Algunas de las causas son la mala distribución de los recursos y los servicios que los hospitales se ven obligados a comprar.

El informe de la Sociedad de administradores hospitalarios del periodo comprendido entre enero y septiembre de 2008, dio a la luz la deuda millonaria que mantiene la salud pública, de alrededor de 66 mil millones de pesos.

La causa de la deuda se atribuye –entre otras- al aumento de sueldos que el Ministerio de Salud hizo a los funcionarios de hospitales y consultorios, con la finalidad de evitar la fuga de estos hacia el servicio de salud privado. Este sector cuenta con una mayor cantidad de recursos debido al alto costo que sus usuarios deben pagar, razón por la cual ofrecen mejores salarios a los trabajadores de la salud. De esta forma el gobierno pretende compensar el alto nivel de renuncia que existe por parte de los empleados del sistema de salud público.

Otra de las causas es el pago por los “servicios de apoyo clínico”, que son aquellos exámenes y distintos insumos que necesitan los hospitales públicos para garantizar la atención de las personas, que muchas veces no están en buenas condiciones, como por ejemplo los mamógrafos, en el caso de un examen de mamas. Cuando las horas de atención, las máquinas y el personal de un hospital no da abasto para atender la gran cantidad de personas del sistema público, los servicios de salud cuentan con convenios con clínicas privadas que les venden sus servicios, esto por no contar con empresas estatales que puedan prestar servicios asistenciales, o por no invertir en tecnologías de avanzada. El dinero siempre termina de alguna u otra manera en el sistema privado.

A fin de cada año los centros de salud hacen informes acerca de las personas que necesitan atención médica en plazos establecidos por programas como el AUGE, que fija cierta cantidad de tiempo para atender a personas dependiendo de la patología. Estos informes se envían al servicio de salud correspondiente y luego al Ministerio de salud, que en conjunto con el Ministerio de Hacienda envían un presupuesto a los distintos servicios de salud con el que cuentan para la compra de insumos y exámenes. Estos a su vez son cotizados en las clínicas con las que los servicios de salud tienen convenios y se acuerdan valores referenciales para apoyos clínicos. De esta forma, las personas que durante el año no alcanzan a recibir atención médica en los centros de salud pública dentro de los plazos establecidos son enviadas a clínicas a realizar los exámenes que correspondan. A fin de año llega la cuenta con todo lo que se gastó. Generalmente, el costo total supera el referencial, dado que las cotizaciones se hacen con una proyección del IPC, algo así como una especulación de cómo van a aumentar los precios según el consumo de productos, pero esto es variable, así el valor inicial referencial no permanece fijo y aumenta.

Cabe destacar otro motivo importantísimo –uno de los principales de este problema- que es el gasto en salud pública que corresponde solo a un 2.8% del total del PIB, que pretende cubrir el 70% de la población; esto corresponde en pesos a $204.000 anuales percápita para la salud pública, mientras que el 17% de la población atendida en la salud privada se lleva el 2% del PIB, que corresponde en pesos a $577.000 percápita anuales. Las cifras revelan la grotesca diferencia que existe entre el aporte al sistema público y al privado, en donde la deuda que mantiene la salud pública que fue arrojada por el informe es la consecuencia lógica de esta desigualdad en la distribución de los recursos.

Lo expuesto anteriormente revela las claras intenciones de privatizar la salud progresivamente, en donde un grueso de la población quedaría excluida de este sistema por los altos costos que tiene, sin mencionar lo terrible que resulta volver esta labor social tan impersonal y reducirla a una relación comercial que determina que aquel que tiene dinero es el que compra su derecho a la vida.