Un sociólogo, un historiador y un urbanista de Concepción analizan cómo el impacto del sismo de 2010 tuvo directa relación con el tipo de desarrollo del país y, por consiguiente, cómo la reconstrucción es reflejo del sistema político, económico y urbanístico que hoy domina. Por ello, proponen cambios en estas áreas para lograr una reconstrucción que también mejore el modelo de nuestra sociedad. 

El aislamiento de San Pedro de la Paz, la destrucción de precarias viviendas en la costa de Arauco y del Maule, la inexistencia de un sistema planificado de alerta temprana y luego la reconstrucción gubernamental monopolizando la gestión y generando negocio para el gran empresariado, son las consecuencias del terremoto de 2010, pero fundamentalmente del tipo de desarrollo histórico de lo económico, de lo urbanístico y de lo político de Chile. Esto se puede concluir tras evaluar, desde estas tres áreas de las ciencias, el impacto provocado por el sismo y el maremoto y los esfuerzos reconstructivos desde cada uno de los afectados hasta las más altas autoridades nacionales. 

Los terremotos se producen por movimiento de las placas tectónicas desde que la Tierra es tal, pero el impacto que ellos generen hoy en la vida de los seres humanos depende de cómo viven, cuáles son sus prioridades, cómo distribuyen lo que producen y del sistema político que se ha construido a partir de esas definiciones. Y es lo que tres expertos de Concepción tratan de develar a partir de sus conocimientos: el historiador Mario Valdés Vera, el arquitecto y urbanista Leonel Pérez Bustamante y el sociólogo Rafael Galdames Fuentes. 

El monopolio de la gestión 

El último de ellos, sociólogo de la Universidad del Bío Bío, analiza los aciertos y problemas que genera el tipo de relación que se da entre las autoridades y los ciudadanos. Primero señala que el terremoto transparentó la poca preparación que tienen las autoridades y las instituciones para enfrentar un evento de la naturaleza de este tipo y los efectos sociales que genera. “Lo ruidoso estuvo concentrado en la interacción de las demandas de los afectados, sumado a la oportunidad, ya porque vivían una situación de vulnerabilidad previa o por aprovechamiento de la situación. La autoridad política regional, y también la local, tuvo que bregar con esta presión”, explica Galdames.

Respecto del actuar político, agregó que “la autoridad regional actuó monopolizando políticamente la gestión, lo que generó conflictos entre autoridades y conflictos sociales; pero por otro lado dio lugar a iniciativas técnicas, en general, aceptables y de valor, como los planes maestros de reconstrucción, en los cuales las universidades regionales jugaron un papel crucial por sus capacidades profesionales y voluntad de cooperación pública”. En el caso de los damnificados, destacó que su capacidad de presión y apoyo de entidades y autoridades locales fue un recurso pertinente y tuvo logros importantes.

El sociólogo dijo además que la autoridad nacional “reaccionó empresarialmente” y contrató a grandes empresas para resolver la reconstrucción de emergencia, “lo que en algunas localidades no fue bien recibido porque desfavoreció la iniciativa y el emprendimiento” locales, incluso de menor costo.

Ante todo ello, para Galdames quedó claro, en el plano político, que la autoridad debe escuchar a la gente y apoyarse por los técnicos que saben. “Los técnicos tienen que dialogar con los demandantes y atender sus razones. Los palafitos de Coliumo son un buen ejemplo”, señaló. “En síntesis, emergió la importancia de la vida y acción comunitarias. Todo lo cual puede servir para pensar y repensar el Estado que nos rige, un Estado más descentralizado y una democracia más deliberativa, que actúa a partir del diálogo y se construye con fundamentos”, concluyó. 

Reconstrucción neoliberal 

Este actuar político de la autoridad y la necesidad de la protesta para el logro de objetivos comunitarios tiene un fundamento en el tipo de desarrollo económico de la Región y el país, según el historiador Mario Valdés Vera. “El terremoto afectó más que nada a zonas históricamente rezagadas por políticas neoliberales, como Arauco, las caletas de Llico, Punta Lavapié, algunas localidades de la Provincia de Concepción como Talcahuano y sus caletas. El terremoto y sus daños materiales ponen de manifiesto una realidad vivida en estos territorios durante muchos años… Desde la década del 90 se han profundizado los niveles históricos de cesantía, pobreza y segregación espacial y territorial”, explicó.

Por ello, dijo, en la reconstrucción, “en el marco del actual modelo de desarrollo neoliberal, se privilegia la ganancia y el lucro más que las reales necesidades de la población. Ha estado centrada en el negocio, en el control social, en el empoderamiento de los grupos de poder, más que en los intereses de la comunidad y en su participación organizada. Se ha entorpecido y dificultado la participación de la ciudadanía organizada, por ejemplo a través de la Red Construyamos y otras, que han definido con la participación de los vecinos y con la asesoría de especialistas los lugares y características técnicas de la reconstrucción”.

Ante esta realidad, propone que la reconstrucción sea una posibilidad de crear autonomía y poder local, en donde las personassean protagonistas en la definición de la forma de ocupación y construcción territoriales, “lo que implica una forma democrática, participativa y autosustentable de ocupar sus espacios. Conociendo y resguardando su hacer histórico”. 

Impacto en una ciudad desordenada 

Acerca del impacto y la reconstrucción urbanísticas, el arquitecto de la Universidad de Concepción Leonel Pérez señalaba ya hace dos años que los efectos del terremoto también se explican por el tipo de ciudad construida. “La falta de una regulación estatal y debido a una construcción sólo basada en el mercado, genera una alta transformación del paisaje, sin una visión metropolitana de conjunto, fragmentaria, dispersa, sin conexión, incluso poniendo en duda el concepto de ciudad como lugar de convivencia de las personas”, detalló.

Señala que el crecimiento tentacular (desarrollo de periferias en el sentido de las carreteras principales (tentáculos) del Gran Concepción), desregulado, sin conectividad, fue lo impactado por el terremoto y tsunami, generando más destrucción comparado a si el desarrollo fuera en otras condiciones. “Toda esta realidad fue afectada por el terremoto, generando mayor destrucción en barrios que han ocupado humedales, como en Talcahuano… Pero fundamentalmente, se descubrió el gran problema de conectividad del área metropolitana, con barrios muy alejados del centro, sin la capacidad de generar subcentros”, explicó.

A lo que se agrega, comentó el urbanista, la segregación espacial y social de la ciudad, con barrios parcelados, cerrados por rejas y guardias, con temor a determinados sectores sociales, se basa en una falta de comunidad en la relación de la ciudad, en la falta de espacios comunes y la privatización en el diseño integral.

La reconstrucción, para Leonel Pérez, pasa entonces por una gestión centralizada, con poder, definido por autoridades y técnicos; pero descentralizada especialmente hacia las municipalidades.

En definitiva, dos de los tres expertos sostienen que los efectos del sismo dependieron de cómo estaba la sociedad, como también depende de ello el tipo de reconstrucción. Por lo que una reconstrucción que resulte debe realizar también cambios al esquema de desarrollo -coincidieron todos-, permitiendo un mayor rol planificador al Estado en sus diversos niveles, especialmente desde el local-municipal, creando un escenario en el que la iniciativa empresarial colabore con los objetivos así definidos; con participación de técnicos y de la comunidad en roles de decisión. Lo que necesariamente debiera generar una mirada nacional o que priorice los intereses democráticamente resueltos, no los empresariales.

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