EL PELIGROSO OFICIO DE SER SINDICALISTA EN COLOMBIA

Entre los días 21 y 23 de julio se llevó a cabo, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, dedicado a la situación de los Derechos Humanos en Colombia, con un capítulo especial referido al papel de las empresas transnacionales en este ámbito.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo no gubernamental fundado en el año 1979 y que tiene como misión mantener visibles las problemáticas referidas a los Derechos Humanos y de los Pueblos,

generar opinión y formular juicios frente  a problemáticas que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional.

Una sesión de este Tribunal se llevó a cabo entre 1989 y 1991 para enjuiciar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Quince años después el Tribunal ha aceptado volver a someter a su examen situaciones graves que afectan los derechos fundamentales de la población colombiana, pero esta vez dirigiendo su mirada hacia empresas transnacionales que actúan en Colombia y que se han ido involucrando también en prácticas violatorias de los derechos humanos, articulándose a las redes de violencia que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por grandes inversionistas y empresarios.

El Jurado ha sido integrado, entre otros,  por lo siguientes miembros del Tribunal:
• Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel por la Paz en 1980; • Dalmo de Abreu Dallari (Brasil), profesor de derecho de la Universidad de Sao Paulo, • Francois Houtart (Bélgica), sociólogo, presidente del Centre Tricontinetal de Lovaina (Cetri).• Franco Ippolito (Italia), juez de la Corte Suprema de Casación de Italia.• Antoni Pigrau Solé (España), catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. • Philippe Texier (Francia), magistrado de la Corte de Casación de Francia y presidente del Comité de DESC de la ONU.

Algunas de las empresas examinadas en este juicio y los cargos que se les formularon  son las siguientes:

COCACOLA

Por el asesinato de 7 miembros de Sinaltrainal y uno de Sinaltrainbec, dirigentes sindicales de los trabajadores de Coca Cola: Avelino Achicanoy Erazo, José Eleazar Manco David, Luis Enrique Giraldo Arango, Luis Enrique Gómez Granados, José Libardo Herrera Osorio, Guillermo Gómez Maigual, Oscar Darío Soto Polo, Adolfo de Jesús Múnera López e Isidro Segundo Gil Gil y Alcira del Carmen Herrera Pérez

NESTLÉ

Por el asesinato de 10 sindicalistas, detenciones, destierros y amenazas a través de paramilitares.

Por la contaminación de fuentes hídricas.

Por el reempaque y reetiquetamiento de leche vencida.

CHIQUITA BRANDS

Por el suministro de armas a los paramilitares (tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos).

Por la financiación  de las estructuras paramilitares (la empresa confesó haber entregado 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004)

DRUMMONDS-CEMEX -HOLCIM Y MURIEL MINING

Por el asesinato de los líderes sindicales Valmore Lacarno , Víctor Ocarsita y Gustavo Soler.

Por la financiación y utilización de los servicios militares colombianos para la protección de u infraestructura minera.
Por el suministro de combustible e información a las estructuras paramilitares.

CEMEX y HOLCIM (México – Suiza)
Por la persecución y el exterminio de SINTRAMINERCOL (amenazas, atentados, intimidación y persecución jurídica).
MURIEL MINING CORPORATION (Estados Unidos)
 Por los beneficios derivados de los crímenes que en los últimos diez años las estructuras militares y paramilitares han cometido en las zonas del Bajo Atrato y el Urabá, para explotar y comercializar las reservas de cobre y los subproductos de oro y molibdeno.

ANGLO GOLD ASHANTI–AGA- Sociedad Kedahda S.A.
Por el beneficio obtenido con los crímenes cometidos a través de la estrategia paramilitar en el Sur de Bolívar (entre 1988 y 2006 perpetraron 330 asesinatos, 88 torturas, 80 desapariciones forzadas, entre otros).
Por el asesinato de ALEJANDRO URIBE, directivo de la Asociación de Mineros de Bolívar, filial FEDEAGROMISBOL y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo, del municipio de Morales (sep. de 2006).

Entre los líderes sindicales asesinados se puede citar como ejemplos a los miembros de SINTRAMIENERGÉTICA, Cándido Méndez, Manuel Charris, Valmore Lacarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler. Los dirigentes de la USO, sindicato de ECOPETROL en Barranca Bermeja, Santander, Manuel Chacón, Rafael Jaimes Torra, Jorge Higuita, Auri Sará y Enrique Arellano. También los dirigentes de SINALTRAINAL Avelino Achacanoy, José Manco, Luis Giraldo, Luis Gómez, Isidro Gil, Guillermo Gómez y Adolfo Munera. También los dirigentes de Sintraelecol Iván Franco, Javier Jonás, Carbono Maldonado, Edgar Ramírez, Víctor Carrillo, Martín Contreras y Adán Pacheco.

Entre los dirigentes de movimientos sociales asesinados en el marco de las responsabilidades imputadas a la empresa BRITISH PETROLEUM COMPANY, se puede citar los casos de Carlos Arriguí, Daniel Torres, Roque Torres, Oswaldo Vargas y Carlos Vargas.