El proceso de cambio que se pretende construir en Bolivia debería ser sinónimo de una intransigente defensa de la cultura de la paz, del diálogo, la concertación social y los derechos humanos; sin embargo, en estos días sucede todo lo contrario: la huelga general indefinida con bloqueo de caminos que protagonizan diferentes sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), fue duramente reprimida por efectivos policiales.

Más de 23 heridos, dos de bala y 367 detenidos, 23 imputados ante estrados judiciales, fue el en todos los días de movilizaciones.

“Los policías nos agarraron a patadas y culatazos, no respetaron a hombres ni mujeres, dispararon gases lacrimógenos y balines a mansalva, detuvieron y golpearon a trabajadores y nos hicieron caminar con las manos en la nuca como si fuéramos vulgares delincuentes”, denunció el principal dirigente de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, Luis Villarroel.

El dirigente obrero fue detenido junto a una treintena de trabajadores; seis resultaron heridos: dos con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, otros tres con balines y uno con una granada de gas en el rostro. Dos uniformados también fueron heridos. Ayer, la violencia llegó a extremos porque la represión policial fue respondida con explosiones de dinamita de los mineros que incluso volaron parte de un puente.

¿El motivo? Los trabajadores bolivianos demandan al gobierno la modificación de la Ley de Pensiones para ser beneficiados con una jubilación digna.

La entidad matriz de los trabajadores bolivianos exige una pensión máxima de hasta 8 mil bolivianos para los mineros que aportaron 35 años y de 5 mil bolivianos para otros sectores; el Ministerio de Economía planteó el límite máximo de 4 mil bolivianos para el sector minero y de 3.200 bolivianos para los demás asalariados. Los obreros demandan, además, la jubilación con el 70 por ciento del salario y que se tome en cuenta las últimas 24 papeletas de pago, y no las 72 actuales, para calcular la renta.

Al no ser escuchados por el gobierno, a los trabajadores no les quedó otra alternativa que salir a las calles y carreteras: bloquearon vías de conexión interdepartamental, se manifestaron en diferentes ciudades, paralizaron fábricas y centros mineros y suspendieron actividades de educación y salud.

En Cochabamba la mayor represión policial se produjo en la población de Parotani; en La Paz, la región de Apacheta, fue testigo de cómo los uniformados reprimieron a los trabajadores; en Oruro, las poblaciones de Caracollo y Caihuasi se convirtieron en campos de batalla entre las dinamitas de los mineros y los gases de los uniformados. El dirigente máximo de la COB, Juan Carlos Trujillo, también fue golpeado.

Como la violencia genera mayor violencia, las medidas de presión se radicalizaron en los nueve departamentos del territorio nacional.

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera calificó la propuesta de la COB, como “egoísta”.

Explicó que la mayoría de los bolivianos no se beneficia con una renta de jubilación, sino con el pago de la Renta Dignidad que otorga 250 bolivianos (35 dólares) a las personas mayores de 60 años.

Al defender el Fondo Solidario, sostuvo que el gobierno realiza un aporte universal para que todos los adultos mayores se beneficien, con el desembolso de 350 millones de dólares que entrega la Renta Dignidad.

“Los compañeros de la COB nos dicen que ese dinero de la Renta Dignidad en vez de dar a todos los ancianos vaya al Fondo de Pensiones de los asalariados para mejorar su renta, es una actitud egoísta, porque están pensando solamente en ellos y no en el resto de los ancianos”, manifestó.

DISCRIMINACIÓN

Mientras los sectores de obreros, mineros, fabriles, maestros, universitarios, salubristas y otros son reprimidos en calles y carreteras por una jubilación digna, se develó que el gobierno destina un presupuesto mensual para que los militares jubilados reciban el 100 por ciento de su renta de vejez. Las tropas policiales dieron un plazo para que el gobierno les otorgue también la totalidad de sus pensiones; caso contrario, amenazan con un motín policial.

Datos del Viceministerio de Pensiones señalan que el Tesoro General de la Nación destina un presupuesto mensual de dos millones de bolivianos para que militares jubilados reciban su renta de vejez en un cien por ciento.

El dirigente fabril de Cochabamba, Mario Céspedes, protestó por la política de discriminación que impulsa el gobierno. “¿Acaso en Bolivia existe gente de primera o segunda clase? ¿En este llamado proceso de cambio por qué existen preferencias para los militares? ¿Seguimos viviendo una dictadura o a quiénes beneficia este gobierno?”

A pesar de una millonaria política comunicacional que despliega el gobierno y a pesar que cualquier bloqueo de caminos perjudica a miles de ciudadanos, los trabajadores movilizados reciben muestras de solidaridad.

Ante ese crecimiento, el ministro Juan Ramón Quintana acusó a los obreros del país de estar ligados a una “tentación golpista”.

“Hemos escuchado a dirigentes de la Central Obrera Departamental de Cochabamba decir: así como le hemos subido al presidente Evo, lo vamos a tumbar. Ese es el lenguaje golpista, ese es el lenguaje antidemocrático, ese es el lenguaje que usurpa la soberanía popular, pedirles a esos compañeros que sean moderados en su lenguaje y se alejen de cualquier tentación golpista”.

El dirigente fabril Mario Céspedes respondió: “Los obreros no somos golpistas, el ministro Quintana fue asesor de un ministro en el gobierno del ex dictador Hugo Banzer Suárez, esos son los golpistas”.

REPRESIÓN

A pesar que algunas autoridades de gobierno empezaron a dar luces para iniciar el proceso de diálogo con los trabajadores movilizados; en la práctica, se impone la represión y la violencia hacia los manifestantes.

Aparentemente la política gubernamental desechó los pilares fundamentales del proceso de cambio para priorizar la cultura del enfrentamiento, de la violencia y la división.

Esta misma política ya fue impuesta con los sectores indígenas del país, hoy los obreros son las víctimas. Las últimas dos marchas de los pueblos indígenas del país fueron cruelmente reprimidas por efectivos policiales, pero nadie fue sancionado, existe una total impunidad.

En las movilizaciones en defensa de una jubilación digna -según informes médicos- dos obreros recibieron impactos de bala: el trabajador de la Cooperativa Boliviana del Cemento (COBOCE) ubicada en Irpa Irpa (Capinota), Limbert Sajama (31) recibió un impacto de bala en el estómago que le desgarró la cámara gástrica dañando severamente el páncreas, se encuentra en terapia intensiva y el trabajador de Industrias Aceite Fino, Raul Ergueta (53) denunció que un francotirador le disparó de frente en una de sus piernas.

La represión policial en tiempos de cambio recuerda las épocas negras de la historia que los sectores sociales ya lo superaron.

Representantes de la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado, denunciaron que la violencia se genera por la radicalidad de ambas partes.

“Los niveles de violencia del conflicto y la respuesta de la policía están mostrando un grado de belicosidad e irracionalidad que no se pueden aceptar, especialmente en un proceso que pretende mostrar un cambio sustancial respecto a la vieja forma de gestionar las diferencias”, apunta el comunicado.

Las recóndidas poblaciones de la topografía de Bolivia, como Caranavi (represión a cocaleros), Chaparina (represión a indígenas) pasando por Parotani (represión a fabriles) hasta llegar a Caracollo (represión a los mineros) van quedando en la historia del país como fieles testigos de cómo se desgasta un proceso y se atropellan los derechos humanos en tiempos de cambio…

Alex Contreras Baspineiro. Periodista y escritor boliviano

Extraído de Rebelión

Foto: http://www.pachamamaradio.org/