La insistencia del Gobierno y del Ministerio de Educación para forzar el regreso a clases presenciales del estudiantado desde el inicio del año escolar 2021, es una medida de contenido político que no se ajusta a la realidad del sistema educacional chileno. A pesar de la vacunación masiva que se está llevando a cabo, la persistencia de los riesgos que representa la epidemia del coronavirus para la salud de los estudiantes y del profesorado es una cuestión presente y latente que las autoridades niegan o no aceptan. Los gobernantes han convertido este asunto en una cuestión ideológica en donde lo que les motiva es imponer su voluntad por el sólo hecho de detentar el poder, haciendo valer métodos de la vieja usanza, la letra con sangre entra, con la precisión de que la sangre de que se trata es la del profesorado y del estudiantado sometido a este arbitrio.
Lo cierto es que la inmensa mayoría de los recintos educacionales del sistema público (municipalizado) del país no reúnen las condiciones materiales, logísticas, sanitarias, técnicas, de espacio y disponibilidad de recursos de prevención sanitaria, que permitan plantearse el retorno masivo del estudiantado antes que la situación de pandemia esté resuelta. La excepción pudiera estar constituida por las escuelas ubicadas en localidades rurales que, dada su baja cantidad de alumnado, son utilizadas para distorsionar las estadísticas de que se vale el Mineduc para justificar la absurda determinación. Por lo demás, la inmensa mayoría de los centros educativos del sistema público se localizan en populosas comunas que son parte del Chile carenciado y vulnerado, que por sus limitaciones objetivas se ha visto mucho más expuesto a los flagelos de la pandemia y sus consecuencias.
Esta obstinación del Gobierno es un nuevo reflejo de la poca conexión con la situación del Chile real que tienen los actuales ocupantes de La Moneda; de la nula vinculación con la realidad social de la inmensa mayoría de la población chilena y del sistema público de enseñanza como parte de ella. Todavía está fresco el brusco choque con la realidad que debió experimentar y reconocer el exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich, quién se sorprendió al constatar las condiciones de vida y salubridad de sectores populares de Santiago (para qué vamos a hablar de todo el país), luego de meses de aplicar medidas preventivas de salud que resultaban irrealizables en ese país verdadero.
El ministro de Educación, el abogado Raúl Figueroa, demuestra tener un problema similar. Al parecer su apreciación del sistema de educación chileno se limita a los recintos de las comunas donde reside la burbuja del poder, o de los colegios privilegiados donde él estudió. Pero sus planes y decisiones no se corresponden con las condiciones materiales, logísticas, objetivas, de la gran mayoría de los recintos educacionales del país. Al tal punto esto es así, que hasta alcaldes integrantes de la propia coalición de gobierno del señor Figueroa le han advertido que la vuelta a clases presencial es una iniciativa inviable en la situación de pandemia en que aún estamos y seguiremos estando por un tiempo indeterminado.
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El proceso de vacunas tardará algún tiempo en detener el proceso de propagación del virus en la población, mediante el efecto denominado inmunidad de rebaño. Por otra parte, estos planes de vacunación masiva no son obligatorios, de modo que siempre quedará un ignorado número de habitantes que no serán inoculados y, por tanto, su rol de eventuales propagadores de la enfermedad seguirá siendo un riesgo activo. Ello, además, en un contexto en que se propagan por el mundo nuevas cepas o variantes del virus que amenazan con generar nuevos flancos de riesgo para la salud de la población. El sentido humanitario básico recomienda ser cautelosos y mantener las medidas de prevención elementales durante la mayor cantidad de tiempo posible, en tanto la medicina y las ciencias no den por controlada y superada la situación de pandemia a nivel mundial.
Pero en nuestro país, los gobernantes y autoridades en funciones de poder, siguen adoptando medidas poniendo como prioridad factores muy distantes de la salud o la vida de la población. Y lo hacen, además, desde una actitud de prepotencia, desprecio y menoscabo hacia el profesorado y de indiferencia hacia el alumnado del sistema público. El Ministro de Educación se niega a escuchar las objeciones y razones del gremio de profesores para no aceptar de buenas a primeras un regreso presencial masivo; simplemente el señor Figueroa se instala en una posición de juez y arbitro para decidir e imponer según le ordenen decir y hacer sus mandantes.
Paralelamente, en una verdadera ofensiva antiprofesorado emprendida por el Gobierno y su coalición, el ministro de Economía, Lucas Palacios, se permite opiniones despectivas y descalificadoras de los profesores y profesoras acusando que no han trabajado y no quieren trabajar. Este ministro ni siquiera es capaz de reconocer que han estado trabajando todo el tiempo, más allá de sus horarios habituales, haciendo esfuerzos extraordinarios para asimilar nuevos métodos y nuevas técnicas que les permitiesen mantener activos a sus alumnos, perfeccionar sus capacidades docentes y dar cumplimiento a los respectivos planes educacionales. Junto con los trabajadores y trabajadoras de la salud y los servicios básicos, el profesorado es uno de los sectores laborales que más sacrificios ha debido hacer para cumplir con sus obligaciones en situación de pandemia. No es aceptable que un mentecato ministro de economía, obsecuente repetidor de directrices de Piñera u otros ministros, se permita ofender gratuitamente a un abnegado colectivo de trabajadoras y trabajadores.
Peor aun más despreciables son las odiosas descalificaciones de otro genuino representante de la coalición gobernante, el senador Iván Moreira, que ahondó la ofensa de Palacios, aduciendo que el profesorado ha estado de vacaciones y quería seguir estándolo. Este corrupto personaje del pinochetismo institucionalizado parece demasiado ocupado en andar “raspando la olla” que ni siquiera alcanza a percibir lo que ocurre en la realidad nacional, menos aún en el campo de la educación. Sería saludable para el país que no se meta con la gente de trabajo y se dedique a raspar callado, mientras se prolongue su mercenario ejercicio senatorial. La indecencia con que actúan estos personajes de la derecha y del Gobierno es un reflejo de la inmoralidad y podredumbre de esta clase política y sus despectivos comentarios atacando al profesorado merecen el repudio de la población mayoritaria.
La educación en Chile también fue convertida en factor de mercado y por ello el interés del Gobierno de activar a la brevedad posible ese nicho de la economía. El ministro Figueroa pretende reiterar el modelo de activación utilizado en el sector económico del turismo (con el que tantas gárgaras ha hecho el mentecato ministro Palacios) para replicarlo en el del negocio educacional. Para ello cuenta con el aval del aquiescente ministro de Salud, Enrique París, cuya autoridad se limita a obedecer los mandatos de Piñera, y de interesados expertos del equipo de asesores del Minsal que no vacilan de propagar opiniones técnicas de dudosa calificación y veracidad.
Además de ser sólo una necesidad de mercado, el Gobierno ha convertido esta cuestión de imponer el regreso a clases presenciales en una cuestión ideológica, de disputa política por demostrar que tienen el poder de decisión sobre cualquier asunto que afecte los derechos esenciales de la ciudadanía, de disponer antojadizamente sobre la salud y la vida de la población chilena. De ello han dado pruebas de sobra desde el comienzo del Estallido Social en adelante y, con mayor crudeza, durante este año de pandemia. Es el momento adecuado de escuchar a la población trabajadora que es afectada por sus decisiones arbitrarias. Y es hora de que manden a callar a los agresivos y ofensivos integrantes de la coalición gobernante.
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