Lo Méndez a un mes de la Toma se ven amenazados por la corrupción y el negociado
Un mes se ha cumplido de la toma de las soluciones habitacionales que se instalan en Lo Méndez en Barrio Norte y tanto la empresa constructora Senexco, que opera a través de Edifika, como SERVIU no seden ante las demandas de los futuros pobladores que en base a graves irregularidades, exigen una reconstrucción justa y segura. Más aún, ahora se coluden para amedrentar a los manifestantes para que depongan la medida de presión, sin entregar ninguna solución, con el amparo de la intendencia y la ayuda de un exdirigente fraudulento, con la amenaza de revocarles el beneficio.
El desarrollo de la paralización es llevada por los comité de allegados y sin casa “Liando Paredes”, que representa a 179 familias, y “Entre Líneas”, 100 familias, conformados en agosto del 2010 y que vienen trabajando desde abril de ese año para, en una primera instancia, obtener certificados de inhabitabilidad producto de que sus casas fueran afectadas por el terremoto del 27/F. Y posteriormente luchar por la reconstrucción de sus hogares.
En su mayor parte son pertenecientes a poblaciones de Concepción que perdieron sus casas (total o parcialmente) y/o optaban desde antes a un subsidio del estado de forma regular con una cuenta de ahorro en el Banco Estado, en proporción 80/20 respectivamente.
Pasaron tres años para que recién empezara la construcción de sus beneficios y gracias a la dificultad del andar y la cautela y presión de sus dirigentes es que se percataron de las irregularidades del proyecto.
Las irregularidades
Quién ha estado más pendiente de las deficiencias es María Consuelo Menéndez, Presidenta del Comité Liando Paredes y actual vocera de la toma y, por ende, de ambas organizaciones gracias al poder otorgado por la carta de poder firmada por ambas organizaciones en octubre de éste año. Su preocupación se hizo evidente en base a las fiscalizaciones que constantemente hacía en el lugar con las que se vio obligada a aprender sobre construcción y el marco legal que le rige. Al tiempo notó problemas con los pagos a subcontratistas (a José Sáez -enfierradura-, José Carriel –hormigones-, Empresas M&M –electricos- y Empresas Sertoingeo – agua potable, gas y alcantarillado), problemas de materialidad y estructura y el incumplimiento de los plazos, lo que gatilló reclamos directos contra los responsables y, luego de no tener respuesta alguna, la medida de presión que es llevada hasta hoy.
Edifika, la empresa constructora que se lleva las obras insiste en que los plazos se han respetado según la Carta Gantt del proyecto, que muestran como inicio en el mes de agosto de 2013 y su finalización en noviembre de 2014. De lo que no habla el documento es que la empresa empezó la construcción en mayo de 2013 de manera efectiva, en marzo marcando el terreno, lo que se evidencia en la primera Carta Gantt, cuyo plazo terminaba en abril y que hoy desestiman. En mayo se reunieron con los beneficiarios y les fue entregado el primer pago.
En un comienzo el proyecto contemplaba más familias, unas 30 de los comités, que se fueron y buscaron su solución en otros proyectos, el dilema se presenta en que al llegar el documento se encontraron con 20 nombres de damnificados de personas que no conocían y otros que recibían dos veces el beneficio, repitiendo sus nombres o dividiéndose las familias o parejas.
“Queremos casas, no tumbas”
Los problemas de materiales y en estructura se hicieron tan evidentes que las personas de la toma llaman tumbas a sus próximas casas. Las cuales no resistirían temblores en grado mayor y que en un máximo de dos años ya se verían deterioradas, aseguran.
Esto llevó a que revisaran las especificaciones técnicas del proyecto, que no han sido cumplidas y por lo cual peligraría su vida si es que les fueran entregadas en las actuales condiciones, para lo que pagaron estudios de hormigón e informes técnicos que les aseguraran que sus esfuerzos valieran la pena.
El proyecto contempla la edificación de 14 edificios, divididos en dos etapas, de cinco pisos cada uno que suman 280 departamentos por lo que se ciñen a las normas de construcción en altura.
El listado de irregularidades es preocupante y hace imposible su habitabilidad en el cual se contemplan:
- Lozas partidas
- Muros virados
- Cadenas a la vista
- Incumplimiento de los planos normados para el primer piso (puertas más anchas de 90 cm para 6 personas discapacitadas) y en vez quedan puertas de 60
- Materiales endebles: fierros de 8 mm para las bases, mezcla de hormigones para el armado en altura (de H25, para el armado, con H10, solo utilizable para sellos de fundación, aislante que queda bajo los cimientos para evitar su contacto con la tierra, y H15 para construcciones de máximo un piso).
- Desaplomos y desalinamientos en la verticalidad de la obra.
- Uniones deficientes de hormigón de distintas edades.
- Los anchos de puertas y ventanas no se condicen con el proyecto: para el primer piso (puertas más anchas de 90 cm por 3 personas discapacitadas) y en vez quedan puertas de 60. Lo mismo con las dimensiones de los balcones.
- La resistencia de los testigos de hormigón no es la adecuada (inferior a 250 kgf/cm²)
El terreno
Otro aspecto que les ha dado problemas y que fue contemplado en el informe técnico es el terreno. El polígono existente presenta diferencias respecto al plano aprobado para la ejecución de los trabajos, pasándose a terrenos que no corresponden al expropiado, por lo que podrían tener problemas legales que no permitirían las obras. De hecho el propio terreno propendería a aludes pues el cerro continuo es arcilloso y lo han estado socavando para la construcción.
No se efectuaron mecánicas de suelo, estudio que clarifica la viabilidad de una construcción en un terreno, por lo que la construcción en el Lote R2, correspondiente a la segunda parte del proyecto, se detuvo antes de la toma del terreno y, de hecho, mermó la construcción del edificio Nº13 que ya se estaba efectuando. Y las posteriormente hechas por la empresa EMPRO clarifican que donde se apostarían los edificios 9, 10, 11 y 12 tampoco son aptos por su densidad.
(Ver Lote R1)
Edifika, la empresa cascada
Entre las entidades que están en tela de juicio, la que esté en el centro es la empresa constructora Edifika dedicada a la administración de proyectos inmobiliarios. La empresa es parte del consorcio mayor Senexco, del mismo rubro.
Edifika trabaja como una empresa aparte de la mayor, la cual está eximida de procesos judiciales y deudas que aquejarían a sus dueños. En su mayor parte se dedica arelacionarse con varias Entidades de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS), que se dedican a “asesorar a las familias para acceder al subsidio habitacional que otorga el nuevo programa habitacional” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), Actualmente son remplazadas por la figura de Entidad Patrocinante (EP) – con o sin fines de lucro.
Es así como tienen proyectos en Chiguallante, en el Morro de Talcahuano y Lota (proyecto recién adjudicado por la empresa llamado Lota Green que beneficiaría a 680 familias). Los primeros dos presentan similares deficiencias en las obras, retrasos e incluso están paradas por lo que algunos beneficiarios también han protestado.
Los dirigentes de la toma en Lo Méndez insisten en que los dineros de sus obras han sido desviados a los otros proyectos, de los cuales no les queda dinero, por lo que la empresa antes de la movilización pedía más recursos a las personas de manera directa, lo que según el presupuesto del subsidio alcanzaba perfectamente.
Corrupción y Oportunismo
El miércoles 13 de noviembre del presente año Nelson Flores y José Carrillo llegan a la Intendencia de Concepción con carteles en contra la toma de la construcción, quienes oportunamente fueron recibidos por el Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, el Intendente y autoridades del SERVIU, quienes calificaron como grave al hecho.
Nelson aseguró representar a 100 familias del Comité Entre Líneas, ante las autoridades y la prensa, lo que no se supo fue que éste fue revocado del cargo 20 días antes por la asamblea general del comité entregando el cargo a Jasna Gonzales Parra, lo que fue ratificado el 24 de octubre.
Tanto Nelson como su pareja, Carmen Vargas Bastías, siguen siendo socios del comité, lo que posiblemente cambie pues dentro de los papeles son quienes salen beneficiados con dos departamentos y por las injurias públicas contra la organización.
El negocio de la reconstrucción
Todo lo anterior se sitúa en el contexto del lucro con la reconstrucción, actividad denunciada desde un comienzo por las organizaciones sociales de la región y que aún no retumban en resultados concretos. Arrasando con la dignidad y sueños de las personas que con menos recursos se han esforzado y luchado por la casa propia. Un ejemplo de aquello es la misma historia de estos comités han protagonizado.
Uno de los pilares de éste juego sucio son las mismas EGIS, quienes especulan con el dinero asignado a las personas, descuidando su propósito. A la primera a la que se acercaron, como muchos otros comités formados después del 27/F fue a la de la EGIS Prohogar, perteneciente a la caja de compensación La Araucana, en donde se contactaron con con Patricio Pacheco y Nelson Font. Quienes Les ofrecen un proyecto denominado “Altos del Andalién” (para 2.000 familias – 8 comités en total, 2 de Chiguayante, que encontraron posteriormente solución allà) , frente al Estadio Ester Roa, detrás del centro penitenciario “El Manzano”, aún lado del Río Andalién, en el cerro.
altos de andalien
Para concretar servicio les pidió las tarjetas de ahorro de la vivienda a los regulares (anulando sus cuentas en el Banco Estado y pasandolos a caja de compensación La Araucana) y libro de socios para incluir a personas al proyecto, más 2 millones por familia. En fin, las familias tras darse cuenta que el proyecto jamás había existido y que el terreno no era apto para la construcción deciden salirse de Prohogar pero la ésta no se las hizo fácil, no entregando la documentación y dineros. Por lo que acuden al SERVIU para defender sus intereses y les atiende Fabiola Irrarázabal, asistente social, quien les asesora en conflicto con Pro Hogar desde noviembre de 2010, ayudándolos a dirigirse a otros proyectos, quién es sacada del cargo en marzo de 2011. En mayo logran salirse por completo de la EGIS.
Es así como vuelven a contratar otra EGIS, la Corporación Habitacional de la CCHC (Cámara Chilena de la Construcción), quienes les ofrecen un proyecto un un terreno “con compromiso de venta” frente a la Laguna Lo Méndez, en Barrio Norte, donde actualmente están en toma.
El proyecto contemplaba la construcción de departamentos en dos etapas donde se contemplaban a 360 familias de tres comités: Levantando Escombros, presidido por Carolina Fritz; Liando Paredes por Ma Consuelo Menéndez; y Entre Líneas por Camen Necuñir. Cuando en junio se percatan que el proyecto solo contemplaba a 180 familias por lo que un comité completo quedaría fuera. Los que fueron reubicados en Chiguallante, Hualpén y Talcahuano.
Dos problemas se sucintaron de inmediato: el compromiso de venta del terreno era falso, de hecho uno de los dueños estaba cobrando por la firma para venderlo, por lo que en paralelo las organizaciones organizaban la expropiación a través de la Oficina de Dirección de Obras de la Municipalidad, cuyo resultado no se refleja hasta agosto de 2013. Y aunque efectivamente existía esta vez un proyecto, este fue aprobado por SERVIU sin pasar por los comités, lo que les llevó a renunciar nuevamente a los servicios de la EGIS.
Es así como deciden desligarse y apelar a que los subsidios y asignaciones les fueran entregados de manera directa. Lo que lograron a través de la resolución 10.013 el 29 de diciembre de 2011.
En julio de 2012 inician el proceso de licitación por su cuenta, asesorados por la EGIS Padre Hurtado del Hogar de Cristo. Donde eligen a la constructora e inmobiliaria Edifika. Quienes hoy les amenazan con quitarles los subsidios si no aceptan los edificios como están y por lo que sigue el conflicto.
Video y vínculo de la nota anterior:
