Por Robinson Silva
El Servicio electoral es un ente creado en 1925 y funcionó como rector del sistema de elecciones y escrutinios en el país hasta 1973, fecha en que sus archivos son destruidos por los golpistas en el poder.
El 1 de octubre de 1986 este servicio fue repuesto, entrando en vigor mediante la Ley N°18.556 “Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, que le da su actual denominación y funciones. Con esta estructura se realizó el plebiscito de 1988 que ratificó el término institucional de la dictadura. Una de las modificaciones posteriores se produjo en 2013, cuando asumió el Consejo Directivo del Servel, para ejercer la dirección superior del Servicio, mediante el cuoteo de partidos políticos con representación legislativa, lejos de democratizar el poder electoral, éste se fue anquilosando, y no podía ser de otra manera, ya era muy tarde y el poder político chileno, emergido con la transición, ya estaba desprestigiado y herido de muerte.
Ahora bien, en 2015 y no sin dificultades y oposiciones se le otorgó autonomía constitucional, excluyéndolo de la Administración del Estado, para supuestamente reconocer su autonomía respecto de los poderes del Estado. De todas formas, el Consejo Directivo sigue estando a merced del poder político de turno, el organismo es visto como un ente sujeto a la política contingente; es así como el actual presidente del organismo es Andrés Tagle, militante UDI y hombre ligado al mundo de la s finanzas y las AFP. Por otra parte, el Consejo Directivo del Servel sólo consta de cinco personas, todas ligadas al poder político-experto que ha administrado el régimen en los últimos 30 años.
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Un Servel sin autonomía real se ha sostenido como un ente observador, donde la sujeción de su voluntad ha servido para sostener las situaciones de irregularidad de los partidos políticos, como en el caso de la DC en… y el refichaje falso de los partidos en 2019, que solo blanqueó las nóminas de las tiendas políticas luego de los escándalos por la financiación irregular por campañas.
De esta forma, es esencial pensar en un ente verdaderamente autónomo de los poderes políticos incumbentes y, además, modernice y haga eficiente el modelo de participación y representación electoral actualmente vigente en Chile.
Una de las cuestiones importantes es darle un estatuto que garantice total independencia, tal vez plantearse un concejo que provenga de la decisión popular, así como existe para el poder judicial y fiscalías en algunos países anglosajones, como sea, el Servel debe reformularse totalmente y así, dar confianza a las y los chilenos.
En 2012 se modificó el sistema a través de la inclusión del voto voluntario, pero este canto de sirena no incluyó la modernización efectiva de la operativa electoral, embebidos de una visión progresista de la vida cívica chilena, la clase política pensaba que el control sobre el país estaba zanjado, y se liberó el voto sin entregar formas realmente efectivas para ejercer ese derecho, entre otras razones, esto podría explicar en parte la drástica disminución en la participación electoral, siempre explicada por discursos culturalistas que tienen que ver con la discriminación etarea y de clase, tan recurrente en los análisis del expertismo chileno.
Dentro de esas modernizaciones, las más técnicas si se quiere, se debe avanzar fuertemente en modalidades específicas ya probadas en democracias bien consolidadas: el voto anticipado, el voto por correo certificado, la georreferenciación del padrón para votar cerca del domicilio, entre otras muchas modificaciones que hacen del sistema chileno anticuado y poco eficaz para gestionar los sufragios.
Por último, es relevante pensar, ya en el ámbito de la constituyente, se debe plantear otras formas de democracia directa que alimenten un sistema electoral más sano, de esta forma iniciativas populares de ley, decisiones debatidas comunitariamente, en forma de asambleas resolutivas normadas o elecciones por sorteo para ciertas instancias, todas maneras de profundizar la democracia.
