La urgente transición postextractivista en Chile: El caso de Maricunga y el Litio
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Salar de Maricunga[/caption]
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Mirar desde Maricunga
Ubicado a poco más de 160 kilómetros al noroeste de Copiapó en la región de Atacama, el Salar de Maricunga se levanta como un frágil ecosistema a una altura de cerca de 4 mil metros sobre el nivel del mar.
Con una biodiversidad donde abundan vicuñas, guanacos, flamencos, gaviotas andinas, bofedales y humedales andinos, la parte sur de Maricunga forma parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, integrando una gran cuenca hidrográfica y, por ende, teniendo una férrea relación con otros ecosistemas que son parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) como la Laguna Santa Rosa y la Laguna Negro Francisco.
Pese a su fragilidad ecosistémica, Maricunga se encuentra actualmente amenazado por la explotación del litio propulsada por el empresariado nacional y transnacional. Al ser el segundo salar en importancia de reservas de litio luego del de Atacama, se ha colocado en la mira y generado la proyección, incluso, de proyectos a plazo en base a la mercantilización de los bienes comunes, cuestión respaldada por la agenda impulsada por el gobierno.
Actualmente, tres son los proyectos que amenazan con intervenir el salar sustentándose en el litio:
1. Una exploración liderada por CODELCO, cuyo objetivo sería recopilar información hidrogeológica, además de realizar una evaluación preliminar del metal presente en formato salmuera.
2. Una extracción (Producción Sales Maricunga) encabezada por SIMCO SpA en 2.202 hectáreas con una inversión de US$350 millones, buscando producir 5.700 toneladas anuales de carbonato de litio, 9.100 de hidróxido de litio y 38.900 de cloruro de potasio.
3. Una extracción (Proyecto Blanco) liderada por Minera Salar Blanco S.A. con una inversión de US$527.000.000, utilizando 4.700 hectáreas y proyectando la producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio y 58.000 de cloruro de potasio.
Sin embargo, el Salar de Maricunga cuenta con intervenciones previas como también con proyectos que se realizarían en la cuenca hidrográfica y/o en los ecosistemas con los cuales dialoga. Estos estarían principalmente relacionados con la explotación de oro liderados por las empresas Kinross y Fenix Gold. La primera, con antecedentes en el territorio por sus instalaciones “Minera Maricunga” y “La Coipa”, explotaciones que ya han afectado gravemente al ecosistema completo como también a las comunidades, provocando, en el caso de la primera, la sequedad de humedales altoandinos y generando daños irreparables a la vega Valle Ancho ubicada en el corredor biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda; concretamente, la extracción de agua subterránea por las faenas de Minera Maricunga secó el humedal del lugar, afectando a todo el ecosistema de la cuenca, incluyendo su biodiversidad. Asimismo, La Coipa presentó en 1994 la filtración de tranques de relave, contaminando el acuífero con mercurio e impactando al ecosistema completo; sin embargo, el hecho fue obviado por la política pública pese a la gravedad del hecho.
En este contexto, la misma transnacional canadiense busca instalar durante los próximos años su proyecto “Lobo Marte”, el cual conllevaría faenas en las inmediaciones del mismo corredor biológico que une los dos polígonos del Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Con un promedio de producción de 6,4 millones de onzas de oro, casi 2 millones más de lo que señalan en su propio sitio web, el proyecto se encuentra actualmente bajo un estudio de factibilidad, el cual espera terminar a fines de 2021, dando paso a su materialización mediante obras de construcción para el año 2025 y, su primera producción, para 2027, con una vida útil de 15 años en un ecosistema donde Kinross ya cuenta con historial respecto a graves daños medioambientales.
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Ubicación de múltiples intervenciones en el ecosistema | Imagen: Google Maps, editada[/caption]
De esta forma, el observar desde Maricunga la profundización del extractivismo mediante la mercantilización del litio permite comprender no solo los graves y notorios efectos en el ecosistema, sino también el modo en el que las comunidades se relacionan con este y cómo se torna fundamental una mirada ecosistémica de los conflictos socioambientales.
Y es que estos se han levantado por la resistencia en los territorios contra quienes buscan intervenirlos. En este caso, la eventual explotación del litio tiene como antecedente el peso histórico de la minería en el norte del país; uno en el cual nunca se ha considerado verdadera y vinculantemente a las comunidades.
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Movimiento en ciernes: la defensa irrestricta
Es precisamente el peso histórico de la minería lo que abunda en el relato de quienes han apostado por resistir al avance de los proyectos de mercantilización del litio. Dicha situación, consideran, es una continuación del modelo extractivista y no una alternativa, como lo ha intentado mostrar tanto el empresariado como también el gobierno de turno, conceptualizando proyectos como “extraordinariamente importante”.
De esta forma, existe una caracterización del movimiento en ciernes que se está constituyendo en defensa del Salar de Maricunga, el cual ha logrado frenar momentáneamente el avance de los proyectos de esta índole, entregando una experiencia nutritiva a considerar para la elaboración de un horizonte verdaderamente postextractivista.
Una de estas tiene relación con la composición de la resistencia, la cual se nutre desde su heterogeneidad. Esta situación, la cual se vive en su momento de ciernes, ha permitido la inclusión de distintas y distintos actores en la defensa del territorio, lo cual decanta en la convivencia de interpretaciones y relaciones que se tienen para con el ecosistema. Desde los pueblos originarios, las y los habitantes de las comunas hasta personas y organizaciones que desarrollan el rubro del turismo nutren el momento que viven los espacios de resistencia.
En esta línea, dicha composición también ha permitido converger múltiples visiones desde lo tradicional y social con el salar. La memoria que existe en las comunidades ha permitido, en este sentido, reconocer formas de relacionarse, e incluso proyecciones que no cuadran en el modelo extractivista, enfatizando en la importancia de que este sea superado.
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Laguna Santa Rosa, parte del complejo hidrológico del Salar de Maricunga, y del Parque Nacional Nevado 3 Cruces[/caption]
Asimismo, dicha convergencia de visiones y relaciones también reflejan la comprensión del entramado de ecosistemas que existe en el territorio. Lejos de una visión parcelada, el movimiento en ciernes ha sido capaz de identificar -a partir de sus conocimientos situados- lo fundamental que es la mirada ecosistémica de la problemática, contemplando no solo el Salar de Maricunga amenazado, sino que el resto de territorios como lo es el Parque Nacional Nevado Tres Cruces y el sitio Ramsar que se encuentra en el corredor biológico que une ambas secciones del Parque Nacional.
Es desde esta relación donde la mirada situada y el peso histórico del conflicto toma aún más relevancia. Pese a presentarse como proyectos -actualmente frenados institucionalmente-, las comunidades que se relacionan con el Salar de Maricunga ya conocen las consecuencias de la explotación minera en el territorio. En este sentido, la agudización de la crisis medioambiental aumentaría, indican desde los territorios, considerando que para la extracción de litio se recurriría a sacar grandes cantidades de agua para su posterior procesamiento, decantando eventualmente en graves consecuencias para la cuenca hidrográfica completa, de la cual forma parte Maricunga.
Este conocimiento situado, el cual nace desde los efectos de la minería del oro, boro y la explotación bajo la cual ya se encuentra el Salar de Atacama por la minería del litio, ha permitido consolidar una resistencia del movimiento que apunta profundamente a los derechos de la naturaleza.
De esta forma, no se reniega de lo “normalizado” que pudiera estar en el territorio la llegada de proyectos extractivistas; por el contrario, esto es utilizado como argumento para frenar su intervención.
Así es como, con estos elementos que centran la resistencia en la defensa de los ecosistemas comprendiendo no solo su fragilidad, sino también lo expuesto que han estado durante décadas al modelo extractivista que busca profundizarse bajo un supuesto “paradigma verde”, las redes de organización en ciernes han construido un abanico de expresiones para poder frenar su avance.
Y es que la comprensión del momento por el que transitan es fundamental. Al no ser aún una problemática conocida ampliamente por la población (local ni nacional), las comunidades han avanzado en acciones profundas y a plazo, perspectivando la importancia de su crecimiento en número.
En este contexto, la heterogeneidad de actores/as que componen al movimiento han permitido el despliegue a través de distintas herramientas de movilización que abordan las vías con y fuera de la institucionalidad. La elaboración de acciones de protestas, el proyectar un turismo que tribute a exponer la problemática, la intervención en las instancias municipales y la elaboración de recursos para frenar los proyectos dan ejemplo de aquello: una multiplicidad de formas de resistencia, aún en forma muy primigenia, pero fortaleciéndose.
Esta caracterización del movimiento permite comprender y enfatizar en aspectos esenciales que se consideran desde las comunidades en búsqueda de alternativas al extractivismo. El caso de Maricunga representa, por ende, un fenómeno que transparenta la dinamicidad de la resistencia; aquella que, aún en ciernes, proyecta la importancia de que la población valide su relación con los ecosistemas, priorizando la existencia de estos por sobre una profundización del modelo.
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Horizonte postextractivista: gestión comunitaria, perspectiva ecosistémica y justicia ambiental
Una verdadera salida del extractivismo es una tarea urgente y que parte de las comunidades la han asumido como tal. En este sentido, la construcción de un horizonte postextractivista está relacionado con un proceso de transformación que cumpla con diversas características que permitan establecer modificaciones estructurales y no cambios parciales o solo de conceptos.
Este escenario también ha intentado ser cooptado por las mismas matrices extractivistas del empresariado. En el caso de Maricunga, se logra observar un proyecto liderado Grupo Errázuriz (el mismo vinculado al proyecto de extracción “Producción de Sales Maricunga”) que busca extraer “litio verde” bajo la premisa de generar litio sin extraer agua, para lo cual instalará una planta piloto; caso similar al proyecto liderado por SQM.
Sin embargo, una transición hacia el postextractivismo conlleva irrumpir profunda y medularmente las relaciones que existen actualmente con los ecosistemas. Para esto, el caso de Maricunga deja diversas orientaciones para abordar un proyecto que supere el modelo actual.
En primer lugar, es primordial avanzar en una planificación territorial con enfoque ecosistémico de forma transversal en múltiples territorios -no solo algunos-, teniendo en cuenta las características y dinámicas particulares que promuevan la elaboración de ordenamientos y tomen en cuenta los derechos sociales y los de la naturaleza mediante un uso racional de sus componentes. En este sentido, la situación que afronta el Salar de Maricunga vuelve a enfatizar en este punto mediante una mirada que pareciera ser considerada solo por las comunidades y negada por el empresariado, expresándose tanto en la parcelación de las consultas y participación ciudadana, como en el desarrollo de estudios incompletos sobre los ecosistemas que se verían alterados. Con un Estado que tampoco cuenta con las herramientas para contrastar los estudios presentados por las empresas.
Por otra parte, el crear espacios para que sean las mismas comunidades quienes elaboren la construcción de alternativas que vayan más allá del extractivismo es fundamental para una transición justa donde desde los territorios la organización sea percibida como un proceso vinculante.
Para esto, el dar término a los cerrojos institucionales, no solo de la dictadura cívico-militar sino también de la postdictadura, es una acción fundamental y a realizarse en un corto plazo. Tras el inicio del Estallido Social en Chile, se ha visibilizado aún más la urgencia de dar término a los cercos que prohíben cambios estructurales del modelo extractivista. Así, el proceso constituyente es comprendido como una oportunidad para abrir un debate nutrido desde las propias comunidades.
De esta forma, no solo se torna fundamental avanzar en los proceso de desmercantilización de los derechos sociales y la consagración de los derechos de la naturaleza, sino también proyectar cambios que se relacionen con la institucionalidad ambiental.
En este sentido, la transición postextractivista contempla un entramado diverso y complejo de fenómenos, donde la participación activa y vinculante de las comunidades que habitan y se desarrollan con los ecosistemas es fundamental. Esto conlleva, necesariamente, la elaboración de espacios de gestión comunitaria que tengan un importante grado de participación y no sean meramente consultivos, sino con una gran capacidad de incidencia.
Del mismo modo, la justicia ambiental es un aspecto que también urge en el proceso de transición, donde lejos de una mera “condena económica”, el empresariado responsable de alterar los ecosistemas se haga cargo de los efectos que han traído consigo sus proyectos en los territorios. Asimismo, es fundamental que dentro de la misma planificación ecosistémica se consideren los antecedentes de quienes lideran los proyectos de intervención, ejercicio que actualmente es obviado y tomado solamente por las comunidades en resistencia.
A modo de ejemplo; en el caso de Maricunga dos líderes de los proyectos de extracción -Francisco Javier Errázuriz Ovalle y Cristóbal García-Huidobro Ramírez- cuentan con antecedentes respecto a condenas por usurpación de aguas y denuncias desde comunidades mapuche, respectivamente. Antecedentes que parecieran no considerarse de parte de los órganos estatales, los mismos que han facilitado el avance de sus proyectos de mercantilización del litio.
De este modo, la transición postextractivista en Chile está fuerte e intrínsecamente vinculada a cambios estructurales que posicionen el bienestar de los pueblos y la naturaleza por sobre la profundización del neoliberalismo. Lejos de ser un tránsito parcelado, el cambio debe ser estructural y vinculado a todos los territorios; solo una mirada ecosistémica, que contemple estos y otros tantos antecedentes en el debate, permitirá la salida del modelo en crisis.
Una “transición verde” que tenga al litio como su piedra angular para desarrollar la electromovilidad y las “energías renovables”, pero que siga profundizando el extractivismo, la desigualdad social (donde los más ricos acaparan la mayor cantidad de energía y recursos) y la histórica subordinación colonial de los países pobres frente a las grandes potencias mundiales, no será ningún cambio a la crisis climática que vive el planeta.
De esta forma, el impulso de los países industrializados bajo una supuesta "transición verde" conlleva una profundización del extractivismo en los territorios, fenómeno donde Chile, y el litio, son un claro ejemplo de aquello. Lejos de lo que pudiera considerarse desde una perspectiva ecosistémica, dicho impulso pareciera ser justificado por el propio empresariado nacional y transnacional, presentándolo como algo fundamental para realizar una reorientación de la explotación de los bienes comunes en el actual contexto de crisis climática.
Así, vislumbrar este vínculo entre la falsa "transición" y la profundización del modelo extractivista, permite establecer una perspectiva crítica ante el avance de una amplia gama de proyectos que se presentan bajo esta etiqueta. La minería de tierras raras en las comunas de Penco y Santa Juana en la región del Biobío dan cuenta de aquello: una política que utiliza el concepto “verde” como máscara para intervenir los ecosistemas, vulnerar los derechos de la naturaleza y justificar el accionar extractivista.
Una salida a la crisis socioambiental podría tener sentido, cuando no solo se pongan por encima las soluciones desde el desarrollo tecnológico y del gran empresariado, sino que desde una participación activa de las comunidades, con un diálogo de toda la sociedad que busque crear una nueva forma de relacionarnos con nuestro medio ambiente, en donde la justicia socioambiental y el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza estén al frente de la discusión.
Al cierre de esta nota, se intentó tomar contacto mediante los correos que los titulares y representantes legales señalaron en sus fichas de los proyectos de litio. Sin embargo, no se ha tenido respuesta.
* Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
** Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
El presente escrito forma parte de una serie de notas de una investigación que se encuentra en edición titulada «MARICUNGA AMENAZADO: Ambición, extractivismo y resistencias frente al litio», la cual tiene como objetivo sistematizar la situación a la que se enfrenta el ecosistema del salar de Maricunga ante el avance de la explotación del litio en el territorio.