[resumen.cl] El 29 de julio de este año, Pablo Ramírez, cajero del SERVIPAG de Hualpén ubicado dentro del Mayorista 10, a pasos de la Municipalidad, fue brutalmente agredido por 2 delincuentes que lo rociaron con combustible y lo encendieron vivo por resistirse al asalto. Mucho se habló del carácter delincuencial del hecho, mientras la empresa SERVIPAG guardaba silencio. El 31 de agosto la empresa fue multada por 7 irregularidades tras una fiscalización realizada por la Inspección del Trabajo relacionadas con las malas condiciones laborales en las que se encontraba Ramírez al momento del hecho delictual.
La empresa fue multada con 400 UTM debido a una suma de faltas a la normativa laboral. Las infracciones se aplicaron por no contener el contrato de Trabajo las clausulas básicas legales, vulnerando los artículos 10 y 506 del Código del Trabajo. A ello se agregó no haber llevado correctamente el registro de asistencia y determinación de horas de trabajo; no otorgar los días de descanso compensatorios -en 5 oportunidades durante el 2015 el cajero trabajo 7 días continuos-.
La infracción cursada que causa al menos indignación acusa a SERVIPAG de “No tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador […] ya que la empresa no tomó todas las medidas de control necesarias para evitar la repetición del accidente que ya había ocurrido el día 21/08/2014” En ese entonces fue una compañera de trabajo de Ramírez quien fue amenazada de la misma manera, en el mismo lugar “con el mismo proceder de los agresores” señala el documento de la Inspección del Trabajo. Y agrega que la empresa no cuenta con “con un sistema de seguridad y plan de emergencias eficientes, para la adecuada protección de sus trabajadores en caso de una emergencia como asalto, evacuación, protección contra incendios, no contar con cámaras de seguridad en el mismo módulo o guardias propios, en general elementos esenciales que protejan la integridad de física de sus trabajadores que manipulan dinero, estando expuestos a este tipo de situaciones como asalto y vandalismo”
A estas infracciones se sumó una quinta, relacionada con la nula información que tenía Ramírez de todos los riesgos que entrañan sus labores “las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto, respecto de la función y cargo que desarrolla”. La empresa no presenta “un procedimiento o protocolo en el cual se informe respecto de los riesgos presentes en un asalto o en un acto delictivo [...]”. También la fiscalización constató que no se cuenta con una vía de escape y salida de emergencia expedita y que Pablo Ramírez tuvo que abrir una doble cerradura cuando se encontraba en llamas para poder salir de la caseta donde se desempeñaba, lo que constituye un incumplimiento a las condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo. A ello se suma que la empresa no instruyó a Ramírez en el uso de extintores.
El cajero Pablo Ramírez el día 11 de septiembre presentó una querella contra la empresa por vulneración de derechos fundamentales, basándose en las constataciones de la entidad fiscalizadora. La negativa conducta de la empresa parece ser frecuente, ya que una semana después de la presentación de Ramírez a tribunales, una trabajadora del SERVIPAG de Juan Bosco (dentro del Supermercado Líder de Concepción) denunció a la empresa por la nula protección a la cajera quien fue amenazada de ser encendida con un flexible y un tubo de gas. Un brazo lesionado y secuelas psicológicas son consecuencias del brutal ataque. Lo denunciado por la cajera también se produjo en un SERVIPAG ubicado dentro del Supermercado Acuenta de Chiguayante en agosto.
Hace unas semanas The Clinic reveló una denuncia hecha por el equipo de abogados de Pablo Ramírez a la SBIF, donde se señala una serie de graves vulneraciones a su normativa ”Servipag, además, efectuaría operaciones de transporte de valores de manera ilegal, exponiendo a sus trabajadores a conductas de riesgo. Según lo detallado por el mismo Pablo Ramírez a sus abogados, la empresa enviaría en radio taxi cheques y vale vistas a los centros de acopio. “Algunos trabajadores incluso, cuando no hay vehículos disponibles, llevarían los documentos en sus propias mochilas. A Pablo le tocó hacerlo en más de una ocasión”, denuncia Hernández. “Este último hecho no solo aumenta la exposición al riesgo de los trabajadores sino que les deja en la más absoluta indefensión en caso de actos antisociales”, detalla la denuncia.”
SERVIPAG es controlado por los bancos BCI y Banco de Chile, de las familias Yarur y Luksic.
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