Desde el año 2006 los trabajadores de la salud de la Región del Bío Bío han cuestionado y denunciado los métodos para manipular y eliminar los residuos tóxicos que se producen en distintos procedimientos hospitalarios.

En el revelado de radiografías, en desengrasar instrumentos, en la esterilización de instrumentos y desinfección de lugares, se ocupan compuestos tóxicos y peligrosos, que se se vierten generalmente al alcantarillado.

Resumen conversó con Jorge Figueroa y Edgardo Jarpa, dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Salud, quienes explicaron la importancia que tiene este tema para toda la comunidad y cuales han sido las demandas para darle solución.

Se destapa la olla

Este tema cobró importancia cuando el trabajador Carlos Rubilar, jefe del laboratorio del hospital de El Carmen, a fines del 2006, presentó una hipoplasia medular, que es una disminución de la producción de sangre, originada en la médula ósea. Esta se le diagnostico como una enfermedad profesional, provocada por la inhalación de xinol (sustancia química ocupada por él en el laboratorio).

La denuncia de esta situación a la Fenats provocó que se le abriera un sumario administrativo, acusándolo de “deslealtad con la institución”. Otra funcionaria, la señora Erica González, miembro del Comité Paritario del hospital de Chillán fue sacada de su puesto de trabajo por entregar información de este tema al sindicato.

La investigación

El hecho que esta situación haya sido publicada por medios de comunicación obligó a que las autoridades del Servicio de Salud y la Contraloría General de la República comenzaran una investigación durante el 2007. Los resultados de ella se entregaron el 2008 y establecen lo siguiente:

1.- Que no existe una normativa específica de cómo se deben tratar los residuos tóxicos de los hospitales.

2.- Que se arrojan al alcantarillado todo tipo de residuos tóxicos, algunos cancerígenos, como la formalina, el xinol, etc. Sólo en Ñuble se vaciaron cerca de 25 mil litros de estos desechos a la red de alcantarillado.

3.- Que habían sólo 2 empresas privadas que se encargaban del manejo de estos recursos, una en Santiago y la otra en Concepción, esta última fue multada con 50 UTM.

“Si sólo existen dos empresas en el país, una en Santiago y otra en Concepción, yo dudo que del hospital de Arica envíen en un avión los desechos a Santiago y de Punta Arenas envíen los desechos a Concepción. Entonces es un problema que afecta a la red asistencial a nivel nacional” -afirma Figueroa- y agrega que como no hay fiscalización sobre el tratamiento de los residuos tóxicos, ha ocurrido que han enterrado las placentas en el cementerio, en otras partes las han enterrado en el hospital, en otras partes las queman y en otras se va a la basura y acá la basura no tiene tratamiento.

A pesar de que la investigación ha dado la razón a los trabajadores, el sumario hacía Carlos Rubilar y el castigo a la señora Erica González siguen en curso.

Los trabajadores y la comunidad están en peligro

Estas sustancias vertidas al alcantarillado no se disuelven en el agua, sino que permanecen en su superficie y en los ríos pueden encontrarse. El peligro es para la comunidad que consume agua de ellos y que se baña en ellos en verano.

Los trabajadores que están más expuestos a intoxicaciones por las sustancias que manipulan son los que están en esterilización, laboratorios, pabellón y rayos. Sin embargo, “ni la autoridad ni nosotros sabemos cuantas personas están contaminadas con los desechos tóxicos” dice Jarpa.

Demandas y observaciones

1.- Se debe tener una política clara y rigurosa a cerca del manejo de estas sustancias, las dos empresas actuales sólo garantizan el riesgo de intoxicación a los trabajadores y la comunidad.

2.- Se debe mejorar la infraestructura de los hospitales para el manejo riguroso de estos residuos e impedir que ni los trabajadores y ni la población sea afectada por ellos.

Los técnicos han planificado la construcción de hospitales a puertas cerradas y no han consultado a los trabajadores su visión del tema. Esto ha provocado que los nuevos centros tengan las mismas falencias que los antiguos. Estas fallas van a tener que ser reparadas y por lo tanto se harán gastos que se pudieron haber evitado si hubiesen consultado a los trabajadores.

Nosotros “pedimos que de parte del gobierno haya voluntad política por sobre los negocios. Pero si las autoridades no escuchan nuestras propuestas y nos dicen que lo más importante son los negocios no vamos a sacar absolutamente nada. Creemos que tiene que terminar la destrucción del medio ambiente a costa de lo que ellos llaman progreso”-Asevera Figueroa.