Las violaciones a los DDHH cometidas por Carabineros y el vergonzoso “Sello de Calidad” otorgado por la Comisión Nacional de Acreditación a la Escuela de Oficiales
En Reportajes
Aunque todo esto se dio en el contexto de una institución altamente cuestionada por la ciudadanía y organismos nacionales e internacionales de DDHH, por su actuar en las movilizaciones sociales, no se pueden dejar fuera del análisis posterior. Después de todo: ¿alguien podría imaginar como “normal” que la Escuela de Oficiales de Carabineros acredite su calidad, casi de madrugada, con una oficial afuera del salón plenario en el que se delibera el futuro de su institución formadora, provista de su arma de servicio y con granadas de bombas lacrimógenas adosadas a su cuerpo, a vista e “impaciencia” de funcionarias y funcionarios públicos que ingresaban a su jornada de trabajo, y sin la concurrencia de trabajadores claves encargados de facilitar el proceso y resguardar la fe pública del mismo?
Más allá del claro amedrentamiento sufrido, este hecho reabre un antiguo debate e instala al menos tres grandes preguntas en el contexto actual: ¿son las escuelas matrices de las fuerzas armadas y de carabineros de Chile realmente instituciones de educación superior? ¿existe alguna relación entre la formación entregada a sus estudiantes y las sistemáticas violaciones a los DDHH llevadas a cabo por los egresados y por la propia institución? y ¿está preparada la CNA para acreditar la calidad de la educación que imparten estas instituciones formadoras?
Un poco de historia reciente: de la LOCE a la Ley de Educación Superior
Un día antes de abandonar el Gobierno, el dictador Augusto Pinochet, firmó la tristemente célebre Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), en la que se señala que “Las Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas, la Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Escuela de Carabineros podrán otorgar títulos técnicos de nivel superior según corresponda a la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia. Estos títulos técnicos de nivel superior de los establecimientos de educación superior, referidos en el inciso anterior, serán equivalentes a los de similar carácter conferidos por los demás establecimientos de educación superior y reconocidos como tales para todos los efectos legales” (2).
Si bien esta ley fue reformada en 2009 (3) por la entonces presidenta Michelle Bachelet, mediante la promulgación de la Ley General de Educación, el articulado correspondiente a las FFAA y Carabineros se mantuvo intacto. De ahí que, dentro del mandato legal conferido a la CNA, y en el marco de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, corresponde a sus funciones la acreditación de dichas instituciones. Esto hizo que, lo que en otros países ha sido materia de intenso debate y participación - Argentina o Colombia (4), por mencionar algunos casos - en Chile fue una decisión tomada a espaldas de la ciudadanía y consagrada en “democracia”.
Más aun, en 2018, y luego de promulgada la nueva Ley de Educación Superior, este articulado siguió intacto y sin cuestionamiento alguno por parte de ambas comisiones de educación, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores.
Ahora bien, una de las innovaciones introducidas por esta ley fue la obligatoriedad de la evaluación de todas las Instituciones de Educación Superior, lo que implica que universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica tengan que acreditarse (aunque no las carreras que imparten). Por ello, si bien Carabineros de Chile acreditó su institución formadora, no está forzada a someter a evaluación las carreras de Orden y Seguridad (conducentes al grado de subteniente de fila).
¿Son Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas Instituciones de Educación Superior?
La situación antes descrita no deja de ser preocupante, considerando que, a diferencia de otras instituciones de educación superior, o de aquellas que se precian de tal, la Escuela de Carabineros no publicita en su página electrónica, (la que se encuentra caída desde fines de 2019) antecedentes básicos de la carrera a la que acceden sus estudiantes, es decir: objetivos formativos, perfiles de ingreso, estructura curricular, cursos, contenidos, bibliografía, cuerpo académico ni convenios establecidos.
Sólo una búsqueda exhaustiva por la red nos muestra la malla curricular de la Escuela de Oficiales vigente al año de 2015. No obstante, la descripción de contenidos, bibliografía o qué profesores están a cargo de impartir las asignaturas sigue siendo un acertijo para el público.
Al respecto, llama la atención al menos tres elementos: lo sobrecargado de dicha malla (hasta 16 asignaturas por semestre), sin que conozcamos la profundidad de los conocimientos que se enseñan, la vaguedad de algunos títulos (Gestión Policial, Sistemas Computacionales Institucionales, entre otros) y la poca presencia de cursos de vinculación con el medio y la ciudadanía (por ejemplo, las asignaturas de Derechos Humanos corresponden al 2% de las actividades curriculares).
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Ilustración 1: malla curricular de la carrera de orden y seguridad. Fuente: https://web.archive.org/web/20190705094503/http://www.escuelacarabineros.cl/index.php/pagina/id/14[/caption]
Es decir, CNA bien puede haber acreditado por 3 años a una institución de educación superior, sin que la ciudadanía siquiera tenga acceso público a componentes claves de las carreras que imparte, dejando un nuevo manto de duda sobre ambas instituciones, las que a lo largo de su historia se han visto involucradas -por distintos motivos- en diversos escándalos ligados a corrupción y conflictos de intereses. Como en todo ámbito de cosas, el camino se pavimenta sobre la discrecionalidad y arbitrariedad, la falta de transparencia, ausencia de control ciudadano y sincretismo con el que la institucionalidad y el Estado chileno ha funcionado desde sus inicios -y con particular fuerza- desde los últimos 46 años.
Por los antecedentes anteriormente expuestos, queda abierta la pregunta acerca de si la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile cumple con el objetivo de “la preparación y formación del estudiante en un nivel avanzado en las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías, y en el campo profesional y técnico”(5).
Por ahora, y con la escasa información con la que se cuenta, podemos inferir que la institución formadora de Carabineros de Chile no cumple con estándares mínimos para ser catalogada siquiera como institución de educación superior, como se ha pretendido hacer desde el último día de la Dictadura Militar y sin ninguna revisión por parte de la frágil institucionalidad democrática.
Formación Académica y Violaciones a los Derechos Humanos
Ante las sistemáticas violaciones a los DDHH, que tanto la sociedad civil como organismos internacionales -liderados por Naciones Unidas- han podido constatar en el país, salta a la luz una pregunta relevante que relaciona la formación que reciben los futuros oficiales, y los actos de mutilación, violación, tortura, secuestro y montaje, cuyas responsabilidades por orden de mando, recaen en los egresados de esta Escuela. En otras palabras: ¿en qué momento los oficiales de carabineros de Chile terminan vinculándose con actos vejatorios y contrarios a la dignidad humana: durante su formación o en su vida laboral? Si fuese durante su trayectoria “profesional” ¿qué responsabilidad le cabe a la institución en la que trabajan, considerando que es la misma que los forma durante ocho semestres académicos de instrucción?
A modo de ejemplo, la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda -acusada de ser un centro de tortura y en contra de la cual existe una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado- está a cargo de un Oficial de Carabineros de Chile. Según testigos, funcionarios de esta Prefectura fueron quienes rondaban la Población La Victoria el día en que apareció colgada, con señales de tortura, abuso sexual y un disparo, la artista callejera, Daniela “mimo” Carrasco a fines de octubre pasado. De la misma forma, la 55° Comisaría de Pudahuel sur, responsable del atropello de un joven en el marco de las protestas en contra de la PSU, está a cargo de un Oficial - el mediático Mayor Rosenberg (6) -, mismo rango que ostenta el Oficial, Mayor Humberto Tapia, acusado de disparar a alumnas del Liceo N°7 de niñas a principios de noviembre. Todos ellos se graduaron de la misma Escuela de Oficiales recientemente acreditada por CNA.
Por otro lado, el Estado se encuentra ante una disyuntiva perversa que pone a CNA al centro del escrutinio público, puesto que con la implementación de la nueva Ley de Educación Superior, las instituciones que no acreditan su calidad corren riesgo de ser cerradas o perder el estatus con el que cuentan, por lo que las preguntas derivadas de ello no son menos complejas: ¿Es plausible que un organismo autónomo del Estado que promueve y asegura la calidad, acredite a una institución que forma a violadores de derechos humanos? Por otro lado ¿Puede el Estado cerrar o rebajar el rango de una Institución formadora de quienes implementan el orden y la seguridad en el país? Por último ¿Qué tipo de Institución debiera acompañarla en caso de que, en un futuro cercano, perdiera la acreditación o si dejara de ostentar el rango de “Universidad”?
Propuestas y acciones: hacia una nueva institucionalidad que supervigile tanto la formación como la acción policial y militar
Independiente si las Escuelas de Oficiales de Carabineros y las Fuerzas Armadas son o no el equivalente a universidades e institutos profesionales, los desafíos que tiene el sistema y el propio país para comenzar su reestructuración (7) , deben partir por 1) la creación de criterios, dimensiones y estándares enfocados a la naturaleza de dichas Escuelas 2) evaluar su salida como instituciones de educación superior, en términos legales, y la 3) creación de una institucionalidad que supervigile su quehacer formativo y la aplicación de los conocimientos impartidos.
Para ello, es necesario crear una instancia civil, de carácter autónomo, que acompañe a la Escuela de Oficiales y las demás escuelas matrices del ejército. Dentro de la misión de esta nueva institucionalidad, debe considerarse el control y verificación de protocolos aplicados luego del egreso de los estudiantes. Esta instancia bien pudiera aprovechar las capacidades instaladas del sistema de aseguramiento de la calidad y de otras instituciones, desde CNA hasta el Consejo Nacional de Educación, pasando por el INDH y componentes de la sociedad civil.
De lo contrario, deberemos seguir lamentando sin fin, las constantes llagas que han dejado el actuar desmedido de las fuerzas policiales y militares en contra del pueblo chileno, las que, más allá de la actual coyuntura, tienen larga data y amplio alcance en diversos grupos sociales que cohabitan en el territorio nacional. Después de todo, las violaciones a DDHH no son nuevas en nuestro país: ocurrieron en dictadura, ocurrieron en los años ’90 y han ocurrido contra el pueblo Mapuche y otros pueblos indígenas. De cualquier manera, nunca es tarde para detener una nueva muerte.
El rol de las instituciones en la supervigilancia a Carabineros: ¿están preparadas para los nuevos desafíos?
Si bien se debe promover una institucionalidad que ocupe las capacidades instaladas y que ya cuenta con la experiencia tanto en la definición de criterios de evaluación, por un lado, como en la vigilancia hacia el actuar policial, por el otro, dichas instituciones (CNA-Chile, CNED y el INDH, a modo de ejemplo) no han estado exentas de polémicas en el último periodo.
El CNED (Consejo Nacional de Educación), organismo encargado de fijar una amplia gama de orientaciones, desde las asignaturas de los primeros niveles formativos (educación básica y media), hasta la autonomía de Universidades, IPs y CFTs, se ha visto envuelto en más de un enredo en los últimos años.
Aún está en la retina del público cómo este servicio visó la acreditación de la Universidad del Pacífico hace un par de años, omitiendo los informes resultantes del proceso de evaluación agenciado por la CNA. Más recientemente, estuvo involucrado en el retiro de la malla de enseñanza media de las asignaturas de historia y filosofía, sin que haya rectificado su postura al respecto.
Por su lado, el INDH arrastra una larga historia de desencuentros entre miembros de su Consejo Directivo y las(os) funcionarias(os) de la repartición. La bullada destitución y posterior reintegro de Branislav Marelic, la fugaz presidencia al mando del organismo, de Consuelo Contreras, y la posterior asunción del militante DC, Sergio Micco, no han hecho más que asimilar dicha repartición a una bolsa de cuoteo político. Cabe recordar que, ante la negación de su presidente respecto del carácter sistemático de las violaciones a los DDHH, fueron las y los funcionarios quienes exigieron la renuncia del Consejo en su plenitud.
Por último -pero no menos importante- la propia CNA arrastra un largo historial de irregularidades. Si bien ya no se puede hablar de groseras ventas de acreditaciones, como ocurrió en el pasado, tanto su presidente como vicepresidente están siendo investigados por la Contraloría, por votar en acreditaciones de instituciones donde hicieron clases o donde fueron rectores. Por si fuera poco, recientemente uno de sus comisionados reconoció haber sido cooptado por la industria forestal (Arauco), a través de la universidad en la que trabajaba (PUC), abriendo una caja de pandora respecto de las definiciones éticas en investigación y el financiamiento privado a la educación superior.
En el seno de su Secretaría Ejecutiva, las cosas no parecen andar mucho mejor. Luego de perder una serie de demandas por despidos injustificados, dicho servicio ha sido condenado a pagar multas por más de 55 millones en indemnizaciones. Esto, junto a la inexistencia de capacitaciones en el periodo 2019, renuncias por hostigamiento, incumplimiento de las normas de buen trato del Servicio Civil, entre otros, han minado la capacidad reflexiva que todo servicio público debe tener. Fue esta misma capacidad la que le permitió salir adelante luego de la crisis de principios de la década pasada y debe ser este principio de reflexión critica y participación el que le haga cumplir un rol protagónico en adelante.
En síntesis, en la medida en que éstas y otras instituciones del medio no sean capaces de dar un giro en sus relaciones internas, ni de dialogar con el medio, no estarán a la altura de las demandas que se plantean por la ciudadanía, ni en este ni en otros casos.
Notas:
1. Hernán Burdiles Allende (presidente), Jaime Alcalde Costadoat (vice-presidente), y las(os) comisionados, Álvaro Ossa Daruich, Bernabé Rivas Quiroz, Daniela Torre Griggs, Erika Lorena Castillo Barrientos, Fabián Jaksic Andrade, José Guillermo Leay Ruiz, Paulo Solari Alliende, Sergio Antonio Bravo Escobar y Paula Beale Sepúlveda (Secretaria Ejecutiva, con derecho a voz, Jefa de Servicio y quien vela por la fe pública de los procesos de acreditación).
2. Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, N° 18962, publicada el 10-03-1990, en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006043 revisado el mes de enero de 2020.
3. Ley General de Educación N°20370, publicada el 12-09-2009, en https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/04/LEY-20370_12-SEP-2009.pdf revisado el mes de diciembre de 2019.
4. Página web de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdova: https://www.esmic.edu.co/index.php?idcategoria=3459 revisado el mes de enero de 2020.
5. https://www.elmostrador.cl/dia/2020/01/08/atropello-de-joven-manifestante-por-parte-de-carabineros-desata-noche-de-violencia-en-pudahuel-sur/ revisado el 10 de enero de 2020.
6. O su disolución para la posterior creación de una policía con vocación democrática y pleno respeto a los DDHH.