La presencia del ex marino Jorge Arancibia Reyes como integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la Convención Constitucional ha generado un revuelo propio del escándalo que significa tal designación.
El militante UDI, ex edecán de Pinochet, ex Comandante en Jefe de la Armada, ex senador UDI, actual convencionalista por la UDI en el distrito 7 (gran parte de la provincia de Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua) ha sido un permanente negacionista de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura por los aparatos uniformados y represivos que sostuvieron al régimen tirano, incluyendo desde luego a la institución uniformada en la cual Arancibia Reyes hizo su carrera; ha sido, además, un contumaz defensor del régimen dictatorial y de los símbolos de odio que representa.
El señor Arancibia no tiene calidad humana ni autoridad política, ni menos cualidad moral, para integrar una Comisión que, precisamente, tiene que ocuparse de definir cómo el Estado chileno debe hacerse cargo de defender, promover, aplicar en la práctica, los principios y valores de los derechos humanos universales. Un individuo que ha sido un contrario permanente de esa doctrina universal no debiera ser parte de una entidad destinada a su respeto y promoción.
El señor Arancibia es consciente de ello pero de todas maneras se instala donde no debe. También son conscientes de este sinsentido los y las integrantes de la camarilla de representantes de la derecha política en la Convención Constituyente que, graciosa y gratuitamente, se hacen parte de la designación de este nefasto personaje en el lugar o función más inapropiada. A Arancibia y la derecha política les interesa provocar, agredir y ofender a los que ya fueron y han sido constantemente agredidos y ofendidos en sus derechos esenciales por la actuación política y el negacionismo de los representantes de esa derecha criminal y sus sirvientes uniformados.
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La ofensa va dirigida a las víctimas y sus familias y de ello se solazan los y las derechistas caraduras y desvergonzados que componen la actual descompuesta clase política. Producto de la inercia de 40 años de dominio, logran elegir a sus representantes a la Convención y dentro de esta, imponer a sus elementos más reaccionarios en funciones que se conviertan en sí mismas en una nueva agresión hacia el pueblo. De eso se trata para la derecha y Arancibia este asunto; la cuestión no es si es legal o ilegal, sino lo amoral y violento de estas conductas.
El señor Arancibia se burla como ha sido su histórica costumbre. El año 1999, en el marco de la llamada Mesa de Diálogo que organizó el entonces presidente Eduardo Frei, y continuó su sucesor Ricardo Lagos, representando a la Armada como Comandante en Jefe de esa institución, negó toda información significativa, verídica o de importancia para esclarecer la suerte de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.
La Mesa, que no fue más que una operación de lavado de imagen para los uniformados desarrollada por los gobiernos concertacionistas como una forma de encubrir su maniobra de rescate de Pinochet desde su detención en Londres (Ricardo Lagos sigue empeñado en lo mismo), fue entusiastamente apoyada por Arancibia pero solo como parte del montaje comunicacional.
En los hechos no aportó datos de interés pese a disponer de información privilegiada pues nada menos que su hermano fue partícipe relevante de la llamada “Operación Retiro de Televisores” ordenada por el tirano Pinochet en 1979 para hacer desaparecer los cadáveres de aquellos detenidos desaparecidos que habían sido asesinados por las fuerzas represivas de la dictadura desde el golpe militar en adelante.
Esta operación deleznable fue ordenada por el dictador a partir del hecho que a fines de noviembre de 1978 se descubrieran casualmente los Hornos de Lonquén, en la localidad de Isla de Maipo, que dejaron al descubierto inhumaciones ilegales cometidas por los uniformados en acciones punitivas posteriores al golpe. Así aparecieron los primeros cadáveres de detenidos desaparecidos. La operación de hacer desaparecer a los desaparecidos fue mandatada por Pinochet a la Central Nacional de Informaciones (CNI) que en ese tiempo era dirigida por Odlanier Mena Salinas, el que a su vez era secundado por el entonces coronel de ejército Fernando Oscar Arancibia Reyes, hermano del referido ex marino Arancibia Reyes que se instala en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Eso se llama ser caradura.
El hermano del convencional derechista, Fernando Arancibia, fue segundo al mando de la CNI desde mediados del año 1979 hasta fines de 1980. Así lo consignan sus propias declaraciones judiciales entregadas en julio de 1999 ante el ministro Sergio Muñoz Gajardo durante el juicio por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez. En 1978 había sido designado Agregado Militar en Argentina, pero desde allí fue convocado por Mena para que le secundara como subdirector de la CNI. El hermano del marino derechista cumplió funciones en el órgano criminal durante el período en que se aplicó la macabra operación ordenada por Pinochet. Es decir, los hermanos dispusieron de información sobre que hicieron con los cuerpos de los detenidos desaparecidos pero siempre han negado y ocultado la información.
Tal situación fue denunciada públicamente por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en 2001 cuando el ex marino se presentó como candidato a senador por la UDI en la circunscripción de Valparaíso. Según la denuncia el ex jerarca CNI habría sido parte de la camarilla operativa que preparó el golpe de Estado y luego habría integrado el núcleo del ejército creador de la DINA. Arancibia salió elegido y ejerció de senador entre 2002 y 2010; luego, en septiembre de 2011, en el primer mandato de Piñera, éste lo destinó como embajador en Turquía, en donde permaneció por dos años.
El señor Arancibia, además, ha realizado en el pasado públicas declaraciones donde manifestaba su interés y entusiasmo por “salir a matar comunistas”, entiéndase, salir a matar chilenos y chilenas que no pensaran como él y sus mandantes de la derecha chilena. Y ¿ahora se pretende instalar y presentar como alguien que velará por los derechos humanos de las personas? Eso es una burla. Su caradurismo llega incluso al extremo de haberse propuesto a sí mismo como candidato a eventual presidente de la Convención Constituyente.
Otro
El que también resulta ser caradura y se presentó como candidato a presidente de la Convención es el también derechista Harry Jurgensen Caesar, militante de Renovación Nacional y ex Intendente de la Región de Los Lagos durante el gobierno de Piñera y convencional por el distrito 25 (provincia de Osorno y comunas de Llanquihue, Puerto varas, Frutillar, Fresia y Los Muermos). Este señor también tiene un hermano vinculado a delitos de violaciones a los derechos humanos.
Harry Jurgensen fue diputado de RN en el distrito 56 de la X Región entre 1994 y 1998. Posteriormente, fue designado por Sebastián Piñera en marzo de 2018 como intendente de la Región de Los Lagos, cargo al que renunció en enero de 2021 para presentarse como candidato a constituyente. En su historia personal no puede ignorar que su hermano, el médico Manfred Enrique Jurgensen Caesar, fue agente civil de la CNI, integrante de la Brigada Sanidad de ese aparato represivo en el Cuartel Borgoño de la capital durante los años 80.
El hermano del convencional Jurgensen fue un médico torturador que en febrero del año 2016 fue condenado a tres años y un día de cárcel como cómplice del crimen por torturas del profesor Federico Álvarez Santibáñez cometido en agosto de 1979 por la CNI. Este individuo fue sancionado y borrado del Colegio Médico a raíz de sus labores criminales en los aparatos represivos de la dictadura.
Por el crimen del profesor mirista fueron también condenados a 10 años y un día de presidio los ex oficiales de ejército y agentes CNI Julio Fernando Salazar Lantery, jefe de la División Metropolitana de la CNI a la época de los hechos, Carlos Arturo Durán Low, Jorge Claudio Andrade Gómez, y el agente civil Jorge Vargas Bories, en calidad de autores del homicidio. Las sentencias referidas a esta causa fueron refrendadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en agosto de 2019.
Junto a Manfred Jurgensen Caesar otro médico torturador de nombre Luis Alberto Losada Fuenzalida fue condenado a dos años de presidio; ambos se convirtieron en los primeros médicos condenados por su participación en delitos de derechos humanos cometidos como funcionarios de la CNI. Estos dos médicos torturadores, junto a Camilo Antonio Azar Saba, habían sido ya sancionados por el Colegio Médico por sus actividades represivas en junio de 1986. Los tres, así como una decena de médicos más, conformaban la Unidad de Sanidad de la CNI, sin contar a aquellos llamados médicos que también operaron como torturadores en las mazmorras de la DINA desde los comienzos de este órgano criminal.
Política sin ética
No obstante, la existencia de sus hermanos implicados en delitos de derechos humanos no es causal de impedimento legal para postularse a cargos de representación, ni resulta ser un límite ético para pretender ocupar funciones incongruentes con sus intereses personales y familiares. Para estos políticos como Arancibia Reyes, Jurgensen Caesar u otros de su calaña, no existen los conflictos de intereses, ni menos los límites morales. Su actitud denota desprecio por la ciudadanía que, inconscientemente, se hace parte del lavado de sus imágenes y de sus historiales escogiéndoles o designándoles para cargos que les son contradictorios.
Los demás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención intentaron –tardíamente- limitar las atribuciones de Arancibia en el ejercicio de la comisión, pero fue un intento vano pues el aludido ha demostrado no tener la altura de miras y distancia moral suficiente para no continuar con su actitud de agresión y provocación.
RESUMEN
https://www.youtube.com/watch?v=pZ45eT5X-5M
