A principios de Noviembre, la familia Van Rysselberghe salió a la luz por una situación bastante complicada: Mauricio Pavez, esposo de la Alcaldesa de Concepción, habría adquirido un terreno en forma bastante irregular, pagando tan solo 21 millones de pesos por él.

La razón por la cual el fundo Curaco fue rematado, era una deuda del propietario del terreno, la empresa española Hera Bío Bío, de tan solo $500.000.

El caso se está investigando debido a que la Empresa Hera Bío Bío presentó un recurso a la corte de Apelaciones.

Pero la historia de esta familia va más allá de solo este hecho. Una pequeña hojeada a las denuncias hechas en los últimos años, dejan bastante para pensar. Juzgue usted.

Enrique van Rysselberghe, el padre de Jaqueline, fue alcalde designado en la dictadura militar, además de ser cuestionado en juicios por la CORFO, el Banco del Estado e Impuestos Internos, entre algunos.
“En la mayor parte de las querellas, los abogados contrarios le acusan de embrollarlo todo mediante el cambio sucesivo de los nombres de las sociedades mercantiles involucradas, una práctica casi al margen de la ley, muy útil que han hecho más o menos habitual empresarios sindicados de actuar siempre en el filo de la navaja por los afectados de sus maniobras. Esto, según varias causas judiciales, permitió por ejemplo, diluir la propiedad del casino de Iquique, en algún momento representado por el esposo de la ex diputada de Renovación Nacional, Lily Pérez, el empresario Jaime Bauzá, titular de decenas de sociedades de corta existencia” (Justo Calcante, Clainet.cl.)

Jaqueline es una ilustre miembro del Opus Dei, famosa entre las mujeres por haber prohibido la entrega de la píldora del día después. Y su hermano, Enrique, cliente frecuente de Dicom en el 97, por los negocios de su padre, es candidato a diputado por la UDI en el distrito de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz y se ha hecho famoso por su particular forma de hacer propaganda, a través de videos, además de tener plagado de afiches y banderas el distrito por el que se postula.

En su declaración patrimonial, Jaqueline menciona un terreno en Chiguayante y una camioneta Hyundai. Goza de algunos créditos con los que se mantiene endeudada.
Sin embargo, la población de Concepción está lejos de considerarla una persona de clase media.

Según CIPER-Chile “… asegura tener dos sitios más, cuyo valor suma $225 millones. Además, ahora tiene dos cuentas corrientes con fondos que adicionados superan por poco los $5.000.000.” (Juan Pablo Figueroa, Paula Guerra y Cristina Soto, CIPER | 23 de Enero de 2009)

Algunos datos más sobre la historia de esta familia los entregan los años de dictadura y las denuncias hechas en gobiernos de la Concertación.

En 1997, Nelson Ávila acusó al patriarca de la familia de una presunta estafa, simulación de contrato y alzamiento de bienes en perjuicio del fisco por lo cual Ávila fue casi desaforado. Eso tendría que ver con una deuda que mantenía con CORFO y que debía ser devuelto en 7 cuotas semestrales donde se establecía como garantía un fragmento del fundo Lonco.

La CORFO informó que su filial en Concepción otorgó en 1982 a la Empresa Constructora Rysselberghe y Cia. Ltda., un crédito por 19.818,16 UF, recibiendo como garantía una hipoteca sobre una propiedad de 9.063 metros cuadrados.

El crédito nunca se pagó. No se pagó cuota alguna y “Como no se pagó ninguna, la CORFO inició un primer juicio especial hipotecario, rol Nº 47.294, del Tercer Juzgado de Letras de Concepción. Durante el proceso, el predio se subdividió, sin que haya quedado registro de autorización judicial alguna para dicho negocio.

Debido al no pago, se remató uno de los lotes y éste fue adjudicado al abogado Juan Esteban Montero Matta, representante de Establecimientos Comerciales Lonco Oriente Ltda., sociedad que se encontraba en formación y donde la cónyuge de van Rysselberghe, en ese entonces era socia” (Justo Calcante, clarinet.cl).

En todos los juicios se utilizó la misma estrategia de cambiar los nombres de las sociedades o establecer un vínculo empresarial con otras personas del mismo círculo para volver a apropiarse de lo cuestionado.

Pero no cabe duda que el caso emblemático de la familia Van Rysselberghe, es el conflicto de Arenas Bío Bío, empresa de su propiedad, con la Municipalidad de Concepción, en esos momentos presidida por Ariel Ulloa.
En el año 2000, la Municipalidad de Concepción se querelló contra la empresa por “extracción de áridos y posterior comercialización sin patente”. Entre los años 1973 y 1996 la empresa Arenas Bío Bío habría extraído arena del río Biobio sin permiso municipal, sin pagar nada por ella y por último, la habría comercializado sin patente municipal.

Su deuda ascendería a “$514.719.516 más reajustes de IPC e intereses corrientes por extracción de áridos desde 1973 hasta 1996”.

El 18 de Octubre del año 2000, el SII se querelló en contra del patriarca Enrique Van Rysselberghe por un supuesto delito tributario en el que estaba involucrado también Mauricio Pavez, representante legal, su yerno, esposo de su hija Jaqueline Van Rysselberghe, involucrado hace poco en el caso de Hera Bío Bío. El SII denunciaba que se habían cometido los ilícitos indicados en el artículo 97, número 4, del Código Tributario y lo que se traducía en delitos tributarios por 2.300 millones de pesos.

En las declaraciones de renta anuales no se había incluido las millonarias utilidades que les aportaba el negocio inmobiliario a través de las empresas que realizaron las operaciones en el negocio de Lonco Parque.

“Según el SII, el legislador (1998-2002) no tenía cómo justificar la tenencia de los capitales que hacía aparecer en las sociedades, a lo que Van Rysselberghe alegó que pago el impuesto respectivo con un cheque a fecha. Específicamente se le acusó de no poder explicar de donde sacó 550 millones de pesos para comprar al contado siete lotes del ex fundo Lonco” (Justo Calcante, Clarinet.cl)

En el año 2004, los locatarios del Mercado de Concepción solicitaron una investigación al Concejo de Defensa del Estado en lo que consideraban una importante pérdida patrimonial por manejos de la Municipalidad., la pérdida patrimonial ascendería a 4 mil millones de pesos.

Como señala Justo Calcante de clarinet.cl:
“La incredulidad de la gente ante sus buenas intenciones, le llevó a convertirse en cliente del artero DICOM, y en 1997 aparecían en sus páginas, Javier, Enrique e Ivonne van Rysselberghe Varela, además de sus amigos Juan Esteban Montero Matta, Norma Caire Herrera (cónyuge de Van Rysselberghe), Sociedad de Inversiones Bío Bío Ltda., Sociedad de establecimientos Comerciales Lonco oriente Ltda., Inversiones Diguillín Ltda., Inversiones Bío Bío Ltda., Nelson Vera Moraga, Enrique van Rysselberghe y Cia.. Ltda., Constructora Manquehue Ltda., Inmobiliaria Los Troncos, Lonco Parque, Inversiones Santa Julieta Ltda., Inversiones La Esperanza, Arenas Bío Bío, Inversiones El Dorado y otras ligadas a la familia.”

Juzgue usted.


Acostumbrados a las malas prácticas.
Vale la pena recordar que bastantes militantes de la derecha durante la dictadura militar, además de participar en la dirección de las empresas del Estado desfalcadas por malas administraciones y con esa excusa, privatizadas, pidieron préstamos con los que se hicieron dueños de empresas estatales.

Un caso emblemático de esas prácticas, fue el préstamo otorgado a El Mercurio y Copesa. A fines de los 80, producto de la crisis del 82, estas empresas estaban en la quiebra. Se les otorgaron “Permutas de crédito que le ocasionaron pérdidas por 25 millones de dólares al Banco del Estado. Escandalosos convenios de reprogramación que rebajaron las deudas de las dos cadenas periodísticas monopólicas hasta un tercio de su valor. Millonarios canjes de deuda por avisos publicitarios” (Publicado en el “El periodista” el 14 de abril del 2003)

El crédito fue otorgado por la plana ejecutiva del Banco del Estado, donde estaba Álvaro Bardón que luego se desempeñó como miembro del Consejo editorial de El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards. Por su parte La Tercera se compró con un préstamo del Estado, en solo  7  Millones de dólares (al 10% de su valor). El caso se conoce como “El supremazo”