la efectividad del mensaje, estableciendo criterios más amplios que solo la medición de audiencias, se impida la discrecionalidad y se establezcan normas auditables.
Estas y muchas otras recomendaciones pueden ponerse en marcha mañana mismo si se quisiera. Pero hasta el momento el informe no ha sido compartido y el bloqueo comunicacional persiste y empeora. El gobierno no tiene una solución a la vista.
La distribución de la publicidad es una solución inmediata. Pero hay otra más directa. Es la indemnización que el estado de Chile debe hacer a los dueños del diario Clarín. El gobierno del presidente Boric no solo no ha pagado la indemnización ni se ha abierto a un acuerdo con la contraparte. Solo mantiene silencio.
Publicado originalmente en elclarin.cl
https://www.youtube.com/watch?v=xfrCZqceMu0
