Tras la victoria de Michelle Bachelet en la 1ª vuelta de las elecciones presidenciales y su casi inminente triunfo en diciembre próximo, se hace necesario transparentar las posibles modificaciones a uno de los sistemas más mal evaluados por la ciudadanía en la actualidad: el sistema de AFPs.
En el presente el sistema de pensiones se encuentra cuestionado no solo por los bajos montos de las pensiones de los jubilados, sino también por la utilización de los fondos previsionales de los trabajadores como instrumentos de especulación financiera. Muestra de ello fueron las acciones de las AFP involucradas en La Polar, y recientemente los cerca de US$ 757,9 millones involucrados en los posibles delitos del Caso Cascadas. Gracias a estos dineros personajes siniestros se han llenado los bolsillos de siderales utilidades, mientras el promedio de las pensiones del millón de chilenos jubilados alcanza los $183.804 pesos mensuales.
El programa de Michelle Bachelet muestra una continuidad con las políticas tanto de la Concertación, como de la Alianza. Es decir, no toca el sistema de AFPs. Los pequeños maquillajes, parecen tener la intención de proteger el negocio de las AFPs y los grandes grupos económicos, pues lo central del programa en este aspecto, es potenciar el sistema de pensiones básicas solidarias. Lo que en términos sencillos significa que el Estado subsidia a los jubilados, complementando lo que entrega el sistema de pensiones.
Es decir, en vez de obligar a las AFPs a entregar pensiones dignas, no toca sus bolsillos y entrega a través del fisco el dinero que debieran aportar las administradoras.
Por otra parte, se propone la posibilidad de la creación de una AFP Estatal. No cabe duda que la propuesta de una AFP Estatal no viene del mundo de los trabajadores, quienes en sucesivas movilizaciones, de incluso alcance nacional, han propuesto el fin de las AFP y el establecimiento de un sistema de reparto, solidario y tripartito.
De hecho, y como se menciona en el mismo programa en la página 99, la AFP Estatal permitiría “ mayor competencia de precios, la atención preferente de grupos de la población de menor interés para las AFP existentes, como los trabajadores independientes, de menores rentas y quienes laboran en zonas apartadas de los grandes centros urbanos”. Mayor competitividad y mayor cobertura.
Ambas medidas ni siquiera se acercan al problema del sistema, sino que lo fortalecen. La competitividad traería beneficios anecdóticos para los cotizantes y la cobertura viene a ingresar una mayor cantidad de capital a los fondos de pensión. Ninguna de esas propuestas viene del mundo sindical.
Como señalamos en un artículo anterior, no es un problema de administración Estatal o privada, lo central del nefasto sistema, sino la utilización de las pensiones como activos financieros que financian a los principales grupos económicos, pues es ahí donde mayormente se invierten los recursos de los cotizantes. El problema central es que no tenemos un sistema de pensiones, sino un sistema de capitalización individual: es decir, un instrumento de inversión financiera- cuya consecuencia obvia, es su devaluación al ser sometido al sistema especulativo-.
Las propuestas de la futura presidenta, protegen y fomentan la estafa de las AFPs, encubriendo el brutal saqueo a las pensiones, pagando a través del fisco los dineros que se han evaporado de los fondos de pensión. Cualquier modificación seria al sistema, debe poner en primer lugar la derogación del DL3500 que es el marco legal que impone el sistema de AFPs.
Ello es profundamente necesario, porque más alla de una administración estatal o privada, el DL 3500 permite la especulación con las pensiones, pues es el marco legal del sistema de capitalización individual. Una AFP Estatal también invertiría con las pensiones en el cuestionado sistema financiero pues está regulado por el mismo DL3500, independientemente su administración estatal o privada
Lo nefasto de este decreto, es que permite prácticas que perjudican a los cotizantes, como en el Caso Cascadas. Pues, como menciona en un informe la Superintendenta de Pensiones Solange Berstein Jáuregui, tras revisar a las sociedades del caso Cascadas, “ En julio de 2012 se revisaron todas las transacciones realizadas con recursos de los Fondos de Pensiones relacionadas con las sociedades cascada entre 2009 y 2012, sin encontrar a esa fecha incumplimientos a las normas establecidas en el DL 3.500 “
Es decir, no es un problema de legalidad. El DL3500 es quien permite y promueve el lucro con las pensiones.
Derogarlo es lo central. El resto, como diría alguien por ahí, es solo ilusión.
Foto: http://michellebachelet.cl/chile-ha-votado-mayoritariamente-por-nuestro-proyecto/
Programa M. Bachelet: http://michellebachelet.cl/programa/
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