El monótono paisaje de pinos y eucaliptos al que estamos acostumbrados no siempre fue tal, sino que se ha ido configurando conforme las leyes impulsadas por el Estado y el empresariado Chileno. En nuestro país la primera Ley de Bosques del año 1931 (D.S. Nº 4.363) eximió de impuestos territoriales a los propietarios de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. La actividad forestal se consolida luego del golpe de estado de 1973. La dictadura militar junto con privatizar la empresa forestal pública traspasa a privados (a cambio de ínfimos precios) predios que en la contrarreforma son arrebatados a campesinos y Mapuches.

El negocio forestal se expande y crece gracias a la ley de fomento forestal del año 1974 influenciada por la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) y presentada con el pretexto de recuperar y prevenir de la degradación los suelos. El Decreto de Ley 701 estableció un subsidio de un 75% de lo invertido en plantaciones forestales, se abrieron créditos especiales y exenciones tributarias (liberación de impuestos), gran cantidad de suelo pasó a ser decretado de uso preferentemente forestal, viéndose sus dueños obligados a plantar y reforestar, más aun se estableció sanción a quienes invirtieran estos dineros en agricultura o ganadería. La actividad forestal pasó a ser considerada una  actividad social muy lucrativa.

Solo el 4% de este subsidio ayudó a pequeños propietarios, (72% de las superficies bonificadas son de entre 200 y 2000 has), sobre el 60% de las bonificaciones fueron a parar en manos de las más grandes empresas forestales, de las cuales un 50%  representan plantaciones de pino y un 30% de las especies bonificadas fueron eucalipto.

A fines de 1974 las plantaciones existentes era de 450 mil hectáreas, en 1994 las plantaciones en el país cubrían un área de más de 1 millón y medio de has. llegando a 2,3 millones de has. en el año 2004. Solo de esta forma se explica cómo las principales empresas forestales (Arauco y Mininco) pudieron aumentar inmensamente  las superficies de monocultivos y el consiguiente desarrollo de la industria papelera en Chile. Consecuentemente, las exportaciones forestales aumentaron más de 16 veces entre 1974 y 1995.

El DL 701 expiraría en 1995, desde entonces los gobiernos de turno  no solo han renovado esta ley sino que han perfeccionado la política de fomento al monocultivo de pino y eucalipto. En 1998 bajo el gobierno de Eduardo Frei, por medio de la ley 19.561 se extiende el Decreto Ley 701 hasta el año 2011. Previendo el agotamiento de los grandes paños de tierra forestable, la nueva legislación adopta también una nueva estrategia forestal que desde el Estado apuntaria a salvaguardar los intereses del duopolio forestal. Para 1998 un estudio del Ministerio de Agricultura consideraba que el sector campesino disponía de 1,6 millones de hectáreas susceptibles de ser forestadas, ubicadas en unas 160.000 unidades pequeñas.

Con estas proyecciones se crean los incentivos para los dueños de pequeños terrenos entre los cuales estan: el Crédito de Enlace INDAP, un préstamo que permite a los pequeños propietario y campesinos iniciar las plantaciones, (préstamo pagado con  la bonificación), las bonificaciones aumentan a un 90% en las primeras 15 has plantadas, el incentivo económico aumenta al bonificarse actividades secundarias como la poda y el raleo. Así los pinos y eucaliptos se introducen con más fuerza en los campos porque ya no solo se financia la actividad forestal en terrenos declarados de aptitud preferentemente forestal por la CONAF, sino que en todo tipo de suelos degradados. Esto  significa que desde el Estado se fomenta la plantación de pinos y eucaliptos en terrenos clasificados como agrícolas (Clase de Capacidad de Uso IV).

Efectivamente durante el gobierno de Ricardo Lagos la tasa de forestación desciende, principalmente, porque las grandes empresas llegan a un techo para adquirir grandes paños de patrimonio entre las regiones VII y X.  El año 2005 Jorge Seroni señaló a la prensa que durante las últimas décadas el valor de la tierra ha aumentado mucho, por lo que se torna muy poco rentable para las empresas forestales la compra de predios, de allí que la expansión ha ido apuntada a incorporar a sectores campesinos y mapuches para que se transformen en forestadores. Precisamente, los lineamientos estratégicos de la CONAF para los años 2000 y 2006 consideraron incorporar la actividad forestal entre las actividades productivas de los pequeños propietarios de terrenos, quienes de todas formas se ven obligados a  vender su producción a las empresas exportadoras, forestales y papeleras.

De acuerdo al informe del ejecutivo “con esta última modificación, desde 1998 a la fecha, se han entregado bonificaciones por un total de  323 millones de dólares,  en plantación de 459 mil nuevas hectáreas y en la realización y obras asociadas a la forestación, en 191 mil hectáreas.” Si bien esto desconcentró los dineros que antes paraban directamente las grandes empresas forestales, significó la introducción del monocultivo en  medio de los campos destinados a la agroalimentación y consecuente daño social y ambiental.

El DL 701 expiró al llegar el año 2011, ante lo cual, con urgencia, la Cámara del Senado aprueba la ley 20488.  Con ésta se extiende el decreto 701 hasta fines de este año, aumentando aun más los incentivos a las plantaciones forestales.

En la presentación del proyecto se utiliza el terremoto que en febrero del 2010 azotó especialmente a las regiones forestales, como excusa: de acuerdo al gobierno invertir 32 mil millones de pesos en aumentar las plantaciones forestales mejorará la calidad de vida de estas comunidades. De esta forma la legislación vigente mantiene los bonos en suelos degradados de cualquier clase, exento de impuesto territorial y se incorpora la categoría de mediano propietario forestal bonificado con 75%.

COMUNIDADES Y CONVENIO 169

La ley que prorroga por dos años el DL 701 también dispone que se otorguen beneficios especiales a las comunidades y personas indígenas que hayan recibido tierras para que puedan recibir bonificaciones aunque la tierra haya recibido el mismo beneficio en propiedad de dueños anteriores. Este punto está formulado especialmente para que las tierras adquiridas a través de la Ley de protección del fomento Indígena y según criterios del Estado “improductivas” puedan ser plantadas. Esto es especialmente relevante, Alrededor de 3.900 hectáreas entregadas por la CONADI eran anteriormente explotadas por empresas forestales, en este sentido se entiende el beneficio que permite mantener forestadas estas tierras.

Ante esta modificación legal el Estado, se ve obligado por el Convenio 169  de la OIT, a  realizar una consulta indígena, no obstante representantes de comunidades mapuches de diversas localidades (Panguipulli, la Unión, Puerto Montt) expresaron el rechazo a cómo se ha dado el proceso de consulta, considerándolo viciado. En particular para este caso la CONAF estableció un proceso en el que solo se consultará algunos artículos del proyecto. Mapuches denuncian además, que el mismo instrumento es ilegítimo: el mismo día en que entraba en vigor el Convenio 169, el Mideplan de Bachelet dicta el decreto 124, éste dispone que las comunidades indígenas solo pueden participar mediante los sistemas diseñados por el Estado Chileno. La forma del proceso de “consulta” fue definida unilateralmente por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), impidiendo así la efectiva participación de las comunidades.

El compromiso del gobierno con las forestales queda absolutamente al descubierto ante la necesidad de prorrogar el DL 701. El centro de políticas publicas denunció que la SEGPRES, determinó que fue suficiente  con "consultar" a los Consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), es decir, el gobierno se consultó a sí mismo sobre su propio proyecto, incluso lo hizo mediante correo electrónico, más aún, como los Consejeros no dieron respuesta, la SEGPRES lo asumió como "aceptación" de la medida consultada. Asimismo la Cámara de Diputados, que debió haber realizado también la consulta a pueblos simplemente no la hizo.

AÑO DECISIVO

Así en Enero del 2011 se promulga la prorroga mientras el gobierno prepara una nueva ley, llamada DL 702 que debe entrar en vigencia el 2013 y que debe ser debatida este año. Sin embargo, para las instituciones del Estado y las empresas forestales representadas en la CORMA, el único camino posible es continuar la senda del monocultivo, hasta prácticamente agotar el territorio nacional, de hecho el gobierno ya ha identificado  1,6 millón de hectáreas para plantar. La meta planteada, de acuerdo a CONAF es en 20 años más plantar 708 mil hectáreas, 35 mil hectáreas cada año. El 31% de ese suelo se localizaría en la Región de Bío Bío, espacialmente en la provincia de Ñuble, 24% en la Araucanía y el 21% en el Maule, la mayoría tierras de pequeños agricultores y propietarios.

Por otra parte, Eduardo Vial, director de CONAF, expresó que se pretende crear un fondo con aporte de privados, ya sean países interesados en imponer plantaciones forestales o empresas locales contaminantes que necesiten bonos de carbono, es decir que las industrias contaminantes pagan por contaminar, pero además lo recaudado será usado para destruir la agricultura chilena, Vial ha expresado la posibilidad que la nueva legislación fomente la biomasa con fines energéticos. Que se ocupe el campo chileno para sembrar comida (maíz, soja, remolacha etc..) destinada a ser “biocombustibles” es a lo menos preocupante, sobre todo cuando en otros países la tendencia es contraria. En Argentina y en todo el mundo, los movimientos sociales están reivindicando la soberanía alimentaria, esto es el derecho que cada pueblo tiene sobre sus semillas, tierras y agua indispensables para producir de forma local, sana y autónoma el alimento que necesita. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha aceptado debatir sobre soberanía alimentaria, como verdadera solución a las crisis de alimentos, climática y de derechos humanos.

Los gobiernos que han venido afinando esta ley de fomento forestal (y futura biomasa) lo han justificado con el supuesto control de la erosión de la tierra, con la captura de carbono y la generación de empleo rural y aportes al fisco mediante impuestos.

No obstante, las empresas forestales evaden impuestos haciendo “donaciones”, las que luego son descontadas de sus impuestos. De ninguna forma los impuestos recaudados por el Fisco serían imposibles de percibir por el Estado sin la existencia de estas millonarias bonificaciones.

Los expertos ya han plateado que estas medidas solo profundizarán las falencias en la institucionalidad y legislación forestal. A la opinión de Grupo Asesor del Medio Ambiente de la Universidad Católica (GAMA), “es inconcebible que se prorroguen leyes con el argumento principal de no haber realizado a tiempo la propuesta de una nueva ley de fomento forestal…se condena la prorrogación de un instrumento que ha sido muy cuestionado por sus efectos ambientales”. Recalcan los diversos efectos negativos que hasta ahora ha tenido el fomento forestal: fondos públicos traspasados a grandes propietarios, el reemplazo de bosque nativo por pino y eucaliptos, desaparición de flora y fauna, la disminución de la biodiversidad, erosión de suelos, desplazamiento de pequeños forestales, la sequía progresiva de los recursos hídricos, contaminación de las aguas y las tierras por el uso indiscriminado de plaguicidas, la falta de tierra productiva, y como consecuencia mayor, el empobrecimiento.

Por su parte, la asociación de ingenieros por el bosque nativo (AIFBN) ha emplazado al gobierno a que no focalice la ayuda en los monocultivos, sino que debe fomentar en pequeños y medianos propietarios la incorporación del bosque nativo, dada la importancia de los (verdaderos) bosques en la conservación del agua, lo que entienden como algo absolutamente imprescindible para el bienestar de la población chilena. En síntesis la AIFB plantea que la ley  “Debe impulsar una Política Forestal explícita y participativa que plasme la visión estratégica de desarrollo del país, y cuya aplicación implique beneficios económicos, ambientales y sociales para la sociedad en su conjunto, en pro de mejorar la calidad de las comunidades rurales campesinas, los sindicatos de trabajadores forestales, pueblos originarios, actores de la sociedad civil.”

Consultados por la comisión de agricultura de diputados, los ingenieros fueron claros: no debe existir bonificación para los grandes propietarios, es injustificado que todos los chilenos financien la plantación de grandes empresas. Asimismo, plantearon la bonificación de plantación para el enriquecimiento de bosques nativos degradados: “Si la plantación se realiza con especies nativas, la bonificación debería ser de 110% en ambos casos”.

Este año será decisivo para el fututo de los suelos chilenos, para la conservación del agua, la agricultura y por ende la soberanía alimentaria. Como vivamos y comamos en los próximos años dependerá de la organización, no solo de los productores campesinos y mapuches, sino de toda la comunidad consumidora, quienes no queremos depender de las industrias  transnacionales de alimentación y cadenas de supermercados.

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