Liceo Enrique Molina: Condicionalidad a estudiantes para impedir movilizaciones
Rector del Liceo Enrique Molina, Ricardo Morales, impone norma contraria al estado de derecho y la convivencia en una sociedad democrática, contradiciendo las propias políticas del Ministerio de Educación y la tradición histórica del principal establecimiento educacional de Concepción.
La Rectoria de este establecimiento intenta condicionar la matrícula de sus estudiantes a través de un documento que deben firmar los apoderados en el cual se certifica la codicionalidad del estudiante. El objetivo de esto es claro: reprimir cualquier intento de movilizaciones y protestas al interior de este establecimiento educacional. Esta acción no solo no tiene sustentabilidad ni política ni jurídica, sino que además atenta contra las propias orientaciones de organismos internacionales y el propio ministerio de educación, contraviniendo el espíritu y tradición del propio establecimiento.
El documento mencionado invita a los apoderados a: “Aceptar la matrícula condicional de sus hijos para el 2013”, y concluye con el siguiente párrafo: “Si el estudiante incumple el compromiso establecido, la dirección del liceo solicitará su retiro sin mayor objeción por parte del apoderado que firma este documento” lo que provoco la indignación de los padres y estudiantes del establecimiento.
La irracional medida, contraria al propio estado de derecho y normas de convivencia democrática, no puede ser entendido de otra forma que como un arranque fascistoide inconsciente de las autoridades que dirigen el establecimiento educativo, lo que debiera mover a las nuevas autoridades municipales a tomar parte activa, interviniendo el establecimiento, investigando la situación y tomando las medidas administrativas correspondientes en estos casos, el cual ha tenido gran repercusión pública en la comunidad penquista.
Recordemos que esta práctica autoritaria no es una excepción en este liceo, ya que el ex rector Sáez el año 2009 expulsó a 57 estudiantes que participaron activamente en las movilizaciones del año anterior, además a comienzos de este 2012 les negó a 9 estudiantes su matrícula, los afectados junto a sus compañeros denunciaron esto e impidieron la medida.
Por parte de la comunidad educativa tanto apoderados como estudiantes se han mostrado contrarios a esta medida señalando que no efectuarán la matriculación si esto no se resuelve. Asimismo los estudiantes señalan que realizarán un reclamo en la Seremi de Educación.
Contra la propia historia del establecimiento
El emblemático Liceo de Concepción, más tarde conocido como Liceo 1 o de hombres, fue fundado en los albores de la república (1823) por decreto del gobierno del entonces Director Supremo Ramón Freire, militar penquista héroe de la independencia, quien estuvo al frente probablemente del gobierno más democrático en la historia de Chile y que décadas más tarde liderada la revolución contra la imposición del estado centralista y autoritario impuesto por la oligarquía santiaguina.
El Liceo lleva hoy el nombre de Enrique Molina Garmendia, libre pensador fundador de la Universidad de Concepción cuyo eslogan fue “por el desarrollo libre del espíritu”. En sus aulas estudio el segundo presidente del Frente Popular: Juan Antonio Ríos, instancia política formada por la izquierda internacional para detener el avance político del fascismo en el mundo. Fueron los gobiernos del Frente Popular en Chile los que declararon el Estado Docente y desarrollaron la educación pública en nuestro país, transformándola en un modelo para el resto de América Latina.
Tampoco se puede olvidar la historia del Liceo ligada a la lucha y transformaciones sociales en nuestro país durante el siglo XX. Los estudiantes del Liceo de Hombres de Concepción han estado masivamente en la calle, desde “la revolución de la chaucha” en los años 50 del siglo pasado, hasta las masivas movilizaciones estudiantiles del 2005, 2006 y 2011, pasando por las jornadas de lucha contra la dictadura en los años 80. Dentro de todo ese contexto, el Liceo albergó a la generación revolucionaria de los años 60 liderada por los hermanos Enríquez, Luciano Cruz y Bautista Van Schowen, ideas revolucionarias a la cual adscribieron cientos de estudiantes de este liceo durante generaciones, entre otros Patricio Sobarzo asesinado cobardemente por la CNI en 1984.
Contra las políticas de Estado
A partir de una política de Estado, iniciada a fines de los años 90, graficada en la promulgación sucesiva de una serie de leyes como: la Jornada Escolar Completa (JEC), la Ley Pro Retención del estudiante, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), todas ellas acompañadas de fondos que aumentan la subvención escolar a los establecimientos municipales y particulares subvencionados en post de la “responsablización” de estos establecimientos “en la labor de formar y educar a los alumnos”, lineamientos que apuntan a detener la expulsión y la deserción escolar, teniendo en cuenta que la escuela y los liceos son la ultima institución de inserción social para amplios sectores sociales en creciente marginación.
Contra las normas internacionales
Dentro de los estándares de calidad fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo de naciones “desarrolladas” a las cuales adscribió Chile el año 2010, exige que en nuestro país baje los niveles de deserción escolar y aumente la eficiencia interna, los indicadores de eficiencia interna son: promoción, aumento de matrícula, menor deserción.
Contra el reglamento interno que regula la convivencia escolar
Por ley es el Consejo Escolar es quien regula la convivencia interna a través de un reglamento, el cual fija los derechos y las responsabilidades de los alumnos, el sostenedor, directivos, docentes, administrativos, auxiliares y padres y apoderados. Cabe recordar que por convención internacional de Derechos del Niño, los menores de 18 años, no poseen deberes solo responsabilidades ya que responden frente a un adulto.
Es solo el Consejo Escolar integrado por representantes de todos los estamentos los que toman las decisiones de modificar la normativa de convivencia interna y no solo el arbitrio de un rector o sostenedor.
La posición autoritaria y criminalizadora de la protesta social en que se ha parapetado la rectoría del liceo Enrique Molina, es en extremo peligrosa e implica una involución histórica en cuanto al estado de derecho y de la ciudadanía.
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