Por Edmundo Arlt
El fracaso de la Convención Constitucional se debe a tres factores. En primer lugar, a su captura por parte de minorías representativas de intereses particularistas. Una Constitución, por definición, debe aunar criterios universalistas para la orientación del derecho y la política alrededor de una nación política. Por el contrario, el texto rechazado era la mera suma de particularidades, fuesen estas feministas, ecologistas, sexualmente diversas o étnicas. Dicho en corto: una suma de diferencias sin unidad alguna. Una suma de diferencias sin nación chilena. En segundo lugar, el fracaso se explica por una inusual cantidad de independientes. Ellas y ellos debían, en teoría, introducir aire fresco a una clase política esencialmente corrupta. Sin embargo, fuimos testigos de diferentes espectáculos. Algunos incluyeron guitarras, otros sahumerios, otros duchas teléfono. En tercer lugar, presenciamos un debate político irracional, incoherente e inorgánico. La sensación que quedaba posterior a la lectura de los informes evacuados por las comisiones era la de estar frente a textos redactados por púberes presos de un voluntarismo fruto de una emocionalidad sensiblera. Algo correctamente predicho por el intelectual Carlos Peña. A Dios gracias que nunca se instaló una asamblea constituyente. Estos tres factores son subsanados mediante el nuevo “Acuerdo por Chile”, el cual combina lo mejor de la experticia con la democracia representativa.
La lógica arriba descrita ha sido repetida hasta el cansancio por la reacción. Una oración resume dicha lógica: si desea que una tarea sea rigurosamente realizada, incluya al pueblo lo menos posible. Este razonamiento no es nuevo. La encontramos en el viejo voto censitario. Ése que sólo incluía hombres adultos, dueños de una propiedad, que sabían leer y escribir cuando esto era un privilegio. Las mujeres debían ser excluidas pues eran una versión adulta del intelecto infantil y no podían defender por la fuerza lo que dictaran en forma de leyes. Esta lógica la encontramos nuevamente en la democracia protegida que nos heredó la dictadura. La soberanía popular debía ser ahogada con un sistema binominal único en el planeta, con casi un 20% de senadores designados hasta 2005, con comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas inamovibles, con un Consejo de Seguridad Nacional que podía llamarle la atención al presidente, con un Tribunal Constitucional que aún puede fácilmente re-escribir una ley aprobada por el Congreso, pero jamás ampliar los derechos constitucionales contenidos en las leyes existentes. No insultaré a la lectora o el lector recordándole que hasta 1998 tuvimos un co-gobierno entre un presidente DC y Pinochet. Esta reacción, que no es patrimonio exclusivo de la derecha, desea frenéticamente volver a esa anhelada democracia protegida. Ésa que brindaba orden, progreso y crecimiento. Para ello, es necesario reducir la soberanía popular expresada en el voto a una mera formalidad. Una que permita señalar que la nueva Constitución ha sido “realizada en democracia y por medios democráticos”.
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Este anhelo está contenido en el “Acuerdo por Chile”. Los consejeros constitucionales del futuro Consejo Constitucional serán elegidos igual que los senadores. Es decir, el 36% por ciento de las y los chilenos que viven en Santiago elegirán el 10% de estos consejeros. Debemos reconocer que estamos ante una hermosa manera de retorcer el principio base de la democracia: una persona un voto. Dichos consejeros deberán “discutir y aprobar” una propuesta de texto redactada por una Comisión Experta de 24 personas designadas por el Senado. La lógica más elemental exige que hubiese una definición precisa y rigurosa de qué persona cumple los criterios para ser “experta”. No es el caso: lo definirán las y los senadores. Pero hay algo más interesante. Todos los artículos que no sean aprobados por 3/5, pero que no alcancen un rechazo de 2/3 de las y los consejeros, estarán a cargo de una Comisión Mixta de 6 personas, expertos y consejeros a partes iguales. Esta comisión dirimirá sobre estas normas en conflicto. Pero aquí no termina el asunto. Habrá un Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por otros 14 expertos designados por el Senado. Este comité revisará artículo por artículo buscando contradicciones con las bases institucionales presentes en el acuerdo. De llegar a acuerdos por mayoría absoluta “no serán recurribles ante Órgano alguno, nacional ni internacional.” Es decir, no podrán ser protestadas ante la Corte Suprema o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho de otra manera, un órgano designado por el Senado será el soberano sin restricciones. Ya se hará una idea, lectora o lector, de lo que se viene cuando la palabra “designado” debe utilizarse repetitivamente para dar cuenta de lo que sucede.
De no mediar resistencia, pasaremos de una soberanía popular que reside en el pueblo a una soberanía que reside en los expertos… designados.
*Imagen obtenida de La Tercera
https://www.youtube.com/watch?v=X__1wDLicCw&ab_channel=ResumenTV
