Grupo fabril do Chile

financiado pelo BNDES

foi cúmplice de chacina

Frederico Füllgraf

Jornalista

(Fábrica de celulosa financiada por el BNDES brasileño acusada de un crimen nauseabundo durante la dictadura Pinochet)

Reportaje de Frederico Füllgraf * - Para revista ADUSP Nr. 57, São Paulo, abril 2015

En estos primeros meses de 2015, en Chile, se espera con ansiedad el acto de coraje de un magistrado.

Cuarenta años después del fusilamiento por la espalda y su entierro en una fosa común, clandestina, de 19 simpatizantes de la Unidad Popular, trabajadores, ferroviarios y estudiantes, el juez Carlos Aldana – ministro especial para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción - en una decisión inédita desde el fin de la dictadura de Pinochet, deberá inculpar a un importante grupo de civiles involucrado en la violación de derechos humanos en Chile.

La acusación alcanzará de lleno a la CMPC, uno de los mayores conglomerados de papel y celulosa de América Latina, perteneciente al grupo Matte que, el 18 de septiembre de 1973, le entregó una “lista negra” con los nombres de los fusilados a carabineros.

Tercer mayor patrimonio empresarial y familiar de Chile, estimado en 7 mil 500 millones de dólares, en 2013, el grupo Matte obtuvo la aprobación del banco estatal brasileño, BNDES (Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social) un crédito de US$ 1.200 millones –de un total de US$ 2.100 millones– para cuadruplicar, en Guaíba, la antigua fábrica Borregaard, hoy conocida como CMPC - Celulosa Riograndense. Con la pretensión de consolidarse como uno de los más grandes proveedores mundiales de celulosa blanqueada, la inversión fue celebrada por el entonces gobernador Tarso Genro, debido a la generación de más de siete mil puestos de trabajo durante las obras de ampliación, y los 2.500 empleos directos prometidos por la unidad, que debe iniciar sus operaciones en el segundo semestre de 2015. Es muy improbable que el gobernador petista (del Partido de los Trabajadores-PT) y la dirección del BNDES tuviesen conocimiento de la activa participación de la CMPC en el golpe de Estado que derribó al presidente Salvador Allende, ni de las graves acusaciones que la apuntan como protagonista de la “Masacre del Laja”, como el nauseabundo crimen es conocido en Chile, y que ahora desborda hacia Brasil.

“Efectivamente, yo no tenía esa información y creo que puede ser verdadera. Las grandes empresas en Brasil, Chile o Argentina estuvieron involucradas, directa o indirectamente, en los golpes militares que ocurrieron en las décadas de 1960 y 1970 en América Latina”, declaró Tarso Genro a Revista Adusp, quien también fue Ministro de Justicia en el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. “Dicen que hasta una gran empresa periodistica , aqui en Brasil [Nota: referencia al diario Folha de São Paulo], prestaba sus veículos para la Operação Bandeirantes [Nota 2: comando de la represión militar y centros de tortura em São Paulo, años 1970] . No me sorprende, también, se eso fuera verdadero, ya que fueron golpes para proteger a los intereses del capital.”

El terror en Biobío

En mis andanzas por los paisajes de Biobío, bellamente inmortalizados en los años 1840 por el pintor-viajero Mauricio Rugendas, frecuentemente tropiezo con memoriales y epitafios –como el del puente Quilaco, sobre el río Biobío, en Santa Bárbara, o el Memorial de Laja-San Rosendo– cuyas narrativas congelan el tiempo y por momentos encharcan de sangre lo pintoresco.

Una de esas narrativas es la “Masacre del Laja”, o “Caso Laja-Yumbel”, como se conoce el expediente en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Yo prefiero llamarla “Los 19 de Laja”, un título épico, puesto que se trata de 19 hombres íntegros, arrancados de sus lugares de trabajo y del seno de sus familias, golpeados y encerrados en una celda inmunda de una comisaría de carabineros del Chile profundo, desde donde desaparecieron el 18 de septiembre de 1973.

Uno de ellos fue el maquinista Luis Alberto Araneda Reyes, padre de Mauricio Araneda Medina.

Esta es su crónica.

Abogado, 52 años de edad, hace mucho que Mauricio Araneda comparte su calvario con sus hermanos Luis Emilio y Jorge Eduardo, y decenas de familias de las localidades de Laja y San Rosendo, en el Biobío, que desde hace más de 40 años exigen justicia por el brutal asesinato de sus seres queridos.

Una de las más siniestras historias de terror de la larga noche de las dictaduras latinoamericanas, “Los 19 de Laja” protagonizan el primer guión de las operaciones de exterminio de la dictadura de Pinochet –entre las cuales figuran la célebre “Caravana de la Muerte” en el desierto de Atacama, los hornos de Lonquén y el lanzamiento de prisioneros al mar y en cráteres de volcanes– cuyo modus operandi recuerda los comandos de aniquilamiento de la Wehrmacht , la Gestapo y el SD alemanes en la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuna del entonces ya poderoso sector maderero y de producción de celulosa, el 11 de septiembre de 1973 se declaró abierta la temporada de caza a los simpatizantes de la Unidad Popular en Biobío, cuando bandos civiles armados –generalmente hacendados y conspiradores del movimiento fascista “Patria y Libertad”– se unieron a carabineros y al ejército.

Método utilizado en la famosa “Masacre de Ranquil”, en el año 1934, en la cual fueron ametrallados 300 pirquineros, campesinos e indios mapuche, entre septiembre y octubre de 1973, en las comunidades rurales de Laja, Quilaco y Mulchén se repitieron los fusilamientos en masa, cuyos comanditarios y perpetradores disfrutaron de la impunidad durante 40 años y, sólo ahora, seniles o enfermos terminales, supuestamente arrepentidos, comienzan a ser condenados.

Los autos del ministro Aldana

Poseedor del número de teléfono celular de Mauricio Araneda, informado por un colega de Concepción, le llamé y acordamos nuestro primer encuentro en Santa Bárbara, un arrabal pre cordillerano levantado en 1756 como fortaleza contra los malones de los Pehuenches – que hoy no cuenta más de 14 mil almas.

De Concepción por Los Ángeles hasta la pre-cordillera, corren 160 kilómetros de caminos a través de monocultivos de eucaliptos y pinos hasta perderse de vista, salpicados aquí y allí por rarísimas manchas de bosque nativo remanente. Se estima que 45% del territorio de Biobío, con poco más de 30 mil km2, están tomados por el “desierto verde” cuya simétrica monotonía agrede los ojos.

Vistiendo impecables terno y corbata e irradiando la formalidad de los licenciados, aprendida en los bancos de la Facultad de Derecho, nadie sospecharía de la ascendencia proletaria de Araneda, cuyo padre era maquinista y líder sindical.

Confortablemente sentados en la oficina de su notaría, instalada hace apenas dos años, nuestra primera conversación es desordenada, con saltos temporales entre septiembre de 1973 y finales del 2014; yo, curioso por las circunstancias de la prisión de su padre, él, ansioso por saber de los negocios de la empresa CMPC en Brasil.

En 2011 y 2014, el abogado y sus hermanos fueron testigos y declararon en dos reconstituciones de la “Masacre del Laja”, ordenadas por el juez Carlos Aldana. “Pero, hay detallitos”, agrega Araneda, “filigranas que sólo un detective o un abogado, obsesivos, tienen la paciencia de investigar”, mostrándome una pila de carpetas en la estantería situada a sus espaldas.

La pila mide medio metro. Son fotocopias del expediente completo de la causa, abierta en 1979, luego cerrada durante la dictadura Pinochet y reabierta en 2010, gracias a la obstinación de la Asociación de Familiares de Presos Políticos Ejecutados de Laja y San Rosendo - carpetas copiosamente examinados, repletas de anotaciones y subrayados de las declaraciones de policías, familiares y testigos, a los cuales cabría aún hacerles algunas preguntas.

Por eso, después de 30 años de trámites y reveses, en sus horas libres el abogado que también oficia de notario, viaja a los afueras del Biobío con sus propias investigaciones. Su objetivo es reforzar con nuevos testimonios la acusación que el ministro Aldana prepara contra los ex directores de la “Papelera”, como se conoce en la región a la CMPC de los Matte.

Invitado por Araneda, entre fines de 2014 y principios de 2015, tuve el privilegio de participar en algunas expediciones nocturnas, la primera de ellas a Laja, delante de cuyo Memorial a los fusilados nos esperaban sus hermanos Luis Emilio y Jorge Eduardo, venidos especialmente de Concepción para entrevistar a Magallanes Acuña, un viejo socialista y ex trabajador, jubilado, de la CMPC, quién ya entrada la noche y 41 años después del golpe militar, en la sala de su casa moviliza sus recuerdos y por el túnel del tiempo nos conduce de regreso al momento de su captura: así ¡“contra la pared y las manos detrás de la cabeza!”, como le gritó el teniente de carabineros, Alberto Fernández Mitchell.

Y es que Magallanes Acuña confirma lo que varios otros sobrevivientes del terror reiteraron ante los oídos sordos de policías y jueces: que las detenciones fueron realizados dentro y no fuera de la CMPC; prueba de la flagrante complicidad de la empresa con la represión pinochetista.

Durante una de nuestras visitas a Laja, el abogado Araneda me presentó a don Eduardo Cuevas, quien fuera antiguo mecánico de mantenimiento de la CMPC y activista del MIR. Hombre destemido, Cuevas me cuenta su dilacerante bajada a los infiernos de la dictadura Pinochet. En la segunda reconstitución de la masacre, le mostró al juez Aldana dónde y cómo fue cazado y detenido dentro de las instalaciones de la fábrica. A golpes de culata de fusil, fue conducido al Regimiento de Montaña (actualmente Regimiento de Infantería) de Los Ángeles. Preso político durante un año, sufrió toda suerte de vejaciones - pateado, tendido en la "percha de papagayo" y sometido a aplicación de corriente eléctrica - que dejaron secuelas en su salud. Liberado en 1974, fue amenazado por la DINA con secuestro, asesinato y desaparición. Salvado por un cura belga, fue colocado en un avión con su esposa, y partió para un exilio de 35 años en Basilea, Suiza. A pesar de su salud gravemente afectada por la violencia de los torturadores, 42 años después, Cuevas no desiste de luchar para que se haga justicia.

Otro operario de la CMPC que escapó de la masacre, entrevistado por Araneda, cuenta una aventura con ribetes cinematográficos, pero de un film de terror: escondido en la fábrica, esperó la caída de la noche, se deslizó hasta la costanera del río Biobío, se agarró de un trozo de madera y nadó hasta a la orilla opuesta. De allí viajó a Talcahuano, en donde se presentó a las autoridades castrenses, que lo liberaron provisionalmente. Temente que lo volviesen a encarcelar, cruzó la cordillera y se exilió en Argentina hasta el fin de la dictadura.

En el desierto verde

De regreso del viaje en el tiempo, leí la edición nº 84 (2011) de la Revista Chilena de Historia Natural (“Patrones de distribución de los geométridos de la Región del Biobío, Chile: Una aproximación para su conservación”), y el ensayo me explica que “la región de Chile central (entre los 29° y los 40° S) ha sido catalogada como uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial, con 3429 especies vegetales y 335 especies de vertebrados (Myers et al. 2000). Sin embargo, estas son las regiones más afectadas por la intervención antrópica, así los bosques de la Cordillera de la Costa en las regiones VI, VII y VIII se encuentran prácticamente extintos y sus terrenos cubiertos por monocultivos de Pinus radiata, Eucalyptus globulus y E. Nitens (…)”.

Entre 1870 y 1900, aqui imperó la ley del talador, con el derribo en gran escala del bosque nativo, en cuyo suelo se expandieron un breve cultivo del trigo, y después del trigo, los campos de pastizales. En 1964, Francesco di Castri, naturalista italiano radicado en Chile, advertía que la erosión amenazaba la mayor parte del territorio nacional, susceptible de transformarse en un enorme desierto.

Cincuenta años después del desastre anunciado, he aquí el escenario catastrófico: en sentido norte-sur las arenas de Atacama avanzan de medio kilómetro al año, debiendo llegar a Santiago hacia el año 2040. Del Valle Central al Biobío, la desertificación antrópica alcanza dos tercios de un total de 290 municipios afectados por la erosión, de moderada a grave.

El sector forestal de cuna pinochetista

En el centro de este cataclismo, prolifera la industria de papel y celulosa, cuyas plantaciones con extensiones obscenas son designadas por agrónomos y geólogos como la causa principal de la sequedad de los suelos y de la erosión.

En 1970, el recién electo presidente Salvador Allende, en “visita de cortesía” a su adversario conservador, Jorge Alessandri, –candidato a la reelección derrotado por Allende con apenas el 1,7% de los votos, y director ejecutivo de la CMPC– le advirtió que expropiaría la “Papelera”, cuyo peso estratégico consideraba de interés nacional.

La CMPC monopolizaba el mercado del papel y era proveedora exclusiva de papel para la prensa, fabricado por su filial Inforsa, en Nacimiento, ventaja que beneficiaba principalmente a “El Mercurio” en su feroz campaña mediática contra el gobierno de Allende, financiada por la CIA (lea también: Especial: El Mercurio no banco dos réus).

La estatización no se concretizó, pero su encuadramiento hirió de muerte a la CMPC que, durante un año entero, tuvo sus oficinas investigadas por auditores del Servicio de Impuestos internos (SII), que escarbaron sus cuentas y aplicaron pesadas multas.

El 11 de septiembre de 1973, la CMPC fue salvada por la campana.

Un año más tarde, la dictadura de Pinochet impuso el Decreto-ley 701, de fomento de actividades de “reforestación”, que subsidia de 75% al 100% los costos de las plantaciones (diseminadas en 2,1 millones de hectáreas cultivadas en Chile), con mano de obra temporera y barata, manejo y administración, además de eliminar cualquier tributación.

Dos empresas, la CMPC-Mininco del grupo Matte (dueño de 1.136.574 hectáreas), y la empresa Arauco del grupo Angelini, controlan el mercado. En el 2013, el sector vendió 5 mil 700 millones de dólares (7,5% de las exportaciones chilenas) al mercado mundial de madera, papel y celulosa. Su principal problema es la falta de suelos para mantener el ritmo de su expansión, razón por la cual desean una prórroga por veinte años más del Decreto-ley 701, avanzando simultáneamente sobre tierras ajenas, como lo ilustran las 100 mil hectáreas compradas por la CMPC en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

El maquinista Araneda Reyes y la lista negra de la CMPC

Un año antes de conocer a Araneda, Juan Macaya, funcionario de la secretaría de Agricultura, me invitó a un paseo a los cerros de Yumbel, donde cría abejas en una de las pocas chacras que sobrevivieron al cerco de las “forestales”.

A medio camino, cogimos por las localidades de Laja y San Rosendo, separadas por un bellísimo puente ferroviario. Como los Araneda, Macaya fue criado en San Rosendo, villorrio al cual adhieren la herrumbre y el polvo, pero también el glamur, puesto que fue popularizado en la década de 1960 por la comedia musical “La Pérgola de las Flores” de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, cuyo personaje título, Carmela, abandona San Rosendo para ganarse la vida como florista en la lejana Santiago.

Lo que Carmela hizo a bordo de uno de los 15 trenes que partían diariamente de San Rosendo, gran nudo de comunicaciones de los otrora gloriosos Ferrocarriles del Estado, privatizados por Pinochet y luego descuartizados por los concesionarios particulares.

Amante de los ferrocarriles desde mi más tierna infancia, contemplé las ruinas de la vieja estación, bosquejando ya un guión sobre la muerte de los trenes, pero incapaz de imaginar que mi mirada nostálgica sería luego ensombrecida por una trama de terror.

Al regresar del paseo, extrañamente, el nombre Yumbel insistía en martillar mis recuerdos. Entonces caí en la cuenta: claro, era la revista “Nos”, en la que me topé por la primera vez con la historia de Araneda. Y re-hojeándola, me sentí paralisado.

En la mañana del 15 de septiembre de 1973, cuatro días después del golpe militar, el maquinista Luis Araneda Reyes, de 43 años de edad, salió de casa, caminando hasta la estación de San Rosendo. Al llegar, examinó la planilla de las escalas de servicio, pero su nombre no constaba en la lista. Se rascó la cabeza y regresó a su casa. No había remedio sino esperar un nuevo turno.

Dirigente sindical de la Federación Santiago Watts de los Ferrocarriles del Estado, Araneda Reyes era afiliado al Partido Socialista del presidente Allende. El día del golpe obedeció la orden de presentarse en la comisaría de carabineros de San Rosendo, después de ser liberado. A pesar de haber sido anunciado tantas veces, el golpe lo sorprendió. No había ningún plan de resistencia y la desesperación aconsejaba la prudencia.

Como quiera que sea, el día 15 de septiembre, a eso de las 16:00 hrs., un pelotón de 13 carabineros cercó su casa, en la Quinta Ferroviaria. Con armas apuntando a la puerta, el teniente Alberto Fernández Mitchell ordenó que Araneda Reyes saliese con las manos encima de la cabeza. El maquinista obedeció tranquilamente y recibió orden de prisión. Con las manos ya atadas en la espalda, le pidió a su esposa y a sus hijos, en llanto, que retirasen el poco dinero y el reloj que guardaba en el bolsillo de sus pantalones.

Mauricio Araneda Medina tenía 10 años cuando, niño indignado, salió caminando detrás de la patrulla que conducía a su padre a la comisaría de Laja. Dice que en su mente infantil alimentó la idea de rescatar a su padre para volver abrazado con él a su casa, en San Rosendo.

El maquinista fue el último de los 19 simpatizantes de la Unidad Popular en ser apresado aquel sábado y enjaulado en una celda inmunda de la comisaría de Laja. Pero, si en San Rosendo había una comisaría, ¿por qué Araneda Reyes fue apresado por los carabineros de Laja, del otro lado del río?

“Su nombre estaba en la lista de la CMPC”, responde, seco, Mauricio Araneda.

De la información que circuló durante 35 años en la región, insistentemente repetida por los familiares de los presos, con su primera reconstitución de la escena del crimen y el fichaje de los policías aún vivos, en agosto de 2011, el ministro Aldana obtuvo la confirmación: los nombres de “Los 19 de Laja” componían una “lista negra de activistas”, preparada y entregada a la policía por Carlos Ferrer y Humberto Garrido, respectivamente superintendente y jefe de la división de personal de la “Papelera” en Laja. Es más: sólo la mitad de los nombres de la lista eran operarios de la empresa: la orden era perseguir a los dirigentes allendistas en los dos municipios.

La masacre

En la primera reconstitución con trazos macabros, diez carabineros involucrados confesaron que en la madrugada del día 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, los presos fueron colocados en un micro-ómnibus que debía llevarlos al cuartel de Regimiento de Montaña de Los Ángeles, seguido de jeeps llenos de policías. Sin embargo, a la salida de Laja, la caravana se detuvo en un fundo vecino al fundo San Juan, donde fue recibida por el agricultor Peter Wilkens –de ascendencia alemana y anticomunista feroz– que sirvió de guía hasta un claro de una plantación de pinos. Allí, los presos fueron bajados del ómnibus y colocados de rodillas en el borde de una fosa de un metro y medio de profundidad.

Entre los carabineros, que habían bebido pisco, se desató una violenta discusión, que el teniente Fernández Mitchell interrumpió a los gritos con la orden de apuntar y abrir “¡fuego!”

Todos los carabineros dispararon.

Acto seguido, cubrieron con tierra los cuerpos ensangrentados y apilados, disfrazaron la fosa con palos y ramajes, regresaron a Laja y pasaron el resto de la noche bebiendo.

Los carabineros de Laja no poseían un vehículo propio, ni dinero para comprar alcohol. El aguardiente, el micro-ómnibus, su chofer y los jeeps, todo fue gentilmente ofrecido por la “Papelera” CMPC.

Cuarenta e un años después, en su segunda reconstitución del crimen, en las instalaciones de la CMPC, el ministro Aldana se convenció de que los ejecutivos de la “Papelera” alentaron y proporcionaron los medios para la realización del designio criminal de los carabineros.

“¡Aún más!”, advierte Mauricio Araneda: “Aquellos directores de la fábrica sabían el desenlace de las detenciones, entre otros, porque la matanza y el entierro de las víctimas fueron realizados en un fundo con plantaciones explotadas por la empresa”.

En octubre de 1973, los perros de un peón de un fundo vecino, que pasaba por el claro, hicieron un sorprendente hallazgo. Ahuyentándoles de lo que mordisqueaban, constató, horrorizado, que se trataba de un brazo que salía fuera de una fosa improvisada. No lo pensó dos veces y previno a la policía de Yumbel.

En la madrugada de ese día, los carabineros asesinos trasladaron los cadáveres en descomposición de los masacrados a una fosa clandestina del cementerio de Yumbel, donde sólo fueron descubiertos en el año 1979.

Así quedaba aclarado el desaparecimiento de los 19 de Laja, que nunca llegaron al Regimiento de de Los Ángeles, y que sólo entonces fueron identificados y sepultados por sus familiares.

Y entonces me cayó la teja una segunda vez: era el recuerdo del cementerio de Yumbel.

Enero de 2015

Mauricio Araneda regresa abatido de una inesperada entrevista con un antiguo peón del fundo San Juan, que decidió hablar por primera vez después de 41 años de terror y silencio: “Me dijo que, días después de la masacre, encontró palos y varas ensangrentadas, desparramados en los boscajes.”

Eso quería decir que, a pesar de haber sido ametrallados por la espalda, no todos los 19 de Laja estaban muertos. Heridos de bala, fue necesario apalearlos hasta la muerte.

Por breves momentos nuestros ojos se cruzan, pero Araneda desvía su mirada. Por primera vez en, en meses, percibo una señal en sus parpados, como un anuncio de lágrimas, rápidamente reprimidas.

Frederico Füllgraf – Corresponsal oficialmente acreditado en Chile del Jornal GGN - São Paulo - Brasil