Lucía Sepúlveda Ruiz / periodismosanador.blogspot.cl

El pasado lunes se presentó en la ciudad de Santiago, el Libro "La Justicia en la Balanza: procesos, juicios y condenas por violaciones a los derechos humanos en Chile entre 1973-1990”, escrito y editado por Carlos Barthou y la Comisión Ética Contra la Tortura. Tal como su nombre lo indica, el libro constituye un balance los alcances del accionar del sistema judicial chileno ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante Dictadura.

A continuación, se ofrece el texto con el cual la periodista Lucía Sepúlveda Ruiz se refirió al libro. [nota de Resumen]

Una lectura de “La Justicia en la Balanza”

A veces pareciera que la impunidad respecto de los crímenes cometidos en dictadura se ha hecho algo tan natural (se ha “naturalizado”, en la jerga de ahora) que a nadie o a muy pocos les llama la atención que ocurran nuevos hechos vinculados con esta tendencia.

Los medios de comunicación hacen escasa referencia a estos temas, que en la televisión ocupan cortísimos segundos en los noticiarios, sin entregar ningún contexto, o se difunden mensajes equívocos de respeto a los derechos humanos, para justificar decisiones judiciales aberrantes, como la libertad para condenados aplicando a criminales de lesa humanidad, fórmulas ideadas para delincuentes comunes.

Uno de los aspectos menos abordados es el carácter tardío de la justicia, cuestión muy relevante para los familiares de los caídos en dictadura. Este libro nos recuerda además que de los 1.169 desaparecidos se han identificado, apenas los penosos restos (uno o más huesos) de 104 de ellos.Y que para los familiares, en muchos casos ha habido algo de verdad y muy poco de justicia, en relación a la levedad de las sentencias.

Y esto tiene que ver con el presente, porque en democracia también hay desaparecidos. Recordemos los casos de José Huenante, José Vergara y Julio Arispe Carvajal, reconocidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En la introducción este libro de Carlos Barthou, nos recuerda que el Estado chileno no ha dejado de asesinar a luchadores sociales, entre los cuales están Rodrigo Cisterna Fernández, Manuel Gutiérrez Reinoso; Nelson Quichillao; Juan Pablo Jiménez Garrido y Macarena Valdés, ultimados por sicarios empresariales que actúan como poderes fácticos. A ello se suma los asesinatos de jóvenes mapuches y no mapuches, a manos de la policía uniformada como Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio, entre otros.

¿Qué hace diferente esta obra de otras reflexiones sobre derechos humanos y justicia o injusticia? El punto es que para intentar contrarrestar los mensajes superficiales y banales de la prensa y el gobierno, muchas veces a favor de la impunidad, resulta indispensable contar con información de peso, para arrojársela en la cara a quienes propalan la justeza de la impunidad.

Contar con “datos duros” no es fácil ni siquiera para los periodistas, porque la información de base se encuentra desperdigada y acceder a ella requiere tiempo y una dedicación prácticamente exclusiva. Muchas veces los montajes de la dictadura o las operaciones contra los partidos y movimientos que lucharon en dictadura no fueron acumulados por un solo ministro, sino se investigaron en distintas causas y querellas. Otras veces se archivaron sin sentencia y se reabrieron por la fuerza y empeño de los familiares. También sé de eso, de buscar archivos perdidos... Eso hace muy difícil seguir esas historias. Puedo dar fe de ello cada año que intento actualizar el estado de la impunidad en relación al montaje conocido como Operación Colombo, para hacer la crónica respectiva. O también, como familiar de ejecutado político, puedo testimoniar lo contradictorio que es “celebrar” una sentencia a 40 años de ocurrido el asesinato de Augusto Carmona, con un proceso cerrado y luego reabierto y tramitado en 17 años, con los principales responsables exentos de condena por suicidio o “demencia” como Pinochet, pues la querella era contra Pinochet y quienes resulten responsables. A ello sumamos que la mayor parte de las sentencias actuales recaen sobre los mismos hechores, ad portas de ser “favorecidos” por libertades condicionales concedidas en forma espúrea.

Este libro proporciona información hasta abril de 2017, por lo que la estadística no alcanza a incorporar fallos recientes de importancia, entre otros la sentencia final para el montaje de Rinconada de Maipú en que fueron ultimados los miembros de la familia Gallardo, entre otros compañeros.

Encontramos aquí los nombres de 1.402 agentes perpetradores que han sido procesados por sus crímenes y sin embargo, algunos de ellos han ocupado altos cargos castrenses y policiales, o de representación popular. Los casos más “ilustres” son los de Juan Emilio Cheyre ex comandantes en jefe del ejército; Cristián Labbé, ex alcalde de Providencia y Rosauro Martínez Labbé, aun diputado desaforado, por citar algunos. De todos los agentes procesados solo alrededor de 142 cumplen condenas en el penal de Punta Peuco, Cárcel de Alta Seguridad o en regimientos. Respecto de las condenas aplicadas, el libro nos entrega en uno de los anexos, una tabla elocuente. Hay sólo 13 condenas perpetuas entre los 1.402 procesos y 98 de los procesados fueron absueltos. El total de ex agentes represivos condenados a prisión alcanza a 780 criminales. En Argentina, en cambio, de 925 procesados hubo 252 reos condenados a prisión perpetua y en general, la mayor parte de las penas son más altas que las de los fallos de la justicia chilena.

Los siguientes anexos entregan la lista de los condenados, procesados y absueltos fallecidos. Ahí podemos constatar que de 54 agentes muertos, 16 se suicidaron. Uno de ellos fue el ex director de la CNI Odlanier Mena. Mi conjetura, por tenerlo en la mira pues estaba procesado por un nuevo crimen, es que su motivo no fue el traslado desde el penal Cordillera a Punta Peuco sino el saber que se le venía una nueva condena cuando ya disfrutaba de libertad condicional.

Sería muy interesante estudiar esos 16 casos de suicidados. Exponer cuánto disfrutaron la vida y del reconocimiento social hasta que les llegó “la hora del juicio” y cuántos ex agentes siguen hasta ahora disfrutando sin que les pase nada! En ese sentido, el anexo 6 de esta investigación nos dice que 524 ex agentes han sido procesados pero nunca han sido condenados. Desde atrás decimos que muchas veces los criminales cuentan con expertos defensores pagados por el ejército, o bien con sus millonarias pensiones financian abogados especializados en dilatar los juicios de manera que se haga efectiva la llamada “impunidad biológica”, término acuñado por el retirado ministro de Corte Alejandro Solís cuando explicaba cómo evitaban ser condenados los reos de este tipo de procesos.

En otro anexo, cerrando este estudio figura la lista de procesos iniciados contra uniformados por ejecuciones posteriores al 1990 de ex agentes represivos, con temas poco explorados como los crímenes contra el agente Berríos, el mayor Huber. Por su macizo contenido, esta obra puede - y debería - convertirse en libro de cabecera para editores de medios de prensa, abogados, y para todos los defensores de los derechos humanos. También es recomendable para legisladores y para quienes en las campañas electorales optaron –como hacen hoy muchos candidatos - por olvidar la deuda histórica de la transición con la justicia. En la parte central de la obra, encontramos una recopilación de las estadísticas más relevantes para entender por qué hablamos de impunidad, y qué ha significado en la práctica la llamada justicia transicional. Pero también lo veo como un punto de partida y una fuente para guionistas, para artistas, en fin para todos quienes vemos en la Memoria y en la lucha contra la impunidad, una forma de continuar la militancia revolucionaria y de traspasar a las nuevas generaciones parte del legado de la lucha antidictatorial. Aquí, como en los archivos y fuentes originales consultadas por el autor y el equipo de la CECT hay una fuente inagotable de inspiración.

Sobre estos números, sobre estas cifras de luchadores antidictatoriales y militantes de la izquierda y la causa popular, sobre las cenizas y fulgores de estos hombres y mujeres se levantó la democracia contrahecha que hoy vivimos. Así la denomina este texto: “contrahecha”, es decir jorobada, mal formada genéticamente porque su origen es parecido a lo que hacían los colonizadores con los templos de los pueblos originarios. Sobre ellos levantaban sus catedrales intentando borrar todo vestigio de la espiritualidad de los indígenas. Esta democracia de hoy pisotea esa semilla popular y sobrepone un nuevo cimiento, un basamento de impunidad, construido sobre el pacto con las cúpulas militares y criminales, cuando pudo haberse construido respetando el valor del sacrificio de las vidas de quienes lucharon para recuperar la democracia, las conquistas del pueblo y vencer la dictadura. Contribuir con datos duros a tomar conciencia de ello es un aporte de Carlos Barthou y de la Comisión Etica Contra la Tortura para las luchas de hoy y la elaboración de un programa democrático y verdaderamente popular más allá del horizonte electoral.

Santiago, lunes 23de noviembre 2017

Foto: AFEP Chile (@AFEPChile)