Los firmantes de este artículo analizan el «Caso Bateragune», reflexión que desean trasladar «a la opinión pública vasca, al conjunto de la sociedad española, a todos los agentes políticos, sociales y sindicales, y a las instancias públicas del Estado».

La mentira como constante histórica

Resultaría comprensible que ninguno de los impulsores de este proceso judicial conociera a Luis Núñez Astrain. Sociólogo y lingüista donostiarra recientemente fallecido, consagró buena parte de su vida a sacar a la luz y remarcar la conexión política y sociológica entre los grandes eventos de la historia contemporánea vasca. Sin embargo, Núñez sí conocía los hábitos de adulteración sistemática de la verdad con los que se inició este proceso en su fase de instrucción y posteriores; al fin y al cabo, el interés del dominio político directo sobre Euskal Herria ha precisado de un largo rosario de mentiras desde que, en 1512, el país quedase completamente desbaratado tras la invasión castellana.

«La historia institucional del País Vasco empieza con el levantamiento popular frente a una agresión, con una gigantesca acción antirrepresiva», escribía Núñez. Y agregaba, «El poema épico La Chanson de Roland, primera pieza importante de la literatura francesa -de claro contenido patriótico- y equiparable al Cantar de Mío Cid en la española, ambas del siglo XII, atribuye falsamente a los musulmanes el ataque de Roncesvalles, lo que apunta ya otros dos rasgos que luego serán tónica en la posterior historia oficial: el de que el País Vasco sencillamente no existe y el de que los hechos históricos serán trastocados por completo al gusto del Ejército invasor de turno».

La tergiversación del relato configurador de la realidad histórica de Euskal Herria ha sido una constante en la cosmogonía política española. El euskara, nuestra concepción de lo racial, la ideología del nacionalismo vasco, la inmigración hacia nuestro territorio, la violencia política, la memoria colectiva y otros muchos enclaves de la colectividad vasca han sido objeto de burdas descalificaciones durante décadas. El uso de la mentira con fines políticos ha sido, por añadidura, compañero de viaje de las cuatro últimas generaciones que han poblado el país. Fueron los rojo-separatistas los autores de la quema de Gernika en 1937; el régimen franquista no pasó de ser un plácido remanso de paz a lo largo de cuatro décadas, sólo enturbiado por la acción terrorista; la recuperación del euskara para su acerbo social y cultural presente no ha sido más que el intento de los vascos por erigir una lengua de laboratorio con la que agredir a los españoles; «el único poder originario es el de la nación española» y, por lo tanto, las reclamaciones históricas de Euskal Herria no pasan de ser una falacia. Ni el Estado de Navarra existió como tal, ni ETA ejecutó al almirante Carrero Blanco. En el plano de las invenciones, el terrorismo vasco provocó la matanza del 11-M en Madrid, el incendio devastador del Hotel Corona de Aragón en 1979 o el accidente aéreo del monte Oiz en 1985, y personas como Tomás Alba, Santi Brouard o Josu Muguruza fueron víctimas de «ajustes de cuentas en el seno de la banda». La manipulación histórica y el uso de la falsedad en el Estado español ha sido y es consustancial a su ser.

Sólo desde esa perspectiva puede entenderse el proceso judicial bautizado como «caso Bateragune».

A la altura del pretexto de los arsenales de armas de destrucción masiva con el que se justificó la invasión de Irak, la instrucción y el argumento de la acusación de que las personas procesadas en ese sumario tratábamos de reconstruir estructuras de la izquierda abertzale para dar continuidad a la estrategia político militar impulsada por ETA, son falsedades mayúsculas. Si el Gobierno del presidente George W. Bush hizo un total de 935 declaraciones falsas entre 2001 y 2003 sobre la supuesta amenaza de Irak a los Estados Unidos, otro tanto cabría decir al respecto de la insistencia de la acusación pública y de determinados medios de comunicación por presentarnos como continuadores de una estrategia prescrita en términos políticos e históricos.

Un proceso político

La verdadera pretensión de instructor y Fiscalía ha sido la de impedir a toda costa que la nueva estrategia política de la izquierda abertzale fructificase. Este proceso se ha construido, a nuestro entender, a la medida de la razón de estado, y desde la confluencia de intereses que alimentan una recreación ficticia del pasado. El único objetivo de ello es retrasar lo más posible la materialización de un nuevo escenario político en el que sólo los argumentos democráticos y la libre adhesión popular determinen el futuro político e institucional de la ciudadanía vasca. Las personas acusadas en esta farsa descomunal reivindicamos ese derecho como principio rector de un marco democrático aún por alcanzar, y nos reafirmamos en la pertinencia y en la necesidad de llevar hasta sus últimos términos el controvertido nuevo paradigma: una estrategia audaz, radicalmente comprometida con la acción política y democrática, e incompatible con cualquier tipo de ejercicio o expresión de la violencia, que susciten el apoyo popular suficiente como para reforzar y poner en valor el proyecto independentista y socialista que propugnamos.

Los tribunales españoles han sido estamentos de primer orden en el diseño de la estrategia represiva del Estado español. La asunción de todos los juicios de fondo político en el que son juzgadas personas acusadas de formar parte del denominado «entorno de ETA», ha dejado a la vista que el procesamiento y criminalización de las mismas, lejos de hacer justicia, únicamente persigue la obtención de ventaja política sobre el proyecto político en el que se incardinan. La represión está en la base de muchos de los reflejos y comportamientos actuales del Estado, precisamente porque éste no tiene propuesta democrática con la que colmar las aspiraciones y anhelos de la mayoría de la sociedad vasca.

Nuestra apuesta es inequívoca

A la vista de los hechos, concluimos que el interés primordial de la operación policial que se produjo en octubre de 2009 era el de cortocircuitar el cambio de la estrategia de la izquierda abertzale; impedir que las bases que lo hacían posible fueran debatidas por su militancia y, con ello, hacer inviable su desarrollo. Con ese fin, la instrucción y la acusación han utilizado toda suerte de argucias y falsedades, todas ellas orientadas a demostrar que el proceso político en marcha, y la estrategia que lo sustenta, es una mera adecuación de la antigua estrategia político-militar, y que tanto el nuevo escenario como la dirección efectiva de ese proceso están tutelados por ETA.

No obstante, los hechos han desmentido por activa y por pasiva esa hipótesis en estos casi dos años transcurridos desde que se produjo nuestra detención. Tal y como en el juicio oral se ha podido demostrar, existían diferentes percepciones en el seno de la izquierda abertzale a la hora de concebir una nueva estrategia. Quien descartaba cualquier posibilidad de llegar a escenarios de diálogo y negociación a corto plazo, entendiendo que toda suerte de «proceso democrático» carecía de condiciones políticas en aquel momento apostando por la apertura de un largo ciclo de resistencia y enfrentamiento político-militar.

Y buena parte de los responsables políticos de la izquierda abertzale, por el contrario, entendíamos que existían condiciones políticas y sobre todo sociales e internacionales para recuperar el proceso democrático iniciado en el período 2005-2007 y llevarlo hasta el final. Tal y como han testimoniado en la propia sala personas relevantes del ámbito de la política o el sindicalismo, algunos de los firmantes hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para evitar que la esperanza se colapsase impulsando un debate interno de carácter estratégico en las bases de la izquierda abertzale. Queríamos disipar cuanto la antes la sombra de un nuevo y largo ciclo de confrontación en el que, independientemente de las consecuencias políticas que éste acarrearía para nuestro proyecto político, el principal perdedor era Euskal Herria, toda la gente que había apostado con entusiasmo por la búsqueda de un acuerdo resolutivo definitivo meses atrás, y que se sentía completamente frustrada.

A partir de ese momento, dos años de historia reciente nos alumbran. Pese a que su actitud general ha sido contraria a respaldar un proceso político inclusivo y democrático en los términos descritos, la prensa española, o, cuando menos, algunos reputados periodistas de la prensa generalista han coincidido al valorar el esfuerzo de las personas imputadas por «cambiar» el paradigma del proceso político y por apostar decididamente por las vías estrictamente pacíficas y democráticas. En el transcurso del juicio, nuevos referentes de la profesión se han sumado a esa corriente, atendiendo al contenido de nuestras declaraciones.

No han sido únicamente los periodistas los que han puesto en tela de juicio la tesis de la Fiscalía. Hay que citar expresamente al propio juez instructor de la causa en la que estamos imputados, Baltasar Garzón, que en una entrevista publicada en octubre del 2010 aseguraba que las palabras de Arnaldo Otegi eran «importantes», añadiendo que «ya era hora de que esa decisión por una vía pacífica y en contra de la violencia terrorista de ETA se produjera». Otros estamentos judiciales, como el Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en contra de la impugnación de Bildu, o el voto particular de siete magistrados de la sala 61 del Tribunal Supremo, que se manifestaban favorables a la legalización de Sortu, han ido dejando pruebas evidentes de que la solidez jurídica y la credibilidad de la izquierda abertzale dejan atrás, muy atrás, la tesis de la Fiscalía.

A lo largo de dos semanas de vista oral, la Fiscalía no ha cejado en su empeño de tratar de demostrar lo imposible: que las bases de la acusación en este proceso son ciertas y que, por lo tanto, las personas implicadas en el mismo constituíamos una «franquicia» de la propia ETA, peones de brega de una estrategia conocida y remodelada. En cualquier caso, la Fiscalía no ha encontrado un solo dato, un testimonio, una información contrastable que corroborasen esa tesis. Durante diez sesiones, apenas un puñado de funcionarios policiales ha ofrecido una versión balbuceante del guión utilizado en la fase de instrucción. No existe ninguna prueba de cargo que no provenga de los atestados de los funcionarios policiales convocados, todos ellos implicados en la operación política que dio inicio al proceso judicial.

Por ende, todas las pruebas documentales aportadas a este proceso, todos los testimonios recogidos, abundan en la idea contraria, es decir, que nuestra implicación política ha estado exclusivamente dirigida a superar una estrategia político-militar, e implementar otra, completamente diferente, con base y fundamento pacífico y democrático. Todos los datos que la Policía ha recabado, los textos aportados, los materiales de trabajo obtenidos de ordenadores, comunicaciones intervenidas y evidencias calificables con el rango de «prueba», ratifican lo que hemos declarado en el transcurso de este juicio: somos culpables de buscar una estrategia pacífica y democrática.

La realidad es la mejor prueba

Pero además de lo declarado por cualquiera de las partes, la realidad, su desarrollo, otorgan y quitan razones. Queremos resaltar el alto valor probatorio de alguno de los acontecimientos que jalonan la actualidad en el tiempo que siguió a nuestra detención, para poner de manifiesto la falsedad de las tesis de la acusación y las verdaderas intenciones del Estado con dicha operación. En primer lugar, nos parece relevante la sucesión de pasos encaminados al definitivo abandono de la violencia que ha protagonizado ETA. A partir de la suspensión completa y verificable de toda acción armada, renuncia al denominado «impuesto revolucionario», amén de adquirir compromiso público con un virtual cierre del ciclo del enfrentamiento armado sobre bases democráticas. Con posterioridad, ha corroborado que suscribe la Declaración de Bruselas, en la que personalidades internacionales le reclamaban un alto el fuego permanente y completamente verificable. Por más que la mera existencia de ETA siga constituyendo una amenaza realmente percibida por algunos sectores, es indudable que las decisiones que ha adoptado sólo pueden ser contextualizadas en positivo.

El 12 de noviembre de 2010, el abogado sudafricano Brian Currin había explicado en Bilbo que se crearía el Grupo Internacional de Contacto (GIC), compuesto por expertos internacionales, una vez que ETA declarara un alto el fuego. Después de que ETA diese los pasos anteriormente recordados, el GIC fue presentado en Bilbao el 14 de febrero de 2011 con Silvia Casale, Alberto Spektorowski, Nuala O'Loan, Raymond Kendall y Pierre Hazan como componentes del mismo

Otro tipo de declaraciones institucionales y personales, provenientes de los cinco continentes del planeta, han respaldado de manera pública la gestión política de la situación desde el ámbito de la izquierda abertzale. Entre ellas destaca el Friendship, grupo de europarlamentarios creado en 2006 para respaldar un proceso de solución en Euskal Herria. El grupo se renovó tras las elecciones de 2009 y retomó su actividad pública en febrero de 2010. En la actualidad está compuesto por la letona Tatjana Zdanoka, los flamencos Frieda Brepoels y Bart Staes, el catalán Oriol Junqueras, el corso François Alfonsi, el galés Jill Evans, los escoceses Ian Hudghton y Alyn Smith, todos ellos del Grupo Verdes-Alianza Libre Europea. Además, están también la irlandesa Bairbre de Brún, la sueca Eva-Britt Svensson y el checo Jirí Mastálka, del Grupo Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica. Les acompaña el rumano Csaba Sógor, del Grupo del Partido Popular Europeo.

Pero ha sido en Euskal Herria donde los cambios sociales, políticos e institucionales han adquirido una mayor relevancia en los últimos meses, reflejando de manera nítida las claves del proceso en curso y sus evidentes consecuencias sobre la percepción colectiva del mismo. La práctica totalidad de los agentes políticos y sociales de Euskal Herria han saludado en clave positiva los cambios adoptados por la izquierda abertzale en su estrategia y línea política. Desde el propio lehendakari Patxi López hasta el secretario general del PP en la CAV, pasando por la práctica totalidad de partidos, sindicatos y organizaciones sectoriales de todo tipo, ha sido general el reconocimiento de una nueva realidad y el impulso que en la misma han tenido las decisiones adoptadas por la izquierda abertzale tras el proceso de debate interno, «Zutik Euskal Herria!», y la aplicación de sus conclusiones.

Igualmente fue recibida con amplias muestras de satisfacción la sentencia del TC que abría el paso a la participación de la coalición Bildu en las elecciones locales y forales de mayo de 2011. Los resultados de las mismas han sido un test irrefutable sobre la credibilidad de la izquierda abertzale en su apuesta. La amplia representación obtenida en esos comicios ha supuesto la incorporación de cientos de independentistas de izquierda a la gestión de las instituciones, contribuyendo de manera notable a la normalización de la vida pública en el país. La sociedad vasca ha reconocido el esfuerzo realizado y, por añadidura, casi un 25% del electorado ha otorgado a los candidatos y candidatas de Bildu la responsabilidad de gobernar conforme a los compromisos que públicamente adquirieron, en completa sintonía, dicho sea de paso, con las nuevas bases de acción política de la izquierda abertzale.

Finalmente, la elección de Donostia como Capital Cultural Europea en 2016, muestra más allá de toda duda que el proceso en curso concita el apoyo institucional en Europa. Bajo el lema «Paz y convivencia», la candidatura donostiarra desbordó las previsiones que en algunos círculos estimaban perjudicial la llegada de Bildu a la alcaldía para lograr la elección, y resultó finalmente elegida por su decidida apuesta en la imbricación de cultura y paz. Manfred Gaulhofer, el presidente del jurado internacional, destacó el claro compromiso de la propuesta donostiarra y su valentía al implicarse de lleno «con la superación por vías culturales de una larga historia de conflicto y violencia». Así pues, Europa mira a Euskal Herria, y lo hace con una percepción transversal de nuevas oportunidades, en un escenario en el que la aportación de la izquierda abertzale ha sido crucial. El Estado español y sus principales instituciones no pueden ser ciegos y sordos ante esta evidencia. Debe dejar de mirar con prismáticos belicistas, y acercarse a una nueva realidad con diferente actitud.

Ganar la paz, para todos

El proceso político en curso no tiene vuelta atrás. Es imparable, independientemente del sentido de la resolución que adopte el tribunal. Los sectores que prefieren seguir anclados a escenarios pretéritos llegan tarde para detener el reloj de la historia, del mismo modo que llegaron tarde con las detenciones y con sus denodados esfuerzos por evitar el debate en el seno de la izquierda abertzale.

No tenemos inconveniente ninguno en referir todos los aspectos de nuestra actividad política en los meses en que hemos sido vigilados. Lo hacemos con sano orgullo y con modestia, ya que, además de nosotros, han sido centenares los militantes de la izquierda abertzale implicados en esta apuesta de cambio y soluciones. Tampoco ocultamos que ése, y no otro, ha sido siempre el sentido de nuestra acción política. Con errores y aciertos, la izquierda abertzale siempre ha tenido como objetivo materializar el cambio político, entendido como la superación del actual marco de negación, imposición y represión, así como la construcción de un escenario realmente democrático en el que todos los proyectos puedan ser defendidos y materializados en función exclusiva de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, sin ningún tipo de condicionamiento o hipoteca.

Así pues, nuestro proyecto tiene férreos anclajes en una sociedad como la vasca, ávida de superar un marco autonómico agotado, con una pujante mayoría política, social y sindical implicada en la necesidad del cambio político, económico y social, y en el contexto de una Europa que da cauce a procesos soberanistas de vocación similar al que propugnamos: construido sobre amplias mayorías democráticas y en completa ausencia de violencia.

Construir un marco de paz y normalización política es, desde nuestro punto de vista, una tarea colectiva, basada en el respeto escrupuloso de los principios que definen un marco democrático. La izquierda abertzale, y las personas juzgadas, estamos comprometidas de manera integral y definitiva con esta apuesta. Nuestra convicción y determinación en esa línea son irreversibles.

Esta disposición contrasta con la de otros agentes y partidos, algunos de los cuales tiene responsabilidades de gobierno. Las recientes declaraciones del ministro del Interior y candidato por el PSOE a la presidencia de Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, justificando la continuidad de la represión política, son un claro ejemplo de esa estrategia inmovilista. Según el ministro, «después de estar ganando la guerra, lo que no podemos consentir es que nos ganen la paz». Ignora que en la paz la ganancia es colectiva, y que el hecho mismo de empezar a hablar de paz ya reporta el primer dividendo tangible en el camino: la ilusión colectiva de creer que alcanzarla es posible.

La única estrategia que, a día de hoy, sigue utilizando la fuerza, la imposición, la represión... es la representada por el Estado, incapaz de superar el déficit democrático que lastra su historia política. A diferencia de otros países vecinos, el Estado español no cuenta con un acontecimiento histórico revolucionario y colectivo que otorgase una causa común a su ciudadanía, reforzando con ello la identidad compartida de sus habitantes. Los poderes públicos se afanan en mantener en la oscuridad a la sociedad española, prefiriendo el mantenimiento del conflicto al resurgimiento del independentismo que intuyen irremediable por vías pacíficas y democráticas. La única alternativa que concibe un Estado a la defensiva, es la negación de un proceso de soluciones colectivas.

Su estrategia se asemeja a la de un boxeador incapaz de reintegrarse a la vida normal, pero que, sabedor de su dominio sobre el ring, traslada todas sus relaciones de conflicto al intercambio de golpes. Extendiendo la metáfora al actual escenario político, el Estado pretende jugar al ajedrez sin quitarse los guantes, lo que ocasiona que, en su torpeza, derribe las piezas ajenas y las propias cada vez que su mano se acerca al tablero. Lo cierto es que ha llegado el momento de bajar del cuadrilátero y abordar un nuevo proceso con el que sellar las soluciones democráticas y la paz, y el Estado, además de aceptar las reglas del diálogo, deberá reconocer más tarde o más temprano que sus posibilidades de éxito se limitan cuanto más tarde en incorporarse a la partida. En esa senda para la paz y soluciones democráticas sera indispensable un escenario de normalización, restableciéndose cuanto antes los derechos democráticos más básicos para el conjunto de la población vasca, dejando sin efecto la represión política, desmantelando la legislación de excepción tejida en la última década, y orientando la política penitenciaria hacia parámetros acordes con los nuevos tiempos.

En contraposición a la actual estrategia del Estado la izquierda abertzale, desde el primer minuto, apuesta por una solución en Euskal Herria y para toda Euskal Herria, incluyente, que establezca instrumentos de colaboración entre distintos y amplíe la extensión y la participación democrática.

Una transición

En tanto que Euskal Herria sigue precisando de una estrategia múltiple y concertada para encarar democráticamente el conflicto y su resolución, queremos interpelar al Estado para que haga una apuesta decidida en la misma dirección. Para que abandone la razón de la fuerza y arriesgue en términos democráticos diseñando una estrategia exclusivamente política. Que la razón de estado y la verdad sean compatibles.

En el Estado debe prevalecer el reconocimiento de su carácter plurinacional y los derechos de las naciones no deben verse constreñidos por la negación constante o los márgenes de la Constitución. La superación de los graves problemas estructurales y la baja calidad de la democracia española, denunciada por su ciudadanía en recientes y pacíficas revueltas sociales, depende en buena medida de un cambio de mentalidad que revise las bases de su historia más cercana. La ruptura democrática que exigían numerosos sectores políticos y sociales tras la muerte del dictador Franco en 1975, es el punto obligado de regeneración de un sistema político e institucional lastrado por los intereses del nacionalismo español y la oligarquía adscrita al mismo, herederos ambos de la España Imperial que bendijo la última guerra en nombre de Dios y dispuso la arquitectura institucional subsiguiente.

La sociedad española debe sacudirse de encima esa constante oscuridad política, intelectual y comunicativa que implementa el Estado. Como lo hizo la noche en que descubrió que Aznar y su Gobierno mentían al atribuir a ETA, y por extensión al independentismo vasco, las bombas yihadistas contra los trenes del 11-M, y castigaron al PP con el ostracismo. Exhortamos a esa misma sociedad para que, partiendo de nuestro completo compromiso con la estrategia pacífica y democrática en curso, exijan de éste y cualquier posterior Gobierno español una actitud equivalente en aras de la definitiva superación de un conflicto que ha provocado insoportables cotas de sufrimiento.

No queremos poner punto y final a esta reflexión sin dirigirnos al tribunal encargado de juzgarnos. Les instamos públicamente a que no se sometan a la estrategia de los sectores más ultramontanos del país, ávidos de cerrar la puerta a cualquier cambio que altere su posición de interés y privilegio, aun a costa de sacrificar en el camino el proceso de soluciones en marcha. En cualquier caso, como Fidel Castro afirmó en su alegato de autodefensa ante el tribunal que le juzgó en el año 1953 por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, no tememos una condena, ya que la historia nos absolverá. Aún más, Euskal Herria ya nos ha absuelto.

De cualquier manera, la resolución que adopte este tribunal trasciende las consecuencias penales que pudieran afectarnos como resultado de la misma. El tiempo de los sumarios políticos, de la confrontación armada, de la represión, de la amenaza, de la inacción de la política, está hartando al conjunto de la población, que no ve sino intolerancia, imposición, incomprensión, fuerza por todas partes y ausencia de un porvenir abierto y compartido. Luis Núñez, sociólogo al que aludíamos en el inicio de esta declaración, advertía una suerte de diástole (dilatación) social en Euskal Herria, que empieza muy suavemente removiendo tierras profundas, sin crujidos, en una relación de empatía entre la población de mayor comprensión, de mayor ayuda mutua, de mayor creatividad, de mayor empuje. Sugería que, muy lentamente, la diástole se iría afirmando de un modo pausado y contundente, volviendo a configurar la nación vasca en torno a su territorio y a su idioma. El proceso, auguraba, sería lento y muy diferente de los conocidos hasta ahora, y el punto de partida seguirá siendo el pueblo y la piedra, como proclamaba el poeta vasco Gabriel Aresti en «Harri eta Herri» (1964), libro fundacional de la moderna poesía vasca.

En lo que a nosotros concierne, queremos reafirmarnos en la defensa a ultranza de nuestras ideas, en la defensa política y tenaz de todas las decisiones que adoptamos para hacer posible un nuevo escenario político. En Euskal Herria, junto a miles de hombres y mujeres de toda condición, nos afanamos en pulir pacientemente la piedra sin decir al vecino qué hacer con la suya. Y, compartiendo las postreras reflexiones de Luis Núñez, ese tallado multiforme de piedras individuales y colectivas irá creando la nueva diástole de Euskal Herria. La razón vasca ha desarbolado a la razón de estado. Hagamos la paz. Compartamos el futuro en libertad y en democracia.

Firman este artículo: Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez, Txelui Moreno, Mañel Serra y Amaia Esnal.

Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20110717/279393/es/La-razon-vasca/