Toda la prensa, acostumbrada a creerle al gobierno y al capital, difundió la noticia. Los restos de los estudiantes de Ayotzinapa estaban en el basurero de Cocula. Los padres dijeron que no creían. Dijeron que mientras no les muestren los cadáveres los tomaban por vivos, que los estaban esperando en casa. Casi nadie les hizo caso a los padres. Resumen sí. Y es que nosotros tenemos la costumbre de no creerles a los gobiernos. Menos cuando sus únicos “testigos” son delincuentes recién salidos de prisión.
La vida nos ha dado la razón. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que estuvo analizando restos de las primeras seis fosas encontradas en Cierro Viejo (Guerrero) y que estudiaron los localizados por la Procuraduría General el pasado 7 de noviembre en el basurero de Cocula, aseguran que esos restos calcinados no son de los 43 normalistas.
Aunque formado en Argentina el EAAF reunió para este caso antropólogos forenses de Argentina, Colombia, México, Uruguay, Francia y Estados Unidos. Han prestado ayuda internacional en varios países donde las dictaduras dejan indefensas a las víctimas. Han participado en el hallazgo no solo de desaparecidos sino de hijos y nietos. A México llegaron a pedido de los padres.
Su dictamen es contundente: “En síntesis, hasta el momento, no han habido identificaciones entre los restos recuperados en las 3 localidades mencionadas y los 43 normalistas”. Un dictamen importante porque lo que pretendía el gobierno era cerrar la investigación. Los muertos, muertos están. Los desaparecidos están secuestrados. El delito no expira hasta que aparezcan. Ojala vivos.
Pero al gobierno mexicano se le ha creado otro problema. Si esos restos no son de los 43 jóvenes ¿de quienes son? Se han encontrado hasta ahora tres espacios donde hay restos humanos: Cerro Viejo, La Parota y el basurero de Colula. El EAAF ha dicho que seguirán las investigaciones hasta el final. Cuentan para su tarea con el apoyo del Laboratorio The Bode Technology Group ubicado en Estados.
Se ha desarrollado toda una movilización social en torno a estos hallazgos. La ONG Gobernanza Forense Ciudadana ha convocado a los familiares de desaparecidos para hacer un Banco de Datos ADN. Se ha conseguido financiamiento para hacer pruebas a 1500 familiares. Solo en Iguala ya hay 100 familiares inscritos para estos exámenes esperando los resultados.
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