Recién en marzo de 2017 el gobierno de la Nueva Mayoría echó a andar el proceso de elaboración de nuevos estándares pedagógicos y disciplinarios para la formación inicial docente. Estos estándares son los ejes ideológicos por los cuales se marcan los contenidos a ser trabajados en cada área de formación de los y las estudiantes de la educación pública en Chile, asociándolo también a los perfiles formativos de las carreras de pedagogía de las universidades chilenas.
Cabe destacar que este proceso es llevado a cabo por el Ministerio de Educación y debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación, para estos efectos, el MINEDUC delegó en el CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones pedagógicas) la elaboración de estos estándares, los que fueron licitados a diversas universidades chilenas por cada área del curriculum educacional a desarrollar.
Los recursos destinados para el trabajo ascienden a un mínimo de 100 millones de pesos y hasta 220 millones, en un total de 7 ítemes, es decir, si una Universidad se adjudicó todos los ítemes de la postulación tuvo 1.135.000.000 para las tareas encomendadas. Los convenios incluyen la conformación de grupos de trabajo con académicos, docentes de aula, directivos y expertos de todo el país y el extranjero, todo considerando las referencias internacionales y las particularidades nacionales para generar los mejores estándares posibles.
Sin embargo, y una vez concluyeron los trabajos e informados y evaluados por el Consejo Nacional de Educación estos mismos, se ha producido un complejo escenario. En marzo de este año se dio el cambio de autoridades en el gobierno y el MINEDUC, a poco andar, decidió desechar el trabajo de las casas de estudios y devolver el trabajo al CPEIP para que este resuelva las observaciones emitidas por el CNED, esta vez con académicos citados en particular por ese organismo y, al parecer, se convocará a entidades privadas para que reelaboren estos estándares. Las universidades involucradas han manifestado la preocupación por su trabajo ante las autoridades, sin mayor resultado en la respuesta.
Surgen así un sinnúmero de preguntas a las autoridades educacionales: ¿Los recursos gastados en 2017 se perderán por completo? ¿Cuánto se desembolsará en el nuevo proceso? ¿El trabajo de las universidades chilenas es del todo deficiente o es la línea del gobierno en Educación totalmente contraria a las recomendaciones de la academia nacional?
Al parecer las críticas al despilfarro que la actual administración ha hecho y esta supuesta "política de austeridad" rebajando presupuestos a diestra y siniestra, no es más que discurso y si no prueban lo contrario, actos administrativos como estos quedan completamente en entredicho.
