Desde abril de este año se han acentuado las denuncias sobre violaciones, acoso, abuso, discriminación y violencia machista en las universidades chilenas. Desde ese espacio el reclamo se ha extendido a los más diversos ámbitos de la vida social del país. Sin duda, las universidades, a través de las mujeres que se encuentran sometidas a diversas formas atentatorias a su dignidad, están poniendo un punto crítico a este debate en la sociedad chilena.
Los abusos reiterados, sistemáticos –diríamos, históricos- que afectan a las mujeres en la actualidad, se alzan como una demanda política al Estado y a la sociedad, es por ello que las referencias revolucionarias que tiene el actual movimiento, además de llamar la atención, no dejan indiferente a nadie. Por una parte, nadie puede no condenar los abusos cometidos, por el sólo hecho de detentar posiciones de poder, lo que demuestra ser un problema profundo y generalizado en Chile.
Por otra parte, cabe considerar que la estrategia del separatismo feminista se implementa por la necesidad de reflexión junto a quienes han sido las perjudicadas del predominio masculino en la sociedad y también, por la necesidad de que sean las afectadas, las constructoras y voceras del descontento.
Además de seguir con detalle las reacciones de las universidades chilenas, cabe denunciar a la clase política y su silencio incómodo por estos días, con declaraciones muy poco afortunadas y eludiendo la interpelación de las mujeres respecto a la necesidad de tipificar el abuso y el acoso sexual como delitos y el cambio de la actual legislación laboral en favor del empresariado que, si bien, afecta a hombres y mujeres, sus efectos empobrecedores y agobiantes se intensifican en contra de ellas.
La demanda feminista llegó para quedarse y sólo cabe sumarse a la marcha y a la discusión.
