El proyecto en sí mismo además es negativo porque evidencia aún más la incapacidad del Estado en líneas generales tercerizando las medidas de seguridad. Cada vez más Municipalidades gastan más y más recursos en órganos que progresivamente se asemejan a policías de corte militarizado como Carabineros de Chile, institución que en sí misma debiese ser refundada.Por Jorge Acuña Guajardo
Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera una importante batería de proyectos legales llevó el apellido “Seguro”, estas iniciativas legislativas orientadas al fenómeno de la criminalidad, el delito y la conflictividad social tienen a Estadio Seguro, Aula Segura como las más icónicas, aunque no las únicas. El año 2011 se promulga la ley “Pasaje Seguro” (20.499) la cual básicamente regula los permisos municipales en la instalación de rejas, muros o separaciones en calles, pasajes y conjuntos habitacionales.
El debate sobre esta se reinicia en el momento que, en distintos conjuntos habitacionales de Santiago, diferentes vecinos y vecinas disputaron la instalación de medidas de seguridad en sus calles, situación que muchas veces al no encontrar común acuerdo escalaron hasta conflictos con las Municipalidades, así se determinó por parte de Contraloría un plazo final a estas medidas atendiendo la legislación vigente (la misma ley 20.499) cuestión que obligaría a los municipios a retirar diversos portones particulares en los ingresos a las calles.
Esta semana, y diez años después de la mencionada 20.499, se aprobó en el Senado la modificación constitucional que permite el cierre de pasajes o la ley “Cierre de Pasajes y Calles”, medida ampliamente publicitada y solicitada por sectores de la derecha nacional pero también por otras autoridades como el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic[1] (militante RD).
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Sin embargo, el contexto en que nos encontramos es diferente de hace diez años atrás, pese a que la criminalidad ha sido siempre una temática donde la derecha chilena ha logrado hegemonizar el debate público dando cuenta también de su sobrada ineficiencia.
Tanto el 2020 y el 2021 los delitos de mayor connotación social han aumentado en todo el país y a su vez los delitos en contra la propiedad y las personas concentran un 54,2% del referido 2020[2]. No menor el hecho que la “seguridad” fue uno de los puntos claves en la elección presidencial recién pasada donde el ganador (Gabriel Boric) debió modificar su discurso y agenda para con las policías. En definitiva, no se puede omitir la no menor popularidad de medidas al alero del populismo penal y demarcadas en un enfoque belicista al tratar el fenómeno de la criminalidad.
Volviendo a la ley misma, esta no representa ningún cambio sustancial ni una modificación del estado actual de cosas que nos permita predecir algún cambio en los números que se buscan transformar, esencialmente la ley consiste en que se admite que pasajes mediante mutuo acuerdo de quienes les habitan dispongan de barreras cerradas desde 22:00 PM a 05:00 AM con ciertas especificidades sobre sus medidas. Dicho así resulta cómico el nivel de publicidad y orgullo que ha mostrado el gobierno saliente y sus parlamentarios.
La medida se aprobó por amplio cuórum en todos sus trámites legislativos y prácticamente no enfrentó observaciones, más allá de algunas críticas informales, este proyecto pasó limpio y se propone como sustancial medida sin contrapeso argumentativo más que frases que suenan más a una declaración de intenciones que a una propuesta de política pública sobre la problemática a intervenir.
El proyecto en sí mismo además es negativo porque evidencia aún más la incapacidad del Estado en líneas generales tercerizando las medidas de seguridad. Cada vez más Municipalidades gastan más y más recursos en órganos que progresivamente se asemejan a policías de corte militarizado como Carabineros de Chile, institución que en sí misma debiese ser refundada.
El único “aporte” de este proyecto es que entrega certeza sobre la normativa en la instalación de estas barreras privadas, pero ¿Qué sucederá con los pasajes que no cuenten con recursos para instalar sus rejas si las deseasen? Es bastante probable que a futuro proyectos de mejoramiento barrial o programas de gobierno dirigidos a mejorar la calidad de vida de los barrios contemplen cuantiosos recursos en cerrar los espacios antes que hacerlos más habitables.
Por otra parte, esta clase de medidas que sólo entregan potestades de consumo a sectores de la sociedad aumentan aún más la posibilidad de escalar en la ya brutal desigualdad urbana, propiciando la conformación de guetos distribuidos por viviendas según estratos socioeconómicos.
Además, aunque se establece que un 80% de los vecinos de la unidad territorial deben estar a favor de la construcción de una de estas barreras, el mecanismo para que esto se cumpla junto con el resto de disposiciones legales (permitir el tránsito a transeúntes y servicios básicos) queda a disposición del municipio, lo que podría nuevamente terminar en Contraloría dirimiendo con vecindades divididas en conflicto con la entidad municipal.
Pese a todo el elemento más problemático de esta poco trascendente ley es la escasa capacidad de tomar partido en iniciativas de seguridad por parte de los bloques más progresistas de la representación política institucional. La desregulación del mercado de armas, la cantidad de sectores desprovistos de servicios públicos mínimos, la deserción escolar, el sesgo socioeconómico de las cárceles, entre otros, son problemas que deben tender a soluciones en los hechos y la ya tautológica fórmula de “ir a las causas del fenómeno” se hace cada vez más difícil ante la multiplicidad de factores que inciden en estas “causas”, sin mencionar lo complejo que resulta fortalecer la educación, salud y un ambiente libre de violencia en sectores con alta criminalidad y corrupción.Referencias[1] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/09/22/1033264/proyecto-control-acceso-pasajes-congreso.html
[2] Cierto es también que los delitos violentos han aumentado en prácticamente todo el mundo (principalmente en los países más occidentalizados) cuestión atribuida a la crisis en salud mental propiciada por el COVID-19.
