LA JDC DEBE PRONUNCIARSE SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y CONFLICTOS DE INTERESES DE SENADORES EN PROYECTO DE LEY QUE ENTREGA PROPIEDAD DE LOS PECES DE TODOS LOS CHILENOS A SIETE CLANES FAMILIARES.

A raíz del llamamiento de Jorge Cash, Presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana (JDC), a la dirigenta estudiantil Eloísa González, vocera de la ACES, a que deje su cargo, debido a que habría tenido una "actitud irresponsable" al llamar a los jóvenes a no votar, como ciudadano perteneciente a una coalición de organizaciones para la defensa del mar, solicito al presidente de la JDC que se pronuncie sobre el papel que está jugando su partido, al respaldar políticamente el proyecto de la nueva Ley  de Pesca, impulsado por Pablo Longuiera, actual ministro de Economía y potencial candidato presidencial. Este proyecto de Ley pretende entregar la propiedad de los peces del mar chileno de manera gratuita y a perpetuidad a siete clanes familiares, los cuales ya controlan el 92% de las cuotas anuales de pesca industrial.

El presidente de la JDC, refiriéndose a Eloísa González, señaló públicamente, "le pido que renuncie y deje su organización en manos de dirigentes responsables y serios. Su liderazgo ha sido nocivo para el movimiento estudiantil, no ha sumado, no ha convocado, como ha ocurrido con otros dirigentes”.

Debido a que organizaciones ciudadanas habíamos solicitado a Jorge Cash, sin resultados positivos  hasta la fecha, que se pronunciara públicamente sobre el proyecto de nueva Ley de Pesca, que impulsa de manera express, autoritaria e inconsulta, el ministro de Economía y el lobby pesquero industrial, aprovecho la oportunidad que el representante de los jóvenes demócratas y cristianos se encuentra pronunciándose sobre la contingencia política, para solicitarle que manifieste públicamente su posición sobre el papel que está jugando el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en el viciado y excluyente trámite senatorial del proyecto de “Ley Longueira”.

Papel de la Democracia Cristiana en la privatización de las pesquerías chilenas y el fortalecimiento del "cartel de los 7 clanes pesqueros"

Como es sabido, los diputados y senadores del PDC, -con la excepción de la senadora Ximena Rincón-, han jugado un papel clave en el avance parlamentario de este cuestionado proyecto de Ley, dejando en evidencia las consecuencias que tiene para los derechos de la ciudadanía y las comunidades locales, los acuerdos cupulares adoptados por la clase política bajo el actual sistema binominal.

Lo anterior ha sido evidente en las Comisiones de Pesca  y las sesiones de los plenos,- tanto de la Cámara de Diputados como del Senado-, donde los parlamentarios de la Alianza y de la Concertación han respaldado con escasas excepciones, la idea de legislar este proyecto de Ley, y la eliminación en su articulado de la indicación que señala que el Estado de Chile tiene la propiedad inalienable e imprescriptible sobre los recursos hidrobiológicos existentes en las aguas jurisdiccionales chilenas.

A su vez parlamentarios han apoyado transversalmente mañosas redacciones que buscan entregar a perpetuidad las licencias de pesca al pequeño grupo de empresas beneficiadas, permitir que continúe la destructiva pesca de arrastre en aguas nacionales, y consolidar las destructivas "perforaciones" de la flota pesquera industrial a las cinco millas de exclusividad de las actividades pesqueras artesanales.

Es así que el 17 de octubre en el pleno del Senado, los senadores Ignacio Walker, Patricio Walker, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Andrés Zaldívar Larraín, Osaín Sabag, Soledad Alvear, Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide votaron a favor de legislar este proyecto de Ley que continúa impulsando el ministro de Economía del presidente Sebastián Piñera.

Importante es recordar que la senadora Rincón al momento de votar en contra señaló que "esta discusión no es solo sobre la administración sustentable de recursos pesqueros, sino que debe marcar cómo los políticos manifestamos con nuestros votos, la mirada que tenemos sobre los recursos naturales y el reparto de la riqueza del país". Al respecto, indicó que "los recursos naturales deben ser protegidos y administrados por una regulación que garantice el bien común, como expresión de justicia y equidad social".

En ese sentido, la senadora hizo "reserva de constitucionalidad al proyecto toda vez que se están vulnerando principios de libertad económica y no discriminación arbitraria" en lo relativo a la manera de asignar los recursos que se contempla, indicando que “es inaceptable que a los industriales se le entreguen cuotas a perpetuidad”, como lo plantea dicho proyecto de Ley.

El acuerdo de la "mesa de pesca": Colusión y repartición de recursos marinos que no les pertenecen

La senadora Rincón también cuestionó la denominada "mesa de negociación pesquera" impuesta por el ministro Pablo Longueira en septiembre de 2011, donde se coludieron y firmaron el traspaso de cuotas de pesca desde la industria hacia los propietarios (armadores) de las embarcaciones artesanales representados por las confederaciones Conapach y Confepach. Estas cuotas según el propio ministro Longueira, poseen un valor de mercado de 34 millones de dólares anuales. El objetivo de este traspaso de recursos es obtener el apoyo político del sector pesquero artesanal a la privatización de las pesquerías nacional, sumado a su rechazo a la licitación de las cuotas de pesca del sector industrial. Lo mas sorprendente en esta acción que pone en jaque el papel del Parlamento, es que los sectores que se supone son los regulados del sistema pesquero, con el aval del ministro de economía, se reparten recursos pesqueros que no le pertenecen, al ser éstos hasta la fecha, bienes de todos los chilenos. Sin embargo, lo que oculta  esta maniobra colusiva, es el  traspaso por parte del Parlamento del  goce monopólico de las rentas pesqueras por valor de 740 millones de dólares anuales a estos 7 clanes familiares. Sería muy interesante conocer la posición de la JDC ante estos inéditos e impresentables situaciones al amparo de la propia institucionalidad política.

Estética política: El voto de los senadores-accionistas de la industria y comercializadoras de productos marinos

El 11 de octubre, la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar y Contra la Privatización del Patrimonio Pesquero, le entregó en forma anticipada al presidente de la JDC información sobre los conflictos de intereses que afectaban a cuatro senadores, entre ellos el senador Andrés Zaldívar Larraín. Los otros senadores denunciados eran Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional (RN), Jovino Novoa y Alejandro García-Huidobro, debido a su tenencia de acciones o la existencia de familiares con vínculos de dependencia con la industria pesquera extractiva y comercializadora de productos marinos. Hasta la fecha no ha existido ningún pronunciamiento de la JDC sobre esta evidente violación del artículo 5° B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el artículo 8° del reglamento del Senado.

En el caso del Senador Zaldívar Larraín, la Ley establece que la inhabilidad alcanza a aquellos asuntos que interesen directamente a parientes “colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad”. Este es el caso del hermano del senador, Sr. Manuel Zaldívar Larraín, pariente colateral en segundo grado, es director de CORPESCA, una de las principales empresas pesqueras beneficiadas por el proyecto de ley (fuente: www.svs.cl). 
A su vez, su sobrino Felipe Zaldívar Prado, es miembro de tres filiales de la empresa pesquera CORPESCA, perteneciente al Grupo Angelini, otra de los clanes familiares beneficiados.

La misma situación ocurre para el senador Jovino Novoa, quien participa en la empresa Inversiones y Mandatos S.A. y en la Comercial Nahuelbuta S.A. sociedades dedicadas a la exportación de productos pesqueros. Por su parte, su hijo Jovino Novoa es el actual gerente de finanza de la Comercial Nahuelbuta Ltda. (Ver  http://www.hsf.cl/es/empresa/video/).

Por su parte, el senador Carlos Larraín indica en su declaración patrimonial contar con 48.653 acciones en la empresa COPEC, de propiedad del grupo Angelini. A su vez declara poseer 13.813 acciones en la pesquera Coloso, del grupo Lecaros-Menéndez. Ambos grupos se han fusionado, constituyendo el conglomerado Orizon, el cual controla cerca del 90 por ciento de las cuotas de pesca pelágica en la zona norte del país.


Finalmente , el senador Alejandro García-Huidobro en su declaración de patrimonio indica su participación en la sociedad Navarino S.A., la cual tiene por objeto el desarrollo, ejecución, explotación y/o participación, en forma directa o indirecta, en actividades pesqueras. (www.svs.cl).

Es importante recordar que el artículo 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional dispone expresamente que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto".

Lo anterior debería haber inhabilitado a dichos senadores para seguir participando en el proceso parlamentario, ya que uno de los efectos económicos directos que generará la aprobación del proyecto de “Ley Longueira”, será el aumento del patrimonio de los senadores propietarios de acciones, así como de las empresas y filiales donde participan sus familiares.

Violación de los derechos de los pueblos originarios y acuerdos internacionales Finalmente, solicitamos a la JDC manifestarse públicamente sobre la violación de la legislación nacional y de acuerdos internacionales suscritos por el Estado chileno, como es el caso de la no consulta que obligatoriamente debería haber realizado el Ejecutivo y el Parlamento de manera previa al envío del proyecto de Ley, a los pueblos Rapa-Nui, Mapuche, Lafkenche, Huilliche y Kaweskar, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado chileno, y vigente como Ley de la República el 2009.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos a la JDC a pronunciarse ante la opinión pública, en momentos que solicitan votos a los ciudadanos, especialmente los jóvenes, sobre estos graves hechos que afectan derechos ciudadanos y de los pueblos originarios, vulneran el principio de libertad económica y no discriminación, expropian bienes de la Nación y amenazan la sustentabilidad de la biodiversidad marina.

Igualmente emplazamos al presidente de la JDC Jorge Cash a respetar la autonomía e independencia de las organizaciones sociales frente al Estado y los partidos políticos. Los dirigentes sociales -como Eloísa González- sólo deben responder ante quienes los han designado en cargos de responsabilidad o para ser sus voceros. No tienen por qué dar cuenta de sus actos ante las cúpulas políticas tradicionales. No basta declararse demócrata (y cristiano, por añadidura). Es necesario dar pruebas de un comportamiento cotidiano de apego a los valores democráticos, cuestión que la generalidad de la clase política que pretende monopolizar la representación ciudadana de nuestro país, está muy lejos de lograr.

En las fotos puede verse a distintos personajes de la Democracia Cristiana (Aylwin, J.G. Valdes y Frei) y el Partido Socialista (Lagos), junto a Anacleto Angelini, muerto el 2007.

Fuente: ecoceanos.cl

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