[resumen.cl] El pasado miércoles 22 de mayo, más de 45 mil docentes respondieron a la consulta nacional acerca de si aceptaban la respuesta del Ministerio de Educación a las demandas por las cuales desde hace años el Colegio viene bregando. En el caso en que esta contestación no fuera aceptada, los y las votantes se comprometían a emprender un plan de movilizaciones decidido por la Asamblea Nacional.
El resultado de esta consulta se expresó en un 95% de rechazo a la respuesta del gobierno, por cuanto en la junta de este viernes, la Asamblea resolvió convocar a un paro indefinido desde el 3 de junio con el propósito de presionar al Gobierno a que acceda a las exigencias que tienen una larga data y, muchas de ellas, con un carácter de urgente.
Entre ellas están, la inclusión a la titularidad de todas las horas que figuran en el contrato (o nombramiento) de docentes que, teniendo una carga horaria en calidad de titular, tienen otra cantidad de horas no sujeta a tal condición, generándoles situaciones de inestabilidad laboral y económica.
También se demanda el reconocimiento de las menciones a las Educadoras Diferenciales y de Párvulos que hasta ahora el Ministerio de Educación se niega a hacer. Al respecto, el dirigente nacional del Colegio de Profesores, Eduardo González, ha expuesto a Resumen que “hoy en día son más de 26 mil profesores y profesoras de educación diferencial, que son las que trabajan con estudiantes que tienen Necesidades Educativas Especiales en el aula – comprensión lectora, estudiantes que tienen ceguera, etc., y que están llevando a cabo en primera línea las políticas de la inclusión – a ellas se les niega arbitrariamente el pago de una bonificación […] tienen los mismos derechos, tienen los mismos estudios cursados en la Universidad, tienen todos los requisitos y el Ministerio de Educación se niega a hacer este reconocimiento que es un bono que tenemos todos los profes que cumplimos estos requisitos y que es el pago por la mención”
El fin a la doble Evaluación Docente constituye otra exigencia no resuelta en la respuesta gubernamental, pues hasta ahora coexiste un modelo inaugurado con la Ley de Carrera Docente y otro antiguo. No obstante, en diversas en diversas comunas también el sostenedor ejerce otro tipo de evaluación, convirtiéndose en un otro proceso sujeto a la misma arbitrariedad que los demás.
Los y las docentes han exigido infructuosamente el pago de la llamada Deuda Histórica para sus pares que actualmente atraviesan la tercera edad. Ésta se originó en 1981, cuando los establecimientos escolares públicos comenzaron a ser administrados por los municipios de las comunas donde se encontraban. Un tiempo antes, el profesorado junto a las y los trabajadores públicos, habían conseguido un aumento salarial destinado a resarcir el perjuicio sufrido en los años posteriores al Golpe Militar. Según el Observatorio de Políticas Educativas (OPECH), a los y las docentes se les debía incrementar entre un 50 y 90 por ciento su sueldo base, no obstante, cuando se materializó el traspaso administrativo, sus salarios no fueron cancelados de acuerdo a ello, sin que durante el resto de la Dictadura se pudiera reparar este daño.
Los reajustes salariales conquistados por el profesorado ante los gobiernos civiles no recuperaron esta pérdida y muchos docentes, víctimas de esta injusticia, actualmente son pensionados con montos que les imponen una vida de miseria o han muerto en este contexto. El Colegio de Profesores ha informado que el 2009 el Estado emitió un informe donde reconoce esta deuda, sin que ello haya sido suficiente para cancelarla.
Otro deber no cumplido por el Mineduc ha sido la implementación del proceso de desmunicipalización saneando las deudas que diversos sostenedores mantienen con docentes. La muestra más recurrente de ello ha sido la no cancelación del Bono SAE, una asignación para la cual los municipios recibieron el dinero, no obstante en muchos de éstos no fue pagada al profesorado hasta el día de hoy. Inicialmente, los tribunales del país dieron la razón a quienes reclamaban su pago, pero cuando esta exigencia adquirió fue masiva la Corte Suprema sentó una jurisprudencia favorable a los municipios y a la apropiación indebida en la cual habían incurrido sistemáticamente.
El anuncio a esta movilización se da en un contexto en el cual el Consejo Nacional de Educación ha anunciado su aprobación de la eliminación del currículum escolar de tercero y cuarto medio a la asignatura de Historia, dejándola en calidad de electivo.
