El pasado informe del INE, publicado el 31 de Mayo, en su encuesta de empleo del trimestre Febrero-Abril 2010, reveló que 36.420 personas, aproximadamente, deben cruzar el río Bio-Bio, desde el norte o desde el sur, para ir a su trabajo. En Coronel, el 42.1% de sus trabajadores residen en otras comunas.

 La prensa oficial de la región ha utilizado estos datos para señalar la necesidad de la construcción de un puente industrial que se opone a los planes del gobierno central, que pretende construir un puente para todo tipo de vehículos. Sus razones son plausibles, el desconocimiento y apresuro de la elite santiaguina genera soluciones cortoplacistas que no permiten solucionar el fundamental tema de la conectividad de la Región, pues sus estudios no toman en cuenta los problemas de conectividad de años anteriores y los posibles atochamientos y daños en los lugares en que se quiere construir.

 La conectividad es un tema principal en la agenda público-privada, y ha sido uno de los enclaves fundamentales para el desarrollo de la empresa privada en países de economías subdesarrolladas a lo largo de la historia. Mediante una buena conectividad, la industria privada tiene un acceso rápido y fluido a los puertos, mirando hacia la exportación de materias primas. En ella se concretiza la llamada “vocación exportadora” de nuestra economía, que ha logrado un crecimiento abismante para los dueños de los medios productivos, y en la miseria a los poblados que los abastecen con materias primas y mano de obra barata. Muestra de ello es, el negocio forestal.

 Lo que realmente develan los informes del INE, más allá de la vorágine ignorante y centralista de la elite santiaguina y más allá de los deseos de la burguesía penquista, es el evidente desarrollo insostenible de nuestra región. La conectividad se transforma en un problema de tan macabras proporciones como el actual, cuando hay poca productividad en las periferias industriales (las comunas dormitorios) y se centraliza la principal actividad económica de la mayoría, el empleo, en los complejos industriales.

 La propuesta refundacional, frente a la reconstrucción de la elite santiaguina y de la oligarquía penquista, debiera contar por tanto, con una democratización del territorio, que se expresara en la descentralización de la actividad productiva, suprimiendo paulatinamente los problemas de atochamiento, pues no habría tanto traslado de los trabajadores (en el fondo, los que más sufrimos con los tacos) y por lo tanto de lo que ellos producen, pues la producción en estos poblados debiera dejar desarrollo y utilidades. Descentralización de la actividad económica que por supuesto, debe respetar los derechos laborales y luchar contra la precarización del trabajo. Algo que la agenda publico-privada que controla nuestro territorio nunca ha estimado conveniente para el desarrollo de la empresa privada.

Así fue con la Concertación y su alianza publico-privada y su aumento insignificante del sueldo mínimo, así es con la derecha y gabinete de gerentes, cuya propuesta es similar a sus contendientes que hoy se disfrazan y borran con el codo, lo escrito con la mano. Frente a ellos, el 60% de los chilenos que gana menos de $140.000.