Los anuncios presidenciales en educación y la desdibujada idea de lo público
En el programa educativo de Michelle Bachelet, abundan consignas que dicen responder a años de movilizaciones a propósito de la educación. Reducir la segregación, el fin al lucro, el fin del financiamiento compartido, el “avance” hacia la educación gratuita, la desmunicipalización, entre otros anuncios, debiesen normalizar el clima educativo, abriendo paso a una gradual reforma, que dé gobernabilidad al escenario educativo, agitado desde el año 2006.
Las movilizaciones de los años 2001 y 2006 hicieron visible para el conjunto de la sociedad el acelerado proceso de mercantilización educativa en Chile. Entre los años 1990 y 2001 se abrieron más de mil colegios privados, y se cerraron cerca de cincuenta establecimientos municipales (Redondo, 2004). Entre 1993 y el 2005 se pasó de 232 a 1.411 escuelas que cobraban financiamiento compartido; de recaudar por esta vía cerca de 4 mil millones de pesos, se pasó a más de 180 mil millones de pesos en 13 años (Kremerman, 2007). Por otra parte, la opinión pública comenzaba a sensibilizarse por problemáticas como los colegios que se inundaban o se llovían, con sostenedores abiertamente corruptos, y la precaria situación de los docentes, que vagaban de escuela en escuela, en una irregular situación laboral. Mejorar “la calidad” de la educación se instaló como consigna.
Sin embargo, tras “el pingüinazo”, la mercantilización no se detuvo ni aminoró su paso. Sólo entre el 2008 y el 2013 han desaparecido 420 escuelas municipales. El financiamiento compartido se ha extendido a la mayoría de los colegios particulares e incluso a la educación municipal, segregando aún más a la población escolar. Lo que se recauda hoy por esta vía asciende a casi 240 mil millones de pesos (OPECH, 2014). En la educación superior el escenario es similar. El año 2005, había aproximadamente 390.000 estudiantes en Universidades, IP y CFT privados. Al 2012, luego del CAE (Crédito con Aval del Estado), había más de 780.000 en la educación superior privada. La mayoría de los recursos que el Estado desembolsó con el CAE fueron a parar a instituciones privadas. Gracias a los mismos recursos, se consolidaron nuevas casas de estudio, que compiten en un ya abierto mercado de la educación superior, en medio de la crisis de las universidades estatales más precarizadas.
En el marco de lo normativo, durante estos últimos años se promulgó la Ley de Aseguramiento de la Calidad (enero, 2006), que crea las agencias acreditadoras, otro negocio asociado a la educación que “terminó” con un escándalo, el de las acreditaciones fraudulentas de instituciones privadas, como la Universidad del Mar, entre otras, y que además ha transformado a la academia, acomodando su gestión a los estándares de mercado que imponen a través de estas agencias y otros mecanismos. La Ley de Subvención Escolar Preferencial (enero, 2008), que ha naturalizado la focalización de la política educativa y, entre otras cosas, crea el mercado de las Agencias Técnicas Educativas (ATE), instituciones que se han prestado incluso para encubrir el lucro de los sostenedores. La Ley de Calidad y Equidad de la Educación (febrero, 2011), que incorpora mecanismos de gestión empresarial para elegir directores, evaluar profesores y establecimientos. Que además crea la Superintendencia y la Agencia de Calidad, medidas más orientadas a corregir un mercado que a reconstruir la débil institucionalidad pública. En el verano del 2013 se anuncian las nuevas bases curriculares para la educación técnica profesional, hechas a la medida de las necesidades del empresariado; está aún en discusión el nuevo proyecto de Ley de sobre la carrera docente, que por suerte no lo aprobaron este verano. Por último, mención especial requiere el último proyecto de ley enviado hace unos días, que crea un Ministerio de Educación Superior, lo que desarticula aún más nuestro sistema educativo, y divide el movimiento estudiantil.
Hoy podemos ver un grado más avanzado de mercantilización. Se han consolidado las cadenas de colegios particulares, se ha consolidado la Universidad Privada, se han instalado transnacionales de la educación en Chile (en la ESUP y en la educación obligatoria), nuevas formas de privatización operan, desde fundaciones que asesoran e, incluso, cogestionan escuelas estatales. Hoy el sentido común educativo se ha trastrocado, cualquier profesional de una carrera de más de 8 semestres puede ejercer la docencia en la educación pública. Todo esto en pos de mejorar la calidad de la educación. Tema en que todos/as están de acuerdo.
En este escenario, ¿cómo interpretar los anuncios presidenciales?, ¿cómo evaluar el fin al lucro, la desmunicipalización, o el fin del FICOM, cuando se ha desdibujado completamente el significado de la educación pública?, ¿terminaremos con el mercado educativo, transformando a los actuales sostenedores en Fundaciones o Corporaciones sin fines de lucro?, ¿se va a desmunicipalizar dejando que los establecimientos sean manejados por organismos y lógicas gerenciales, sin participación real de las comunidades?, ¿ee eliminará el Ficom, subiendo la subvención, sin tocar la perversa lógica de financiamiento por alumno? Por último, uno de los puntos más importantes: ¿cómo reconstruimos el sistema de educación pública, si este está cooptado por la retórica de la calidad educativa?
Todos estos cambios han consolidado el entramado de mecanismos de gerenciamiento y control, que constituyen la compleja arquitectura de este experimento neoliberal, pensado bajo la lógica de la educación, para maximizar el capital humano. Cada reforma normativa y financiera ha tenido su rol en el proceso de mercantilización, no funcionan en forma aislada, sino que como un conjunto, que en determinados plazos ha ido consolidando el actual modelo educativo, servil a los intereses del capital monopólico.
Es necesario, al menos, reactualizar lo público, discutirlo, y recuperar su función necesaria para revitalizar “lo común a todos nosotros”, como señalara hace años la filosofa, Hanna Arendt. Lo público es lo que permite que las obras y palabras sean mutuamente reconocidas y que la pluralidad constitutiva de la condición humana se manifieste. Lo privado implicaría estar privado de las cosas esenciales a una verdadera vida humana (Arendt, 1993:67, La Condición Humana). El mercado educativo, la competencia entre e intraescuela, la estandarización, el gerenciamiento, la segmentación, la desigualdad, el autoritarismo, desarticulan la escuela como espacio común. Como un espacio de deliberación y de construcción de sentido. Como un espacio que reconstruyen nuestras atomizadas comunidades. Sin ella quedamos a la deriva del mercado y su necesidad de gobernabilidad y mano de obra. Así parece ser la dirección que toma nuestro sistema educativo, orientado por las reformas señaladas que han consolidado el modelo.
Un sistema educativo orientado a fortalecer las comunidades y no a las exigencias del mercado, parece ser hoy lo más necesario. Por eso la educación pública, que es para todos, debe hacerse cargo de esta necesidad. Una educación sin participación de la comunidad educativa, no es educación pública. Las escuelas públicas deben abandonar la competencia con la escuela privada. Para esto requieren un financiamiento preferencial del Estado, que debe ser fiscalizado por parte de la comunidad, evitando la malversación que tanto daño ha hecho. Para esto es fundamental que el nuevo gobierno rompa el acuerdo que realizó con la derecha el año 2007, en el cual se consagra la igualdad de trato y la libertad de enseñanza, dando un giro realmente estructural al modelo subsidiario de mercado, para pasar a uno garante y comunitario, basado en el derecho y no más en la competencia.
