El informe final –votado el martes 1 de octubre- de los diputados que investigaron el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), propone anular todas las acreditaciones otorgadas por menos de cuatro años. Si la idea prospera, se verán en serias dificultades las universidades vinculadas al escándalo de la venta de acreditaciones, varias de las cuales hoy enfrentan un problema financiero por la fuerte baja de alumnos. Por ejemplo, la Pedro de Valdivia cuya matrícula de primer año cayó en un 84,7% o la Gabriela Mistral donde la baja fue de un 31,4 %.

No es posible saber si las acreditaciones que han recibido decenas de universidades chilenas y que les han servido para incrementar sus ingresos en miles de millones de pesos vía Crédito con Aval del Estado (CAE), son “validas y confiables”. Esa es la principal y más dura conclusión de la comisión de la Cámara de Diputados que investigó las irregularidades en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y cuyo informe final se aprobó el martes 1 de octubre en sala, sin que nadie le prestara atención.

El efecto inmediato de la lapidaria afirmación parlamentaria es que la frase “acreditada por cuatro años” -que incluyen universidades e institutos profesionales en su publicidad- ha perdido todo su valor. Los padres y los alumnos deben tomar nota que, de acuerdo al informe del Poder Legislativo, el sistema de acreditación fue mal diseñado y peor controlado; y que debido a eso, nadie puede asegurar que una institución “acreditada” esté impartiendo educación de calidad o sea una institución seria. El desastre en la CNA, dicen los diputados, provocó un daño “en la fe pública, en el sistema”y  llevó a que una “cantidad significativa del millón de estudiantes en el nivel de educación superior, esté matriculado en instituciones y carreras de dudosa calidad”.

De este último hecho las familias ya han tomado nota. De acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Educación (CNED) casi todas las instituciones directa o indirectamente involucradas al escándalo de las ventas de acreditaciones -que tiene como protagonista al ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz-, han bajado dramáticamente sus matriculas de primer año, lo que puede provocarles serios problemas financieros en el corto plazo.

De hecho, Ciper constató lo anterior en un reportaje publicado el 28 de febrero de 2008 que daba cuenta que las universidades investigadas por lucro e irregularidades habían cerrado carreras por falta de postulantes.

El caso más grave es el de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), institución que según la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente, contrató a Luis Eugenio Díaz por $50 millones para conseguir una acreditación de la CNA. En 2013, la UPV vio caer la matrícula de alumnos de primer año en un 84,76% respecto de 2012: mientras que en 2012, 4.036 alumnos comenzaron a estudiar ahí. Este año sólo se matricularon 615 alumnos. Este hecho provocó que el total de alumnos cayera de 11.513 a 8.674.  (Para ver en detalle la relación de Eugenio Díaz con las universidades que se mencionan en esta nota vea el reportaje “Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas”)

Un derrumbe similar sufrió la matrícula de la Universidad Bernardo O´Higgins, donde los alumnos nuevos en 2013 fueron un 68,99% menos que los que llegaron el año pasado (la baja fue de 1.290 alumnos a sólo 400). La drástica merma provocó que la matrícula total cayera de 4.835 a 4.110. Según los datos reunidos por la fiscalía que investiga las actividades ilícitas de Eugenio Díaz, la Universidad Bernardo O`Higgins firmó un contrato de asesorías con el ex presidente de la CNA por $20 millones para lograr acreditarse.

La Universidad Gabriela Mistral -que habría sido acreditada por presiones de Eugenio Díaz y contradiciendo la opinión de evaluadores que visitaron esa institución-, también ha sufrido una fuerte caída en su matrícula. Los alumnos de primer año que recibió en 2013 fueron un 31,45% menos que los que llegaron en 2012, según los datos del Consejo Nacional de Educación, CNED.  Con ello, la matricula total de esa casa de estudios cayó de 2.515 a 2.021 este año.(Ver reportaje)

La Universidad SEK, gravemente expuesta por los vínculos que estableció con Eugenio Díaz, también ha sufrido una fuerte baja. La matrícula de alumnos de primer año cayó en 29,6 % respecto del año anterior (de 1.436 alumnos bajó a 1.011). De acuerdo a los antecedentes reunidos por la Fiscalía Oriente, Díaz habría ofrecido sus servicios de asesoría para acreditar a esa universidad mientras era consejero de la CNA. Además habría confeccionado los documentos que la SEK presentó ante la CNA donde luego él mismo los revisó y los votó favorablemente. (Ver reportaje)

La Universidad Autónoma, controlada por el ex ministro de justicia Teodoro Ribera, vio caer la matrícula de alumnos de primer año en un 28,02% (de 5.597 alumnos en 2012 a 4.029 este año). Ribera debió renunciar a su cargo de ministro el año pasado cuestionado por los favores que le pidió Díaz justo en el momento en que este estaba acreditando a la Universidad Autónoma.

Sin aludir directamente a ninguna de estas universidades, el informe de los diputados propone la creación de una nueva institución que reemplace a la CNA y que revise en serio los procesos universitarios, dejando nulas todas las acreditaciones entregadas por menos de cuatro años. “Toda institución de educación superior que tenga una acreditación inferior a cuatro (4) años deberá someterse obligatoriamente al nuevo proceso de acreditación a cargo de la Agencia Nacional de Acreditación, pese a que su período de acreditación no se encuentre vencido”, dice el documento.

Si esta propuesta prospera, todas las universidades mencionadas (salvo la Autónoma que recibió cinco años) y otras muchas que no aparecen aquí, deberán ser nuevamente sometidas a examen,  esta vez con una mirada más crítica y exigente y en un escenario financiero muy complejo.

Los diputados proponen, por ejemplo, acabar con el sistema que da les daba “autonomía” a las universidades y las liberaba de dar cuentas a alguna autoridad por la apertura de carreras o de sedes. En el documento resolutivo de la comisión investigadora se afirma que las universidades deben ser analizadas periódicamente para confirmar si siguen cumpliendo con los requisitos mínimos para estar licenciadas. Esas revisiones deben hacerse con cada nueva carrera que abran o cada nueva sede que instalen. “Reconstruir el sistema de aseguramiento de la calidad implica que la concesión de licencias debe quedar acotada a las áreas, carreras y sedes que fueron debidamente supervisadas y controladas”.

La decisión de los diputados busca restablecer un alto nivel de control público en los procesos de formación universitaria. Ante el argumento de que este control puede acabar con la diversidad de las instituciones, los diputados marcan un giro en lo que ha sido la política en Educación por décadas: “el sistema en ningún caso debe ceder estándares de calidad en función de la diversidad”.

RESPOSABILIDADES COMPARTIDAS

El informe de la Cámara de Diputados no descarga toda la responsabilidad de las irregularidades e ilícitos en la CNA, ni usa la dañada reputación de Eugenio Díaz para deshacerse de las culpas propias del desastre del sistema. “La falta de rigurosidad en los procesos y la pérdida de credibilidad de la CNA, no responde sólo a las actuaciones y omisiones de la referida Comisión. Se sustenta en una constelación de errores de diagnóstico y de política de Educación Superior formulados en las últimas décadas, en cuyo diseño han participado tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo”, afirman los parlamentarios.

Esta autocrítica se inserta en la línea de lo afirmado en junio de 2012 por la comisión de diputados que investigó el lucro en la Educación Superior y que estableció que los problemas del sistema se debían a que el Ministerio de Educación llevaba décadas sin fiscalizar debidamente.

En ese sentido, la comisión parlamentaria que investigó el trabajo de la CNA afirma que “todos los actores involucrados, tanto gobiernos como legisladores, no dimensionaron de forma apropiada y oportuna la complejidad de los problemas que Chile sufría en materia de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. Se evitó legislar oportunamente, pese a que existían evidencias en relación a que algunas universidades se expandían de una forma en que se alejaban de su proyecto académico, y no se condecían con una interpretación sana y prudente del principio de autonomía institucional”.

El informe califica como un error, por ejemplo, el hecho de haber creado un sistema de acreditación vinculado al financiamiento estudiantil mediante el Crédito con Aval del Estado. También cuestiona que las universidades que debían ser evaluadas por la CNA tuvieran poder para elegir a un gran número de sus consejeros.  Y haber creado un sistema donde las universidades que recibían la “autonomía” podían hacer todo lo que se les viniera en gana, repartiendo sedes y carreras sin control.

Estas críticas sistémicas, de las que se sienten co-responsables como legisladores, no liberan de culpa a la CNA y sus miembros. Según los diputados, esta institución “cedió a la presión para otorgar acreditaciones laxas, carentes de planes de mejora, supervisión y llamados de atención a aquellas instituciones acreditadas por pocos años que no demostraran progresos”.

Parte de los problemas de la CNA se debieron a que nunca dictó reglamentos internos y por ello las actuaciones de sus consejeros “quedaron expuestas a la subjetividad y, eventualmente, a formas de arbitrariedad y discrecionalidad. Las decisiones de acreditación carecieron de un marco normativo robusto y quedaron expuestas a la influencia de los incumbentes, es decir, de los comisionados designados por las propias instituciones que debían ser acreditadas”.

Los diputados dejan caer una gran cuota de culpa por lo ocurrido también en los distintos ministros de Educación que no intervinieron en el sistema: “Pareciera que ninguno de los ministros a lo largo de este proceso tuvo en sus prioridades asegurar el buen funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior”, dice el documento de la Comisión Investigadora de la CNA de la Cámara de Diputados, que se votó el martes 1 de octubre..